Declaración Consejero electo ante irregularidades en la elección CONADI

Declaración Pública

Kamisaraki, marri marri, Iorana, Allillanchu, sensack licao sensack pichao: 

Junto con saludarlos estimados hermanos, les escribo para comunicarles que en estos momentos seguimos batallando por el reconocimiento de mi calidad de primera mayoría en la elección como Consejero Urbano ante CONADI. 

 No había querido comunicarme antes, pues muchas personas siguen acudiendo a nuestro equipo por ayuda. La defensa de los pueblos, por lo pronto no tiene fecha de término.  Ante la gravedad de las vulneraciones de derechos de estos hermanos, hallé en un principio exagerado pronunciarme respecto a esta elección, dirigida por autoridades tan cuestionadas, como es CONADI. Pero ya ha llegado la hora de hablar.

 La verdad, para muchos hermanos fue un gran motivo de alegría el haber triunfado en la elección, pues creo que probadamente, mi postulación abría nuevas esperanzas para que quienes dirigen CONADI fueran realmente fiscalizados, y que ella derivara en un organismo que colaborara de manera efectiva en la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. 

 Así lo demostramos durante el año 2011, y aún antes de eso, a través de distintas gestiones que dieron lugar a un liderazgo que fue reconocido mediante una elección, con todas las dificultades que tuvo el proceso, en vista de la escasez de presupuesto, de funcionarios de CONADI, con urnas de cajas de cartón, sin candado, sin cadenas de custodia, y finalmente, sin órganos electorales independientes e imparciales que juzgaran las reclamaciones que cada candidato pudiera realizar ante las irregularidades que se presentaran. 

 Lamentablemente, este último punto mostró toda su negativa potencialidad, y la reclamación del hermano que obtuvo la segunda mayoría inicial, fue tramitada de manera "express" por CONADI, y la primera mayoría expresada hacia mi candidatura se revirtió. Extrañamente, las tres reclamaciones presentadas por mi equipo fueron respondidas negativamente, y de manera bastante más tardía. 

 Elevados nuevos reclamos al Ministro Lavín, irregularmente respondidos por Matías Abogabir, quien fiel a su estilo, lo hizo de manera absolutamente elusiva, no tuve más chance que presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en virtud de la discriminación arbitraria que se hizo de mi candidatura. Lo hice a través de mis apoderados electorales en Temuco, pues yo no pude viajar, desgastado de recursos como estaba luego de la campaña. El recurso fue revisado por la Corte de Apelaciones, quien de manera arbitraria señaló que como habíamos recibido respuesta de las reclamaciones por parte de CONADI, no había arbitrariedad o ilegalidad alguna, no importando el contenido de la respuesta ni el retardo. 

 Apelé a la Corte Suprema, y en estos momentos la causa se tramita ahí. Me hice parte del proceso, junto al ex candidato Mauricio Llaitul, y en estos momentos el nombramiento de los consejeros se encuentra pendiente. 

 Quiero señalar que este caso se manifiesta como el paradigma del duopolio político Alianza - Concertación. El cogobierno que han mantenido durante los últimos 20 años, y las confianzas que se han alimentado entre ellos durante tanto tiempo, los hacen cómplices de muchos crímenes políticos. Pues este es uno más. 

 La CONADI, antes fundo del PPD y del PS, es hoy territorio de la UDI. El hermano declarado primera mayoría por CONADI, es del Partido Socialista. Siendo yo parte de un partido pequeño, y siendo asesor del Senador Alejandro Navarro, recio opositor a las políticas de asimilación del Gobierno de Sebastián Piñera y primer díscolo ex Concertación, no podría esperarse otra cosa que me negaran las justas reclamaciones que presentó mi equipo ante las irregularidades de la elección. 

 Tampoco podría esperarse otra cosa respecto de mi persona, siendo yo el redactor del requerimiento al Tribunal Constitucional contra el Tratado UPOV -91, lo que tuvo como efecto imposibilitar la apropiación sobre semillas indígenas en favor de la transnacional MONSANTO, VON BAER, PIONEER, SYNGENTA y otras empresas de aquí al futuro (las salvamos nosotros hermanos, los indígenas). Tampoco se las iban a hacer fácil al redactor del proyecto de acuerdo que votó el senado contra las consultas chantas del gobierno y que pedía la derogación del decreto 124, entre tantas otras acciones y gestiones. 

 En suma hermanos, hemos sido víctimas de camarillas políticas de la Alianza y de la Concertación, así como de la odiosidad de funcionarios, como el fiscal de CONADI, Fernando Saenz Taladriz, que no soportan nuestra acción defensora de los pueblos. 

 En estos momentos, por respeto a mi mismo, y en respeto a las personas que me apoyaron, cumplo con ejercer mis derechos legales, y les quiero señalar, estimados hermanos, que seguiremos, sea cual sea el resultado de este juicio, en la defensa de los derechos, de la tierra, del agua, del medio ambiente, de los espíritus de nuestros ancestros, para corregir la actual legislación, para la felicidad y la vida de nuestra gente. 

 Si nos quitan ilegítimamente este espacio, quedará en sus conciencias, en la baja gestión esperable, en el ocultamiento de antiguas ilegalidades, en la tradicional insatisfacción de los derechos de una gran cantidad de pueblos y comunidades, en la preocupación exclusiva por sus clientelas políticas, en el abandono de gran cantidad de hermanos, y en la mantención de un sistema que ha agredido y vulnerado nuestros derechos. 

NO NOS RENDIREMOS, SEGUIREMOS INCANSABLEMENTE, PERSEVERAREMOS EN NUESTRA LUCHA.

JALLALLA JALLALLA, MARRICHIWEW, AMUA, ALABALTI ALABALTI.

ARIEL LEÓN BACIAN

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN JACH'A MARKA ARU

EN LO PRINCIPAL:    APELA.

