A la memoria de
Camilo Marcelo Catrillanca Marín
(1994 - 2018)
Mari mari pu peñi, pu lamgen, estimad*s amig*s y colegas:
En 2004 fue publicado en Mapuexpress un artículo que preparamos con la lamgen Yénive Cavieres, acerca de la comunidad de Temucuicui y de los dos peñi condenados por entonces, José Naín Curamil y Marcelo Catrillanca (padre del weichafe asesinado, peñi Camilo Marcelo Catrillanca Marín).
Esta publicación ha sido citada en artículos y tesis, pero ya no existe la página donde estuvo originalmente.
Ya que el artículo entrega antecedentes sobre la usurpación de tierras y sobre actos criminales de violación a los DD.HH. e indígenas ejercidos por la dictadura y gobiernos civiles, y refleja el estado de la comunidad y sus presos de conciencia en los años 2000, la estamos poniendo de nuevo en circulación.
Se mantiene la versión original, no obstante me dispongo a escribir un trabajo que muestre otros antecedentes previos sobre la comunidad, y parte del acontecer entre el 2004 y el presente.
Un saludo fraterno, pewkayael,
Carlos Ruiz R.
Centro Mapuche de Estudio y Acción
Publicado originalmente en la página Mapuexpress.net, 2004
HISTORIA DE INJUSTICIAS
José Naín Curamil y Marcelo Catrillanca Queipul
“Hemos sido condenados
injustamente
por levantar y defender
la causa de los derechos
de nuestro pueblo”
►Condenados a:
●Cinco años
y un día de presidio mayor en su grado mínimo
●Inhabilitación absoluta perpetua para
cargos y oficios públicos
●Inhabilitación absoluta para profesiones
titulares mientras dure la condena como autores del delito de incendio en
bosques de la empresa Forestal Mininco S.A., perpetrado en el fundo Alaska el 2
de diciembre de 1999◄
Nombre: José Naín
Curamil
Edad: 29 años:
Estado Civil: Casado con Cecilia Curinao Huañaco.
Hijos: 2 hijos 1 de cuatro años y otra de seis meses.
Preso político mapuche, recluido en la cárcel de
Collipulli.
“Fui acusado por el gobierno chileno
de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado, y condenado a cinco años y
un día por el delito de incendio en el fundo Alaska en ese entonces de
propiedad de Forestal Mininco.
“Como a los 10
años cuando estaba en 5º año básico, estudiaba en Ercilla, para ello tenía que
caminar 16 Kms. diarios, ahí empecé a tomar conciencia de la discriminación y
sentí las diferencias entre ser chileno o mapuche. Yo estudiaba en un colegio
particular, católico, aquí no tuve muchas posibilidades. Cuando entré a la
escuela pública se me abrieron otras posibilidades y participé en un conjunto
folklórico con casi puros miembros de la comunidad de Temucuicui.
“Desde el 87, al 88 viví con rabia y
con temor los allanamientos y la represión en mi comunidad, en este tiempo ni
siquiera podíamos pasar a pastorear a los animales al fundo Alaska, a pesar de
que sabíamos, por la historia que nos contaban nuestras familias, que ese fundo
era legítimamente nuestro.
“En el año 99 también fui sometido a
proceso junto otras 15 personas de la comunidad por la quema de dos maquinas
retroexcavadoras en el fundo Alaska. En este proceso en cual fui absuelto, el
gobierno pidió que se nos aplicara le Ley de Seguridad Interior del Estado. Acá
también se me quería inculpar por ser dirigente de la comunidad.
“Yo también soy padre de familia, al
igual que muchos peñis, y sentimos que vamos a estar ausentes de nuestras
familias por un proceso viciado en que notoriamente se privilegia el poder de
la empresa Mininco.
“También me gustaría hacerle un
llamado a los tribunales, a los jueces, ellos conocen la historia pero no se
interesan por que se exprese en sus sentencias, ellos deberían actuar con un
criterio imparcial y si así fuera nosotros y nuestros peñis estaríamos libres y
sin condenas, mientras sea así, el Estado y las instituciones judiciales serán
moral y socialmente condenados por nuestro pueblo.
“El proceso que nos hicieron fue un
proceso irregular ya que no se realizaron todas las investigaciones necesarias
para acreditar mi inocencia.
