Los mapuche y el estado de derecho en Chile. Arauco Chihuailaf

¿Quiénes cometen violencia? Se acaba de cometer un nuevo crimen: Jaime Mendoza Collio de 24 años murió baleado por la policía el 12 de agosto de este año. Ello ocurrió mientras Carabineros desalojaba un fundo ocupado por miembros de una comunidad en la provincia de Malleco. Frente al homicidio cometido, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende declaró que “el gobierno ha mantenido una política invariable de condena de hechos de violencia. Esa no es la forma en que se solucionan las demandas de las comunidades mapuches, esto sólo causa dolor y sufrimiento”.

Y según el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma: “son accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar”. Lo inquietante es que este tipo de “accidentes” ocurren siempre en el campo mapuche. Se olvida a menudo que la violencia y la ausencia de estado de derecho son elementos intrínsecos a la constitución de la propiedad privada de la tierra en la región de la Araucanía. Remitámonos a la historia reciente. Durante el período dictatorial las empresas forestales transnacionales empezaron su avance en territorio mapuche comprando tierras a bajo precio. Además contaron con subsidios para el desarrollo de sus plantaciones así como de exenciones tributarias gracias al Decreto-ley 701 de 1974. Los mapuche se ven enfrentados, por consiguiente, a la necesidad de movilizarse para preservar tierras ancestrales.

En esta movilización quedaron desamparados de todo apoyo político-institucional. Así lo reconoció el documento de “La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas” (1989): “La política económica basada en el libre mercado ha conllevado pérdida de recursos, tales como derechos de agua … imposibilidad de utilizar tierras ancestrales. Los mapuches y mapuches huilliches han enfrentado y enfrentan numerosos litigios, amenazas de lanzamientos y expulsiones de sus tierras, sin encontrar apoyo ni en el gobierno ni en la justicia”.

Infelizmente, los fundamentos de esa realidad siguen inalterados. Ayer, como en los primeros decenios del siglo XX por ejemplo, las expulsiones de mapuche de sus propiedades, las usurpaciones de tierras, los asesinatos, fueron una práctica frecuente. Esos crímenes quedaron en la impunidad. Y hoy a los descendientes de esos mapuches, también se les asesina o se les condena por la defensa de sus tierras, por atentados contra la propiedad privada, por terrorismo.

Y grado sumo de las acusaciones ante los tribunales, en los inicios de este siglo XXI: usurpación de tierras ! ¿Asombrarse ante tamaña desproporción? Al crimen del 12 de agosto se agrega una nueva encarcelación: el dirigente Hector Llaitul Carillanca fue detenido en Osorno el 15 de julio de este año (2009) y conducido a la cárcel El Manzano de Concepción. Fue “formalizado por los delitos de homicidio frustrado, atentado contra la autoridad, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación” (El Mostrador, 16.7.09). El acusador: el Fiscal Mario Elgueta. Llaitul estuvo detenido en el 2007 y en el 2008 fue absuelto de los cargos que se le imputaban: “asociación ilícita terrorista para perpetrar ataques armados …para la comisión de crímenes o simples delitos contra la propiedad privada” (El Mercurio, 16.10.08). Esta acusación se suma a las centenas que ya se han formulado en contra de dirigentes y de quienes han participado en las movilizaciones, desde 1997 particularmente, para defender sus tierras.


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