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO

                     

Patricia Escobar Apablaza, rut 9.550.297-0 Y Marco Antonio Oñate Bastías, rut 10.162.048-7; chilenos, por la parte recurrente de protección en la causa rol 138 de 2012, caratulada ESCOBAR APABLAZA PATRICIA Y OTROS CONTRA DIRECTOR NACIONAL, CORPORACION NACIONAL DESARROLLO INDIGENA (CONADI), a US. Iltma. respetuosamente decimos:

Que venimos en interponer recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia emitida por esta Ilma. Corte, por agraviar a esta parte de manera sustancial, por los argumentos que siguen:

Que la sentencia de la Ilma. Corte de Temuco, dispone:

“CONSIDERANDO:

            PRIMERO: Que los recurrentes refieren como arbitraria e ilegal la conducta de Conadi, consistente en no dar respuesta a las reclamaciones efectuadas por los señores León y Llaitul, en el proceso de elección de consejeros indígenas ante Conadi, respecto de las mesas señaladas en su recurso, siendo discriminados arbitrariamente por la recurrida ya que ésta última habría dado, en forma positiva y rápida, respuesta a la reclamación del candidato Marcial Colil respecto de la mesa objetada nº 500 de Villarica, vulnerándose  con este actuar la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que acata una solicitud y discrimina sin razón alguna otra, da rápida respuesta a una parte y guarda silencio sobre las otras favoreciendo a un candidato en desmedro de otro.

            SEGUNDO:  Que en relación a los hechos denunciados en el considerando anterior, consta  del mérito de los antecedentes, en especial de la documentación acompañada por la recurrida, que lo afirmado por los reclamantes en su recurso no es efectivo, ya que de los documentos referidos se desprende que las reclamaciones aludidas en el recurso y que fueran efectuadas al proceso de propuesta de nombramiento de consejeros indígenas fueron contestadas, tanto la de los recurrentes como la del candidato Colíl en la misma oportunidad, con fecha 9 de febrero, dentro del plazo establecido en la resolución exenta n° 1511 del Director Nacional de Conadi, que aprueba el instructivo para el proceso de proposición de nombres y propuesta para la designación de los representantes indígenas ante el consejo Nacional de la Conadi.

            TERCERO: Que de lo anteriormente razonado no se advierte  en el actuar de la recurrida arbitrariedad o ilegalidad, toda vez que éste se encuadró dentro de la normativa y procedimientos establecidos para  la elecciones de consejeros indígenas ante la Conadi, motivo por el cual forzoso será rechazar el recurso como se dirá.

             Y visto además lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, el deducido en lo principal de fojas 5 por Patricia Escobar Apablaza y Marco Antonio Oñate Bastías, en representación de Ariel León Bacían y Mauricio Llaitul Acum, en contra del Director Nacional de Conadi, don Jorge Retamal y en contra del Fiscal Nacional de Conadi, don Fernando Sáenz Taladriz.

            Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

            Redacción del Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos.

N°Proteccion-138-2012. (crl)”

Que la sentencia no se hace cargo de que el recurso en su mismo acápite, dice ser represivo y preventivo, es decir, pretende reprochar la vulneración del derecho constitucional a la igualdad por la omisión de contestar las reclamaciones electorales interpuestas por los candidatos, como pretende además prevenir una posible respuesta negativa a dichas reclamaciones. Textualmente el recurso reza: “Que venimos en interponer recurso de protección represivo y preventivo en contra del Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Jorge Retamal, y contra el Fiscal Nacional de la misma institución, y Presidente de la Comisión del Proceso de Propuesta de Nombramiento de Consejeros Indígenas, Fernando Sáenz Taladriz, (…)”

Al señalar en la sentencia de primera instancia que los recurrentes presentamos el recurso de protección sólo por la no contestación de las reclamaciones de los candidatos, la Ilma. Corte se equivoca, e incurre en un error que debe enmendarse, pues el mismo recurso establece de manera clara que el objeto del recurso también tiene por objeto la posible respuesta negativa de los recurridos a las reclamaciones de los candidatos en cuyo favor se ha presentado este recurso, y en eso coincide con su  naturaleza preventiva, que la misma Constitución establece cuando señala que el recurso de protección procede ante “amenazas” de vulneración de garantías constitucionales, lo que en este caso ocurrió, toda vez que las reclamaciones fueron denegadas.

En el párrafo final de “Los Hechos”, el recurso señala: “Estamos ante una discriminación arbitraria, pues CONADI favorece en el acto a un candidato, en desmedro de otro. Acata una solicitud, y discrimina sin razón alguna a otra. Da rápida respuesta a una parte y guarda silencio sobre las otras.

De hecho, pedimos a Ud. que el fiscal, no sólo responda, sino que acceda positivamente a nuestra solicitud, toda vez que de ser negativa, estaría, sin razón alguna accediendo a la solicitud del candidato Marcial Colín, y negando la de los afectados. No hay razón para negar la reclamación de Ariel León y Mauricio Llaitul, como se desprende del tenor de las mismas.”

A mayor abundamiento, el que el recurso se haya presentado no sólo por la no contestación de las reclamaciones electorales, sino también por la posible respuesta negativa respecto de ellas, queda claro en el párrafo final de “El Derecho”, del recurso de protección, que reza: “La discriminación es arbitraria, pues no hay razón para no haber respondido las otras reclamaciones.

En caso que se responda negativamente, estaríamos igual ante una discriminación arbitraria, pues no habría razón para ACEPTAR UNA RECLAMACIÓN Y NO OTRAS.”

Asimismo, en la sección “Omisión arbitraria”, el recurso de protección señala que “La omisión de responder nuestra reclamación es arbitraria, pues no hay razón atendible para haberla demorado. Menos para dar una eventual respuesta negativa, ante la razonabilidad de los reclamos de los candidatos León y Llaitul.” Nuevamente se refleja la dualidad de este recurso de protección, negada en la sentencia de primera instancia.

En el petitorio del recurso, lo que prueba la congruencia del recurso de protección y del argumento que funda la presente apelación, vuelve a insistir en que la respuesta negativa de CONADI también es objeto del recurso de protección: “1.-     Que conteste positivamente las solicitudes de Ariel León y de Mauricio Llaitul, en orden a que se vuelvan a constituir las mesas que ellos señalan y reclaman, se permita votar a las personas a quienes estas estaban destinadas y no pudieron hacerlo.

2.-     Que se proceda a recontar los votos y a dar los resultados finales de la elección de Consejero urbano, sólo una vez que se reconstituyan las mesas señaladas”.

Cualquier otra medida que SSI. estime pertinente.”

Por tanto, la sentencia de la Ilma. Corte no ha fallado el recurso de manera integral, pues asume en el fallo transcrito que los hechos que motivan el recurso son  “no dar respuesta a las reclamaciones efectuadas por los señores León y Llaitul, en el proceso de elección de consejeros indígenas ante Conadi, respecto de las mesas señaladas en su recurso”, mientras que el recurso se refiere a esta omisión como contra la eventual respuesta negativa de CONADI. Sobre esta parte del recurso, la sentencia que estamos apelando guarda silencio, y por ende, debe ser enmendada. Es decir, la sentencia debe ser enmendada pues la Ilma. Corte asumió erróneamente que el hecho que motiva el fallo es uno, cuando son dos.