“Las leyes chilenas tienen muchos
privilegios; para las fuerzas armadas, el gobierno, las forestales, los que
manejan la economía de este país, ellos pueden cometer graves crímenes y no son
juzgados o son condenados y están rápidamente en libertad, la ley opera de dos
formas: uno para los que no tienen recursos y otra para los ricos, para ellos
no hay sanción.
“Este proceso no es porque yo haya
cometido un delito (incendio), sino que es un castigo por levantar y defender
la causa de los derechos de nuestro pueblo. En este caso el derecho a recuperar
el fundo Alaska.
“Nosotros no vivimos la niñez ni la
juventud porque tuvimos que tomar la responsabilidad de ser dirigentes y de
recuperar nuestros derechos”.
Nombre: Marcelo
Osvaldo Catrillanca Queipul.
Edad: 33
años. Nació en 1970.
Estado Civil: Pareja Teresa G. Marín Melenao, tienen 10
años juntos.
Hijos: 3 hijos, 1 hijo de 8 años, 1 hija de 6 años
con la misma pareja, el último nació el 29 de Agosto a las 11 de la mañana en
el Hospital de Victoria.
Marcelo Catrillanca aún no es detenido, pero su familia y
su comunidad sufren las consecuencias de su ausencia.
Nota: El relato data de mediados de 2003.
“Fui muy marcado por el golpe, yo
tenía tres años cuando tomaron preso a mi papá. Mi padre fue detenido junto a
mucha gente de la comunidad, él estuvo 5 meses preso en la cárcel de
Collipulli, cuando lo detuvieron lo amarraron a su propio caballo y lo
arrastraron tres kilómetros hasta un cerro donde fue duramente golpeado. Mi
abuelo estuvo perseguido por los militares y cuando fue detenido junto a otros
miembros de la comunidad fue tan duramente castigado que el creyó morir, salvó
la vida por que carabineros y militares lo consideraron muerto.
“Como a los 12 años empecé a trabajar
en las forestales y esto me significaba un esfuerzo muy grande para mi edad,
sufrí mucho, plantaba pinos en pleno invierno, con traje de agua y botas que ni
siquiera me cabían porque yo era muy chico. Como a los 15 años me di cuenta de
que no debía trabajar, que era injusto, y que nuestra pobreza se debía a que
nos habían usurpado nuestras legitimas tierras. Cuando me casé mi papá me pasó
50 mts por 50 mts, estrechos solo podíamos sembrar un tablón de porotos, unas
tres hileras de papas, igual tenía que trabajar en la forestal por que de eso
no podíamos vivir.
“Así empecé a decidir que tenía que
transformarme en dirigente de la comunidad, ahora soy werkén de la comunidad y
secretario de ésta.
“La forma en que se ha llevado el
proceso en que se nos acusa del delito de incendio es producto del poco
conocimiento por parte de los jueces de la realidad del pueblo mapuche. Los
jueces que dicen administrar justicia, conocen la situación pero aceptan
testigos inhábiles o pagados, porque las forestales presionan a los tribunales
y al gobierno, con que su actividad mantiene económicamente al país.
“Me gustaría hacer un llamado de
conciencia a los señores jueces: ustedes no valoran el significado de la
familia, ya nos han separado de ella cuando nos mantuvieron en “prisión
preventiva” y seguramente lo harán de nuevo al condenarnos, esto es
incompatible con vuestra defensa de las leyes de la familia y los derechos de
los niños.
“Ante la clara injusticia de este
proceso, quisiéramos que el gobierno tomara la decisión de enfrentar nuestro
caso, así como el de muchos otros mapuches que están siendo procesados y
condenados injustamente. No es posible que siga aumentando el numero de
procesados y condenados mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras,
de sus derechos políticos, sociales y culturales, es necesario pensar en una
formula política de dar solución a nuestra problemática.
“El Estado chileno ha dictado por
ejemplo con los militares, una ley de amnistía que este gobierno mantiene, a
pesar de que ellos si han cometido crímenes terribles en contra de los derechos
humanos, crímenes imborrables en la memoria de nuestro pueblo”.