La razón de que señaláramos la arbitrariedad e ilegalidad de una posible respuesta negativa de CONADI a las reclamaciones electorales referidas, y que acompañáramos al recurso, y cuya respuesta acompaña CONADI en su informe, consiste en que las solicitudes contenidas en ellas no son extrañas, irracionales, ni ilegales, sino que se ajustan al estándar de las reclamaciones eleccionarias. Podríamos decir que ellas son de aquellas reclamaciones que constituyen la esencia de toda elección, pues tocan los principios generales de una elección: Debida notificación de los lugares de la elección, constitución de las mesas notificadas, que se permita votar a quienes están en el padrón.

La solicitud del candidato Ariel León Bacián (aymara) se basa en que los votantes de Molina, quienes al ir al lugar de votación lo encontraron cerrado, pues a los funcionarios del establecimiento educacional destinado y comunicado a ellos como lugar de votación, no les fue avisado que ese día había una elección… Ante esto, el funcionario de gobierno dispuesto como ministro de fe de la votación, que no era de CONADI, buscó un lugar de votación alternativo, el cual fue obtenido cuando los votantes ya se habían retirado a sus casas, pensando que la elección había fracasado. 

Pedir que esta mesa se constituya nuevamente, en virtud del fracaso de su instalación oportunamente, y en vista de que la constitución del nuevo lugar de votación fue realizado sin notificar a las personas que ya se habían retirado (no teniendo ellas la obligación de quedarse en el lugar, lejano a sus domicilios, algunos fuera de la ciudad de Molina), no es algo irracional, arbitrario, imposible, ni lesiona los principios de una elección justa. Por el contrario, la negativa de esta solicitud es injusta, y en este caso es discriminatoria.

Asimismo, la solicitud del candidato Mauricio Llaitul (mapuche), sobre las mesas de Miquihue (en relación a personas mapuche que estaban inscritas para votar pero que no las dejaron hacerlo pues sospechosamente no estaban en el padrón) y Calbuco (una mesa que era compromiso de CONADI constituirla, pero que por la tozudez de un funcionario no se constituyó), para que la primera mesa se reabra para dejar votar a los injusta e irregularmente excluidos puedan votar, y para que la segunda mesa se constituya por primera vez para que quienes no votaron puedan hacerlo, tampoco son solicitudes injustas, irracionales, arbitrarias, pues por el contrario, también se sujetan al estándar de cualquier elección justa, y por el contrario, negarlas, constituye un acto irracional, carente de fundamento, y que vulnera el derecho a la no discriminación.

Cabe señalar que CONADI respondió negativamente, por razones absolutamente no atendibles. Señala que las elecciones son actos continuos, que no pueden realizarse elecciones en días distintos. Las resoluciones de CONADI que rigen la elección, se habla de reclamaciones, y no se establece límite alguno a las causales para reclamar las irregularidades en la elección. Imaginamos que el límite es su razonabilidad y la veracidad de los hechos que las fundan.

Pues bien, en elecciones para otras autoridades, el estándar es reabrir mesas, reconstituirlas si no se constituyeron el día de la elección, realizar nuevamente las elecciones de toda una mesa, o permitir que los ilegalmente excluidos voten en día distinto. ¿Por qué aquí, en las elecciones de los representantes indígenas no se puede? ¿Acaso en las elecciones de los representantes mestizos o criollos-chilenos pueden reconstituirse mesas eleccionarias, o constituirse mesas no instaladas el día de la elección, o permitir votar a los ilegalmente excluidos; y en las elecciones indígenas no se puede?. ¿Por qué razón lo que se puede hacer en A no se puede en B?, ¿o es que respecto de los candidatos Llaitul y León no puede hacerse?. El argumento de que la elección es un acto continuo, que debe producirse en un solo día, para negar las reclamaciones, se cae por su propio peso.

Asimismo, negar la elección por razones presupuestarias del servicio, es decir, que CONADI no tiene dinero para responder a las solicitudes negativamente, señalando que los candidatos deben aceptar las desmedradas condiciones de la misma por la carencia de recursos, tampoco es un argumento atendible.

Cabe señalar que los derechos civiles y políticos, derechos humanos de primera generación son derechos negativos, pues el Estado debe abstenerse de restringirlos o vulnerarlos. El derecho a ejercer derechos políticos, como votar y ser elegido, así como el derecho a la no discriminación, son derechos que no dependen jurídicamente de razones presupuestarias. No son derechos económicos, sociales y culturales, que la doctrina hace depender del presupuesto. No. Aquí estamos ante derechos civiles y políticos, que no dependen del presupuesto.

Como señala la misma Ley 19.253, Ley Indígena, en su artículo 42 letra B), el Consejo de la Conadi, presidido por el Director de la CONADI, es quien “propone” el presupuesto del Servicio, y por cierto, es el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Hacienda, y el Presidente quienes presentan el Presupuesto al Congreso Nacional, cuyos parlamentarios no pueden modificar, sino sólo aprobar o rechazar. ¿Y en estas condiciones de nuestra institucionalidad indígena se nos quiere hacer responsables a los indígenas de la ausencia de recursos para tener elecciones decentes, regulares, justas, probas, con las suficientes garantías de que no habrá fraudes o irregularidades? La respuesta de CONADI es discriminatoria, insistimos, pues accede a la reclamación de un candidato, y rechaza sin argumentos atendibles jurídicamente a las de los candidatos en cuyo favor se ha recurrido.

La sentencia de la Ilma. Corte no se pronuncia sobre esto, sobre la negativa respuesta de CONADI, y apelamos para que la Ecxma. Corte Suprema lo haga.

Dejamos constancia que este recurso se presenta dentro de plazo de 5 días hábiles, en tanto la sentencia fue dictada con fecha 15 de marzo de 2012.

  POR TANTO:

Ruego A US. ILTMA., tener por interpuesto el presente recurso, concederlo para ante la Excma. Corte Suprema, remitirlo a ella, para que conociéndolo, proceda a revocar la sentencia de primera instancia, accediendo positivamente al recurso interpuesto en todas sus partes y disponiendo las medidas contenidas en el petitorio del recurso de protección inicial de este proceso, o toda otra que restablezca el imperio del derecho.

Patricia Escobar Apablaza                Marco Antonio Oñate Bastías

Ante la huelga de hambre de presos políticos mapuche

La Consejería Indígena Urbana ante la huelga de hambre de presos políticos mapuche y la situación general de nuestro pueblo.

Los indígenas urbanos, una vez más expresamos nuestra unidad indisoluble con nuestros hermanos y hermanas de las comunidades que luchan por el derecho a la tierra, el territorio, la supervivencia de nuestra cultura, cosmovisión, idioma y espiritualidad, y por el derecho a ser reconocidos como pueblos en una nueva constitución democráticamente consensuada por todos los pueblos que habitan bajo el dominio del Estado chileno.

En especial nuestra acción unitaria se dirige a apoyar las reivindicaciones de los prisioneros y prisioneras mapuche en general, y particularmente con los 34 hermanos en huelga de hambre. Nos hacemos uno con todas sus demandas. Exigimos a los poderes del estado el fin de los montajes judiciales contra nuestros hermanos y hermanas, y la derogación de la leyes antiterroristas que provienen de la dictadura y por tanto no tienen valor legal alguno para los pueblos soberanos, y que han sido perfeccionadas por los gobiernos que se han dicho democráticos y aplicadas por éstos contra luchadores de nuestro pueblo.

También nos unimos a la distancia, a las dignas y justas exigencias de nuestr*s herman*s de Rapa Nui, a las luchas de los pueblos lickan antai, diaguita, colla, aymara y quechua, ante la rapacidad de las grandes empresas mineras que se han apropiado de las aguas que hacen posible la vida de las comunidades del norte de Chile.

Declaramos una vez más, que nuestras demandas específicas como indígenas urbanos, no se contradicen en absoluto con las de las comunidades indígenas organizadas. En especial, l*s mapuche urban*s en todo petitorio ante las autoridades, hemos declarado que no exigimos nada a costa de nuestr*s herman*s de comunidades, y demandamos nuestras exigencias sean respondidas debidamente, con recursos propios del Estado y no al precio de restarlos a las comunidades.

Denunciamos los manejos turbios de los gobiernos, que se han burlado de la paciencia, resistencia y resiliencia de nuestros pueblos, retrasando y anulando las políticas públicas reparatorias y favorables a nosotros, alguna vez prometidas y consensuadas con nuestras propias organizaciones. Pese a sus ofrecimientos, no se ha practicado efectivamente la interculturalidad y se burlan los acuerdos internacionales, así como los compromisos que los diversos gobiernos han contraído con nuestros pueblos a través de sus organizaciones y comunidades ancestrales.

Denunciamos en especial los manejos del comisionado José Antonio Viera-Gallo, que bajo cuerda estableció mecanismos para anular en la práctica la aplicación y los efectos del Convenio 169 de la OIT. Nos manifestaremos siempre por exigir a los gobiernos que acaten y cumplan este convenio, firmado de acuerdo a principios universales de respeto humano y que están por encima de los intereses mezquinos de las empresas nacionales y transnacionales.

Esperamos que el actual gobierno no siga los mismos pasos de los anteriores, negándose a poner en ejecución las políticas reparatorias, o impulsando un falso reconocimiento a los pueblos indígenas. Esperamos demuestre su voluntad por una solución efectiva y verdadera en favor de los derechos y exigencias de nuestros pueblos.

Rechazamos el manejo comunicacional montado bajo un supuesto bicentenario de la independencia nacional. Es una nueva ofensa contra nuestros pueblos, hablar de independencia (celebrando una fecha en que no la hubo), cuando hoy, acaso más que hace 200 años, la economía del país depende del capital financiero extranjero: cuando el cobre ha dejado de ser chileno; cuando los recursos energéticos del país (electricidad, aguas, caminos, comunicaciones telefónicas) están bajo el predominio de empresas transnacionales españolas. Estos capitales tienen en este 2010, mucho mayor poder que el que tenían los españoles que dominaban la colonia en los años de 1810. Prueba de ello ha sido que con malas artes, incluidas dudosas indemnizaciones, se han levantado represas en el Biobío, no importando destruir el ambiente, las formas de vida de nuestr*s herman*s pewenche y deteriorar la vida de las comunas ribereñas, como Hualqui, frecuentemente inundada por la irresponsabilidad de los empresarios y sus tecnócratas.

Rechazamos el montaje de “unidad nacional”, pues ello encubre que hay clases oprimidas y opresoras, con intereses que nunca se van a unificar; que hay culturas y pueblos oprimidos y hay una cultura y un megapoder opresor.

Declaramos que no representan a nuestros pueblos los que rendirán homenaje al ejército invasor.

Agradecemos a los hermanos que llevan adelante esta nueva movilización, en especial quienes están en huelga de hambre, por estar instalando de nuevo ante el Estado y la opinión publica, la situación que vive nuestro pueblo mapuche, rompiendo el cerco comunicacional y generando preocupación del gobierno, los poderes fácticos y de la sociedad civil. Agradecemos a los sectores conscientes y solidarios de la sociedad chilena, a las organizaciones populares, a los movimientos que, desde el pueblo chileno, desde los demás pueblos originarios, están manifestando su simpatía por la causa mapuche y llamamos a la sociedad en su conjunto a apoyar nuestras demandas y a practicar una Nueva Relación de pueblo a pueblo.

Hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones que se han movilizado y han solidarizado con nuestros hermanos en huelga de hambre, a que, más allá del resultado de la huelga misma, su acción no decaiga y se mantengan en movilización permanente por los derechos fundamentales de nuestros pueblos: por las autonomías, el Buen Vivir, el reconocimiento constitucional, la restitución de tierras y territorios usurpados, la interculturalidad. Llamamos a fortalecer a las organizaciones indígenas del campo y la ciudad, hasta constituir un fuerte movimiento de los pueblos originarios.

Firma:
José Ignacio Llancapan Calfucura, Consejero Indígena Urbano.

A propósito de Frei y el respeto al pueblo mapuche

"El juraméntico jamás cumplídico
Es el causántico del desconténtico" (Violeta Parra, Mazúrquica Modérnica.

En 2005 hubo una publicación de Carlos Ruiz, a propósito de declaraciones desubicadas de la sra. Marta Larraechea en defensa del gobierno de su marido. Por la relación que ello tiene con la problemática que aflige al pueblo mapuche, y en especial a los Pewwenche, publicamos una nota en Mapuexpress.

Ex primera dama y Presidente enturbian las aguas del Biobío (Por Carlos Ruiz R., Consejería Indígena Urbana). PUBLICADO EN: http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=172
Mapuexpress, 8 de agosto de 2005.



La mentira en política tiene una larga data de existencia. Pero la memoria es el antídoto contra la mentira.