HISTORIAS DE LA COMUNIDAD
Historias del Territorio. El Titulo de
Merced:
La comunidad
de Temucuicui (“Puente de Madera de Temu”) se encuentra en la comuna de
Ercilla, provincia de Malleco, y pertenece históricamente a la identidad
territorial Wenteche. Este territorio se mantuvo en permanente resistencia
frente a la invasión chilena y entre las autoridades ancestrales originarias de
la región, se cuentan los Ñidol Lonko Mangin Wenu, Mariluán, Külapang y
Külaweke (del siglo XIX). La zona se encuentra al sur del río Malleko y la
ocupación de la llamada “Línea del Malleco” se produjo desde el 22 de noviembre
de 1867. La resistencia continuó, a
cargo de Külapang y Külaweke, pero hacia 1882 la zona estaba ocupada por el
ejército chileno.
El proceso
de “radicación” comenzó muy pronto en la zona, ya que en 1884 se iniciaron las
gestiones para que la comunidad de Temucuicui obtuviese título de merced.
Según los dirigentes de la comunidad,
Feliciano Cayul y Juan Catrillanca, “anterior al Título de Merced las tierras
eran mucho más, los abuelos indicaban de adonde nacía la comunidad y hasta
donde llegaba... Habrán sido 1.100, 1.200 Hás., según los antiguos, y hoy día
tenemos 250 Hás. La tierra que falta está hacia el oeste, hacia la comuna de
Traiguén”.
La
radicación la solicitaron Ignacio Queipul y Millanao, de Temucuicui,
conjuntamente con el “cacique” Epuleo Coñomil, con quien colindaban, el 9
de febrero de 1884. La petición original incluía todos los terrenos que poseían
al sur del río Huequén, junto a la propiedad del cacique, pero el Título de
Merced (Nº 3-B, de 1884) sólo reconoció a la comunidad 250 Hás, dejando fuera
la parte sur, hacia el cerro Coipué, porque juzgaron los radicadores “que de
inspección ocular practicada por la comisión resulta que los solicitantes han
trabajado una pequeña extensión de terreno solamente y no tienen sino muy
escasos medios de trabajo”. Desde aquí comenzó el despojo
contra la comunidad, al no reconocerse su territorio conforme a la costumbre
ancestral, actuando los miembros de la comisión radicadora, con atribuciones de
jueces para establecer cuál era el derecho de la comunidad al espacio vital. La
“inspección ocular” desde luego era un precario medio de prueba del derecho
ancestral y una contravención a la legalidad que había asegurado a los
indígenas del país la propiedad de sus tierras: la ley de 10 de junio de 1823,
había dispuesto “Que lo actual poseído según ley por los indígenas,
se les declare en perpetua y segura propiedad”. La ley de 4 de diciembre de
1866, art. 6, dispuso “Se reputarán como terrenos baldíos y, por consiguiente
de propiedad del estado, todos aquellos respecto de los cuales no se haya probado
una posesión efectiva y continuada de un año por lo menos”. Esta ley vulneraba
la costumbre indígena y no tomaba en cuenta el barbecho y el uso diferenciado
del suelo (que no es solo agrícola), introduciendo un concepto vago como
“posesión efectiva y continuada”. Si incluso tuviese validez frente a un pueblo
que en 1866 no estaba regido por la legalidad chilena, el procedimiento para
probar la “posesión efectiva y continuada” no podía reducirse a la inspección
ocular.
“El cerro Coipué era el que dividía antes a la comunidad,
donde ahora están las casas patronales del fundo Alaska, como a la mitad del
fundo”, según los dirigentes de la comunidad.
La parte sur de la comunidad, hacia el cerro Coipué (unas 650 a 750 Hás), fue
ocupada por el Estado, el que la entregó a colonos particulares.
Posteriormente, en la década de 1930, comenzaron las disputas
por tierras con los colonos. En 1930, Máximo Grollmus y Carlos Patterson se
introdujeron en terrenos de la comunidad, aprovechando que el estero Curaco,
que era el deslinde, se había corrido de su cauce original.
La sentencia fue favorable a la comunidad, deberían los particulares restituir
el terreno en cuestión, pero éstos apelaron obteniendo sentencia favorable el
13 de agosto de 1943.
Juan Patterson había sido el adjudicatario de los terrenos
que le fueron desconocidos a la comunidad en 1884. La sucesión de Carlos
Patterson Maza, representada por Carlos Patterson Romero, dio origen al fundo
“Alaska y Temucuicui”, en dichos terrenos y otros, los que fueron nuevamente
demandados por la comunidad en la década de 1970.