Recientemente pudimos aclarar ciertos dichos de Juan Agustín Figueroa, quien ante el Tribunal ocultó la verdad de las relaciones entre su padre y las comunidades mapuche en los años 60 y 70. Ahora vemos cómo el 30 de julio nos informaba La Tercera, de cómo Lagos agradeció a Frei por haber impuesto la construcción de la represa Ralco, para conjurar las acusaciones de la desubicada Martita Larraechea, quien dijo que durante el gobierno de su esposo no se trabajó con familiares, a diferencia del gobierno de Lagos.

Todos sabemos que este es un país muy nepótico, donde la parentela vale más que el mérito personal. Por eso, sin ir muy lejos, las sagas de políticos padre-hijo-nieto, que sin contar los clanes en el parlamento, la justicia y el alto clero, ya nos ha dado dos presidentes Errázuriz, tres Montt, dos Alessandri y dos Frei, el último de los cuales, sin más mérito de llevar nombre y apellido paterno.

Pues bien, aparte de que en el gobierno de Frei II se favoreció (como es “normal” en los gobiernos) a muchos amigos, parientes de amigos y parientes de parientes, el mismo Presidente se vio involucrado en el hecho de autobeneficiarse con la construcción de Ralco. Este asunto ya lo había denunciado el periodista Cristián Opaso (Ver mapuche.nl). En la investigación, salieron al baile la mujer del entonces presidente y el hermano de éste, Francisco Frei. Otros enlaces se pueden hacer poniendo en el buscador: [“Francisco Frei” corrupción].

Esperamos sean ciertos los prometidos beneficios materiales de la construcción de la represa, lo que se verá cuando se pruebe plenamente su eficiencia técnica. Entonces veremos si fue una acertada elección como estrategia de producción de energía. Pero en lo que el Presidente Lagos ha mentido al país, fue al decir el 2002 que sin la represa, el costo de la electricidad subiría. De todas formas subió, y la economía de la "familia chilena" no se benefició. Preguntémonos entonces, cuáles son las familias beneficiadas con el asunto Ralco. Y de paso, preguntemos a los habitantes de Hualqui y otros lugares de la cuenca, que quedan ahora sistemáticamente inundados con las aguas del Biobío, cuál ha sido su balance en lo material.

Para refrescar la memoria de este país, es conveniente hacer de nuevo enlace con la investigación periodística de Opaso. Las inoportunas declaraciones de la sra. Larraechea no ayudan para nada a los fines de su coalición gobernante, dejando ver los conflictos intestinos que origina el poder. Acaso por esos desaciertos, la sra. Larraechea no le ha ganado en política a nadie, incluyendo al sr. Lavín.

Ralko y los negocios de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
http://www.mapuche.nl/publ/ralco_eduardofrei.htm

Investigación periodística demuestra cómo el ex Presidente de la República utilizó sin asco y hasta la hora postrera sus atribuciones para favorecer a Endesa

por Cristian Opaso* :: Resistencia Mapuche - Julio de 2002
LEER MÁS:

OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON EL CASO RALKO:

Informaciones relativas a declaraciones de Consejero Indígena Urbano José Llancapan y Ricardo Lagos, acerca de Ralco, el 11 de octubre de 2002.

Fuente: Centro de Documentación Ñuke Mapu.

http://www.mapuche.info/news/anews02jul_dec.html


Consejero Conadi protestó contra política indígena: Un inesperado revés para el Presidente Lagos tuvo la ceremonia de cambio de nombre del Patio de los Gomeros a Patio del Canelo en el palacio de La Moneda. Dicho árbol, presente en todas las ceremonias mapuches, fue plantado por representantes de dicho grupo étnico. Al tomar la palabra el consejero de la Conadi José Llancapán, manifestó concurrir al lugar con "sentimientos encontrados", pues a su entender, "no olvidamos mientras plantamos este árbol que en otro lugar suceden hechos que hieren el alma... Ralco se está construyendo en contra de la voluntad de los mapuches". Austral, 12 de octubre de 2002.

Lagos: 'Decir no a Ralco, es decir sí al alza de la electricidad': Lagos abordó el tema de la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, en el marco de la conmemoración del noveno aniversario de la promulgación de la Ley Indígena. "Sé el problema de Ralco, pero también sé que este país, porque va creciendo, necesita más electricidad. A lo mejor podemos decir no a Ralco, pero vamos a decir sí al aumento de precios de la electricidad", dijo. El Mostrador, 12 de octubre de 2002.

Ralco evitará un alza eléctrica aseguró Lagos: El Presidente de la República, Ricardo Lagos, dijo ayer que decir "no" a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, significará decir "sí" al alza de la electricidad. Diario El Sur, 12 de octubre de 2002.


"Mapuches invitados por Don Ricky mostraron la ojota en La Moneda" "En vísperas del Día de la Raza, le aportillaron plantación de un canelo, estrilando contra Ralco". La Cuarta, 12 de octubre de 2002.

http://www.lacuarta.cl/diario/2002/10/12/12.06.4a.CRO.LAGOS.html

“PEREZ YOMA Y ROSENDE ACTÚAN COMO SI LA PRESIDENTA NO EXISTIERA”

Senador y ex candidato presidencial Alejandro Navarro acusa:


“Ministro y Subsecretario del Interior actúan en contra del compromiso de Bachelet de no aplicar la Ley Antiterrorista contra mapuche”.

Calificando de “la violación impune y directa de una orden presidencial”, el senador y ex candidato presidencial Alejandro Navarro protestó por la aplicación de la Ley Antiterrorista por el Ministro y Subsecretario del Interior en el caso de los atentados carreteros de la Ruta 5 Sur del pasado domingo.

El legislador señaló: “Yo quiero decirle a Pérez Yoma que él tiene una jefa, su jefa es la Presidenta, y no puede andar violando los compromisos presidenciales por que se le pare en gana. Ella se comprometió el año 2006 a no aplicar la ley antiterrorista contra los indígenas, por que violaba el derecho internacional y por que la ley penal común ya tenía suficiente fuerza. La Presidenta incluso presentó el año 2006 un proyecto de ley para que no se pudiera aplicar la Ley Antiterrorista por delitos contra la propiedad. Aquí hay un alarde de fuerza innecesaria, un negocio con la derecha y un ego tremendo Qué se creen Pérez Yoma y Rosende, ¿ministros de la dictadura?”

“A mi me huele todo esto a montaje para tomar presos y bajar las movilizaciones. Temucuicui ya conoce de juicios montados sin resultados, pues Jaime Huenchullán, hermano de uno de los imputados, estuvo preso dos años, quedando libre de toda responsabilidad en los delitos que se le imputaban, sin ninguna indemnización n explicación o disculpa por el tiempo perdido, y todo por acusaciones irresponsables de René Urban, que no mostró más pruebas en el juicio que su sola palabra”, acusó Navarro.

Navarro señaló que “la esposa de Jaime Huenchullán se encuentra sitiada en Ercilla junto a su hija, y hay 5 mapuche presos sólo por el hecho de acercarse a la tenencia a preguntar por los presos. Sus nombres son Orlando Cayul, Pedro Millanao Palacios, Erna Quidel, Mariela Queipul Huaiquil y Karina Pitriqueo. Los allanamientos son violentos, los Carabineros vienen mandatados para golpear y humillar a los comuneros”.

“Lo que más me da pena es que la conciencia de Pérez Yoma no aprende. Su padre fue ajusticiado por su responsabilidad en una masacre de Pampa Irigoin, población de Puerto Montt, donde resultaron muertos 10 personas a manos de 200 Carabineros el 09 de marzo de 1969. Pero la lección que pudo significar este hecho no es nada para él. Menos para Rosende. Ayer este funcionario se reunió con Carabineros y policías de Malleco. Hoy se produjeron las detenciones. Mañana las formalizaciones. Nadie sabe qué les deparará el futuro después de tanto dolor”, afirmó Navarro.

Comunicado - Pruebas Rosende miente - debe ser destituido‏

Navarro muestra pruebas oficiales de niños mapuche baleados

Criticó al Subsecretario del Interior quien ha negado la existencia de estos casos
• “Ante la ineficacia de los servicios de salud”, el senador pedirá la intervención de la Cruz Roja Internacional

Pidiendo “una sanción ejemplar a los mentirosos que niegan los casos de niños baleados durante los allanamientos en Temucuicui”, el Senador Alejandro Navarro, junto a la candidata a diputada por el Distrito 18, la doctora Ana García -con quien estuvo en la zona de conflicto- y a los Consejeros de CONADI, don José Llancapán Calfucura (mapuche), Rafael Tuki (Rapa Nui), y a dirigentes de organizaciones indígenas, dieron a conocer documentos oficiales que demuestran “que sí existen niños mapuche heridos a bala en la denominada zona roja, lo que incluso está en conocimiento de las Intendencias, y los cuales deben estar en manos del Ministro y Subsecretario del Interior, quienes a pesar de los antecedentes han negado reiteradamente los hechos”.

Entregando datos concretos, el Parlamentario del MAS comentó que “tenemos un informe emitido por la Directora del Hospital de Victoria Marta Villegas, de fecha 08 de octubre de 2009, que se responde a la solicitud de la Intendencia de Temuco, donde se señala que el menor Álvaro Andrés Coronado Huentecol de 12 años, fue herido en las piernas por 4 perdigones llegando al servicio de urgencia el 03 de octubre de 2009”.

Asimismo, el Senador exhibió el informe interno del mismo Hospital de Victoria, de fecha 02 de octubre de 2009, sobre el paciente Felipe Marillán Morales del consultorio de Ercilla, quien pertenece a la comunidad de Temucuicui, “cuya madre-comentó Navarro- lo envió al mencionado consultorio por una escoriación frontal por haber sido producida del impacto de un perdigón. Estos informes son indesmentibles, y ello comprueba que el Subsecretario Rosende miente, pues no es dable pensar que su aparato de información no le haya entregado esa información, o que el Ministerio del Interior no haya ordenado la investigación de los innumerables reportes de estas agresiones en la prensa”.

En ese sentido, el Legislador recordó que “el pasado 19 de octubre, en declaraciones a Radio ADN, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende, aseguró que: no ha habido nunca un menor de edad herido por perdigones. Cada vez que hay una acción de Carabineros ordenada por un fiscal en alguna zona de La Araucanía, siempre alguien difunde la información errónea de que hay menores heridos, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de que haya ocurrido el hecho".

En la zona roja, la doctora García, quien tuvo la oportunidad de atender a los afectados, expresó que “muchos de ellos me manifestaron que no querían ir, ni enviar a sus hijos heridos a los hospitales y consultorios pues quedaban sus nombres en los registros, y después eso se producían nuevos allanamientos, agresiones y represalias. Es una verdadera tragedia ver sus heridas, su sufrimiento, y la impunidad de Carabineros”.

Navarro llevara el caso a la Cruz Roja Internacional

Por su parte, el senador Navarro propuso que “ante la impunidad de Carabineros y sus abusos constantes, ante la existencia de una justicia militar en la cual los Carabineros son juez y parte, y ante la ineficacia de los servicios de salud, pediremos a la Cruz Roja Internacional y a la Cruz Roja Chilena, que, en virtud de su labor humanitaria, se pongan a disposición de las comunidades indígenas, para que logren el acceso a la salud después de los allanamientos. La Cruz Roja es la esperanza de que los heridos, niños, mujeres, ancianos y adultos, puedan ser curados convenientemente y que su salud no peligre. Lamentablemente, respecto de los abusos de Carabineros, deberemos esperar un tiempo más”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA
www.navarro.cl

CRUZ ROJA INTERNACIONAL AYUDARÁ A MAPUCHE HERIDOS EN LA ARAUCANÍA‏

Su total “satisfacción y agradecimiento”, manifestó el senador Alejandro Navarro, luego de que la Cruz Roja Internacional acogiera su solicitud “de enviar a la zona de la Araucanía, en un lapso de 20 dias, una una misión humanitaria de médicos y especialistas para atender a los mapuche que quedan heridos durante los allanamientos que a diario realiza Carabineros en la zona de conflicto”, comentó el Parlamentario del MAS, quien el jueves 22 de octubre se reunió en Buenos Aires con Michel Minning, Delegado Regional del Organismo para Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, a quien hizo la petición y expuso los antecedentes “de la violencia que afecta a las comunidades, la que ha provocado decenas de niños heridos y baleados durante los enfrentamientos”

El Senador, quien viajo a Argentina acompañado de Jose Llancapan, dirigente mapuche y de Rafael Tuki, representante Rapa Nui, a solicitar personalmente la gestión, expresó que “la misión que prepara la Cruz Roja está a punto de terminar labores en las favelas de Brasil, y algunos de sus especialistas han atendido a poblaciones en contextos de guerra, por lo que su experiencia será valiosísima en la Araucanía, sobretodo para la atención de menores y mujeres, reprimidos ilegalmente por Carabineros”.