En 1970 los comuneros ocuparon el fundo Alaska, de 2.960 Hás.
“Nos fuimos a vivir ahí porque era lo nuestro, los abuelos lo decían repetidas
veces que se llegaba hasta allá... los Patterson se fueron de ahí para que los
indígenas lo trabajaran, ahí se hizo un comité colectivo. Ahí no se entregó la
tierra ni se hizo asentamiento”.
El fundo Alaska fue ocupado en agosto de 1970 por los
comuneros de Ignacio Queipul y Millanao, y dieron conocimiento al gobierno de
la Unidad Popular en carta enviada por la “Unión Mapuche Loncotraro” en enero
de 1971. En la carta, solicitan “se nos deje laborar tranquilos en la
explotación de dicho fundo y se nos reconozca con documentación legal que es y
será definitivamente nuestro. Como actualmente estamos en posesión de nuestra
tierra que nos fuera ocupada, y que antes se indica, queremos que se nos
otorguen las facilidades necesarias para explotar unas 80 Hás. de plantaciones
de pinos existentes en dichas tierras, como igualmente las siembras de avena
que fueron hechas en nuestros terrenos”.
En consideración a estos antecedentes, el Consejo de la
Corporación de Reforma Agraria (CORA) decidió el 23 de marzo de 1972, expropiar
“la totalidad de los predios rústicos denominados Alaska y Temucuicui”.
Los comuneros trabajaron el fundo, plantando unas 200 Hás. de
pino que ellos mismos compraron.
Después del golpe militar, de acuerdo con la “contrarreforma
agraria”, el acuerdo de expropiación fue reconsiderado y revocado por el
Consejo CORA del 24 de septiembre de 1974, volviendo la tierra a poder de los
Patterson y desalojando a los mapuche.
Después de
este despojo, y habiendo Carlos Patterson Romero vendido el fundo a la Forestal
Mininco por 1977-1978, se inició una nueva etapa de conflicto.
La comunidad
fue dividida en 1981, a través de INDAP. Esto agudizó el problema, pues la
mensura, realizada en febrero de 1981, arrojó una superficie de 282,16 Hás.
Sólo tres comuneros quedaron poseyendo 15,35, 17,43 y 25,19 Hás. Otras 103
familias, con un promedio de poco más de 2 Hás. cada una, pero de ellas, 59 no
superan las 2 Hás.
La gravedad
del conflicto aumentó porque aparte de la estrechez, que no permite trabajo
alguno, “cuando vino la división la comunidad quedó sin agua, le cerraron todo
su campo al estero Curaco donde le dábamos de beber a los animales, no se le
dio salida a la gente. Como no podíamos vivir así, en una parte seca, empezaron
los conflictos más agudos. Se llegó a un juicio por restitución, en Collipulli,
como en 1985. El juicio no se ganó, pero se llegó a un acuerdo, se dio una
servidumbre de paso para calmar la situación, porque habíamos caído como 50
presos. El avenimiento se dio fuera del tribunal, en conversa en la oficina de
la Gerencia de Forestal Mininco, en Los Ángeles”
En 1987 la comunidad volvió a
movilizarse para recuperar el fundo Alaska; el 4 de septiembre, presentaron un
petitorio al gobernador de Malleco estando en la misma comunidad, sin obtener
respuesta, por lo que realizaron un intento de recuperación. En el primer
intento cayeron alrededor de 30 presos, entre ellos el hermano de José Naín
Curamil, el que después de la detención quedó con graves traumas, lo que le
impidió seguir estudiando.
El 17 de
agosto de 1988, presentaron un segundo petitorio, que tampoco fue respondido.
Esta situación fue obligando a la comunidad a movilizarse por ser escuchada, lo
cual puso en efecto con gran valor, dadas las circunstancias y peligros de la
época dictatorial.
En octubre de 1988, se realizó un
nuevo intento de recuperación de las tierras usurpadas. Militares y carabineros
allanaron la comunidad el 4 de noviembre; aquí cayeron 50 detenidos: 40 hombres
y 10 mujeres dirigentes de varias comunidades y organizaciones mapuches que
solidarizaron con la comunidad de Temucuicui, y que estuvieron presos 5 días en
la cárcel de Collipulli.