Por otro lado, dentro de las actividades que realizó durante las 24 horas que estuvo en Buenos Aires, Navarro comentó que junto a Tuki y a Llancapan, marchó “en apoyo de las organizaciones indigenas trasandinas que clamaban justicia por la muerte de Javier Chocobar, indígena diaguita ultimado en medio de una reivindicación de tierras ancestrales en medio de un proceso de desalojo por parte de terratenientes y latifundistas”.

Para el Parlamentario, “los derechos ancestrales a la tierra son universales e imprescriptibles de acuerdo al moderno derecho internacional. La lucha por la recuperación de los recursos naturales usurpados será infinita, y ninguna bota, fusil, mentira o hipocresía podrán evitarla. En estos tiempos, necesitamos la colaboración de la Cruz Roja, que como órgano imparcial, puede garantizar que en medio de la represión, nadie será injustamente perseguido por intentar acceder a medicamentos, tratamientos o asistencia médica”

Santiago de Chile, 23 de octubre 2009
Fuente: Crónica Digital / Agencia

DECLARACION PÚBLICA ORGANIZACIONES MAPUCHE DE SANTIAGO

En relación con el homicidio de nuestro hermano, Don Jaime Mendoza Collío, quien murió a raíz del disparo certero del proyectil percutado por un funcionario de Carabineros de Chile, quien le disparó por la espalda y, según el peritaje realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco, se descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, declaramos lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente las políticas estatales que se están aplicando en el mal llamado “Conflicto Mapuche”, en especial, porque han sido infructuosas y deficientes a la hora de prevenir, eliminar los malos tratos y prácticas degradantes para con el Pueblo Mapuche; aun más, actualmente hemos visto como las autoridades de los distintos órganos del Estado de Chile, en especial, la Presidenta de la República y los personeros de Gobierno, han tratado el cobarde homicidio de nuestro hermano Jaime Mendoza Collío.

Nosotros, no sólo repudiamos el accionar de Carabineros, sino de las máximas autoridades del Estado de Chile, ya que en vez de acompañar el dolor de todo un Pueblo, prejuzgaron una situación; es más, la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ni siquiera se apersonó a dar las correspondientes condolencias a los padres, cónyuge y al hijo de sólo cuatro años.

Por consiguiente, la responsabilidad recae tanto en el funcionario de Carabineros de Chile, que percuto el arma y ejecutó tan alevoso crimen, como la plana mayor o de grado superior de la referida institución. Aun más, esta responsabilidad se extiende, al Ministro del Interior.

Cabe recordar que por mandato constitucional, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, y teniendo presente lo expuesto, sostenemos que Estado de Chile ha irrespetado dicha obligación constitucional y, en este caso concreto, ha violentado flagrantemente el Derecho a la Vida e integridad física y síquica.

2. Los hechos deben ser investigados en profundidad, de acuerdo al derecho del debido proceso y al derecho de acceso a la justicia, con absoluta transparencia y probidad, a fin determinar a las personas responsables del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y demás ilícitos penales, asimismo, el grado de participación que les cabe en él.

3. Los procedimientos policiales requieren ser revisados con suma urgencia, así también, la instrucción de los funcionarios de Carabineros de Chile, porque es absolutamente inaceptable que una persona resulte lesionada o pierda la vida. Y, en caso particular, un joven mapuche de tan sólo 24 años murió en un procedimiento policial por un impacto de bala en su espalda y, peor aún, el informe pericial de la PDI descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, Jaime Mendoza Collío, así que no llevaba armamento, lo que echa por tierra la tesis de la legítima defensa sostenida por Carabineros para justificar su accionar y por el señor Rosende.

4. Por todos los antecedentes recopilados exigimos la renuncia inmediata de los actores responsables de generar este conflicto, especialmente el Ministro del Interior y el comisionado Rodrigo Egaña.

5. Exigimos al Estado de Chile desmilitarizar la Región de Araucanía, revisar la política penal con que se aborda al mal llamado “Conflicto Mapuche”, en particular, la aplicación de la ley antiterrorista a nuestros hermanos. Al respecto, y de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas exigencias constituyen un deber imperativo para el Estado en cuestión.

Por consiguiente, y teniendo presente lo expuesto, exigimos que el Gobierno designe una autoridad con suficiente conocimiento a esta legitima causa, que sea miembro de nuestro pueblo, a fin de promover y permitir impulsar un verdadero diálogo entre las partes.

Dentro de este contexto, cabe recordar que el mes de julio recién pasado viajó un grupo de Loncos, a fin de dialogar con el Gobierno. No obstante ello, y aun de los esfuerzos de nuestro Pueblo para dialogar, no fueron ni recibidos ni menos escuchados por el gobierno.

6. Es necesario que se dicte la correspondiente ley derogatoria de los tribunales militares en tiempos de paz; aun más, restringir su jurisdicción y competencia porque no se condice con el concepto de estado moderno, de derecho y democrático. Si es el Estado Chileno el que está a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, dando cátedra de promoción y respeto de derechos y libertades fundamentales en el plano Internacional, sin embargo, hoy en los propios límites soberanos se conculcan los derechos en su máxima esencia y prueba de ello es el asesinato de nuestros hermanos mapuches, inobservancia a los Derechos de acceso a la justicia, al del Debido Proceso, entre otros Derechos Humanos.

7. La actitud racista y discriminadora queda, también, demostrada en la represión sufrida el día viernes 14 de agosto del año en curso, en el centro de Santiago, violentando, esta vez, el derecho a la libertad de reunión, de circulación y la libertad de expresión consagrados en la Constitución Política de la República, así como por los distintos Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y vigentes. A ello se suma las irregularidades en el procedimiento policial traducido en un excesiva represión en contra de los detenidos, los cuales permanecieron incomunicados con bombas lacrimógenas al interior de las celdas, además de maltrato físico y verbal innecesario, lo anterior es responsabilidad absoluta nuevamente de los funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, del Intendente Metropolitano, del Ministro del Interior y del señor Rodrigo Egaña.

8. El Estado de Chile ha hablado mucho de los aportes del Nuevo Trato, del Pacto Reconocer, de la implementación del Convenio 169 de la OIT y diversas políticas de fomento de la salud, de la cultura y educación y demás áreas de desarrollo del Pueblo Mapuche, pero, en honor a la verdad y justicia, estas medidas sólo han quedado en las buenas intenciones.

9. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con nuestro Pueblo Mapuche, pero a raíz de los últimos acontecimientos, podemos decir ha contraído nuevas obligaciones para con el Pueblo Mapuche, en especial, la de reparación y la observar fielmente los normas imperativas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

10. Finalmente, hacemos un llamado a la prudencia, al diálogo y el respeto a la vida, como un bien jurídico superior.

Sólo a través del diálogo de todos y con todos los sectores, sin excluir a nadie, podremos avanzar en beneficio del Pueblo Mapuche y la sociedad Chilena.

Firman esta declaración:

Consejería Indígena Urbana
Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores
Comisión Lingüística mapuche del Área Metropolitana
Asociación Indígena Leufumapu
Comisión Política de Santiago
Asociación Indígena Cofquecura
Asociación Indígena Werken
Asociación Liga Cultural Mapuche Kolo kolo
Asociación Indígena Mallinko

REPRESION AL DERECHO A MANIFESTARSE

El Consejero Indígena Urbano José Llancapán, junto con otr*s herman*s mapùche y mestiz*s, exigiendo nuestro derecho a estar allí.... y manifestarse pacíficamente.
VER VIDEO "La repre... todo el rato... la repre", de Alfonsina Donoso.

Ante consulta fraudulenta a nuestros pueblos

DECLARACIÓN DEL CONSEJERO INDÍGENA URBANO
JOSÉ LLANCAPAN

Ante la consulta fraudulenta a nuestros pueblos, el intento de falso reconocimiento constitucional y la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas. Preocupación y llamado a la organización.


Desde su inicio en marzo de 2009, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha manifestado su compromiso por cumplir acuerdos a favor de los pueblos indígenas, que incluyen saldar una deuda histórica asumida por los gobiernos de la Concertación desde el acuerdo de Nueva Imperial el año 1989.
Este gobierno ha querido y logrado verificar algunas de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, en cumplimiento de estos acuerdos. Es valorable su esfuerzo en términos generales por lograr un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, o su preocupación por aumentar la oferta pública en algunos beneficios.
Pero debemos evaluar el gobierno actual en una perspectiva más amplia. Aunque hay algunos logros, respecto de gobiernos anteriores, como la ratificación del Convenio 169, sin declaración interpretativa, al mismo tiempo hay grandes carencias de cumplimiento a los acuerdos generales, resultando los pueblos indígenas los postergados de siempre.
Podemos mencionar que se mantienen los siguientes grandes problemas para nuestros pueblos:
- El Estado no reconoce a las culturas indígenas, no ofrece protección al medio ambiente ni asegura las condiciones sociales y económicas que hacen posible la reproducción de las culturas ancestrales.
- Los avances legales, como la ratificación del Convenio 169, han ido acompañados por maniobras del gobierno por dejar sin efecto estos logros. Por medio de mecanismos gubernativos, se ha logrado borrar con el codo lo que el gobierno y el Parlamento habían escrito con la mano.
- No ha habido la voluntad política del gobierno por destinar recursos estatales a la solución de grandes problemas del mundo indígena ni por readecuar el marco jurídico del país al cumplimiento de este tipo de acuerdos. Lo inadecuado e insuficiente de la política de reasignación de tierras y recursos a los pueblos indígenas, ha entrabado las justas demandas de las comunidades agrarias. La carencia de una política coherente frente a los indígenas urbanos, ha dejado en el incumplimiento y la postergación a las ofertas estatales respecto a este importante sector de la población originaria.
- Por largo tiempo, hemos expresado que cada nuevo gobierno empieza su gestión sin reconocer los derechos y las demandas del mundo indígena, y llamando a un sector organizado de éste, a plantear nuevamente sus demandas. Cada gobierno ha recogido estas reivindicaciones, las ha reformulado de acuerdo a sus intereses, ha elaborado un plan de políticas públicas y lo ha hecho ineficiente o lo ha anulado, todo esto sucesivamente. Así aconteció con los acuerdos asumidos por el gobierno actual, después del Debate Nacional de los Pueblos Indígenas 2006 y el debate de generación participativa de las políticas indígenas urbanas el 2007. En efecto, la generación por parte el Gobierno de la figura de un comisionado general de políticas indígenas, ha llevado los acuerdos a un punto muerto y al desconocimiento de los avances generados tras un duro esfuerzo de las organizaciones indígenas.
- Hoy nos enfrentamos a un nuevo proceso de consulta de parte del gobierno hacia la población indígena. Se ha pretendido hacernos creer que el gobierno está tomando el parecer del mundo indígena, respecto del ordenamiento de la Constitución y los poderes públicos. Se ha intentado entusiasmar a nuestros pueblos, con la idea de una especie de parlamento constituido por indígenas. A la vez, se ha ocultado el problema de fondo de nuestros pueblos y se crean mecanismos que favorecen el divisionismo y la competitividad individualista al interior de nuestros pueblos.
- A través de un proceso de consulta que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, se busca dar un barniz de participación pública a una maniobra política que busca desconocer los derechos de fondo. La consulta que pretende realizar el gobierno, desconoce en el fondo a la ley 19.253, art. 34, ya que impide la participación efectiva del mundo indígena en la toma de decisiones que no afectan, mediante un burdo montaje que oculta la ausencia de nuestros pueblos en la consulta y en la toma efectiva de decisiones.
- A través de un falso reconocimiento constitucional, el gobierno, coludido con los poderes fácticos representados por la Concertación y la ultraderecha, buscan imponer el modelo del estado representativo de una sola cultura, el sistema dominante global e impedir el ejercicio de los derechos colectivos que emanan del carácter de pueblos indígenas, derechos que son incompatibles con los intereses de los grandes monopolios del capital. Este falso reconocimiento constitucional en la práctica desconocerá la existencia de pueblos dentro del estado chileno y hará inefectivos nuestros derechos colectivos.

Estas maniobras del gobierno por desconocer los acuerdos internacionales y la propia legislación chilena, son ejercidas mientras aumenta la represión y el clima de amedrentamiento sobre las comunidades mapuche.

Esta situación merece la mayor preocupación y la acción más efectiva de parte de nuestros pueblos y sus organizaciones.

Frente a ello, la Consejería Indígena Urbana rechaza en el fondo y en la forma el proceso de consulta indígena fraudulenta y llama a no hacerse parte de ella.

Denunciamos los burdos argumentos con que el gobierno pretende engañar a la población indígena, respecto de los verdaderos objetivos de esta consulta.

Llamamos a las organizaciones de todos los pueblos indígenas, a informarse acerca de estas situaciones. Llamamos a los/las indígenas del país a unirse en torno a intereses de pueblo, superando el divisionismo con que el Estado y sus aparatos nos han oprimido.

JOSÉ LLANCAPAN CALFUCURA
Consejero Indígena Urbano