Un nuevo acto de recuperación se
inició el 20 de diciembre de 1988. La directiva nacional de Ad Mapu defendió a
la comunidad y expuso la situación por carta al gobernador de Malleco,
Francisco Prat, fechada el 27 de diciembre. Consta de ella, que eran 70
familias con unas 550 personas, que poseían 190 Hás.
La comunidad
relata: “Fue tan grande la presión que se hizo en tiempos de la dictadura, que
lo único que hemos logrado ha sido negociar la situación, ellos (Forestal
Mininco) nos han dicho que bueno, que pasemos los animales, saquemos leña y
cuidemos el bosque. Pero el problema estaba al rojo, la comunidad fue allanada
dos veces, con más de 1.500 militares, con helicópteros, con todo”.
Con el advenimiento de la democracia y
con el apoyo de Ad Mapu y del gobernador de la Provincia de Malleco, se inició
un proceso de negociación con la gerencia de la Forestal Mininco, que logró
obtener el libre acceso de los animales al interior del fundo.
Los niveles
de pobreza siguieron siendo agudos; existía la esperanza de cosechar las 200
Hás. de pino sembradas por la comunidad durante la Reforma Agraria, pero
“Mininco hizo la explotación de ese bosque, hace como dos años atrás (por
1991), ellos se robaron ese derecho”.
En 1993 la
situación era tranquila pero el conflicto era latente, porque sus causas no han
desaparecido y lo más grave es que “si Mininco dice que se acabó la leña y el
talaje, queda la pelea al tiro”. Sigue vigente la demanda
histórica de llegar hasta el cerro Coipué, donde se hallan las casas patronales
del Fundo Alaska. La situación era de extrema gravedad, según reconocen Aylwin
y Correa en su Catastro de Conflictos y Demandas. Los dirigentes calculaban ser
618 personas, 110 familias con viviendas, 111 familias jóvenes de allegados,
todos en 250 Hás. Los jóvenes emigran como temporeros, porque no tienen cómo
poder lograr una vivienda.
A partir de la vigencia de la ley
indígena, la comunidad se constituye como persona jurídica y ésta deja en manos
de la CONADI el proceso de recuperación de tierras de acuerdo a las facultades
que ésta tiene a través del Fondo de Tierras y Aguas.
La comunidad está integrada por 165
personas mayores de 18 años y contaba con 250 hectáreas, antes de la compra por
parte de la CONADI de las 98 Hás.
En 1993, se planteó la posibilidad de
que la comunidad ampliase sus tierras a través del Fondo de Tierras que
instituyó el Gobierno por la ley 19.253. Se decía entonces que la única
posibilidad de ampliar el espacio de la comunidad, sería por el Fundo Alaska:
“es pa a el único lado que se puede, porque para el otro lado está la comunidad
de Coñomil Epuleo y Pancho Curamil, que están en la misma situación que
nosotros, en un par de hectáreas de terreno”. Esta comunidad de Pancho
Curamil también podría haber sido favorecida por el Fondo de Tierras.
Después de un lapso de 7 – 8 años, ya
que había que concursar al Fondo de Tierras y Aguas, el año 98 la comunidad en
conjunto con la CONADI logró comprar 98 hectáreas de la Forestal Mininco, el
Lote A del Fundo Alaska, más 58 hás. del Predio Santa Elisa y se acordó entre
la comunidad, la CONADI y la Forestal Mininco, desarrollar un proceso para que
la comunidad adquiriera progresivamente la totalidad del predio.
Este compromiso no se cumplió por parte de la CONADI ni de la Forestal, lo que llevó a que la comunidad en conjunto con el Consejo de Todas las Tierras tomara la decisión de continuar con el proceso de recuperación de sus legítimas tierras.
A partir del 7 de abril del 99 la
comunidad ingresó reiteradas veces al fundo Alaska para exigir la devolución de
las tierras. El viernes 30 de abril fueron desalojados violentamente por
Carabineros.
El 9 de junio de 1999, más de 250 efectivos
policiales ingresaron a la comunidad en un allanamiento que la autoridad
justificó en la búsqueda de madera que supuestamente la comunidad le habría
robado a la Forestal: los carabineros destruyeron un banco aserradero, balearon
a un joven de la comunidad quien todavía tiene 9 balines en su cuerpo; aquí
detuvieron alrededor de 14 personas, entre ellos a José Naín Curamil, el resto
todas eran mujeres.
Al día
siguiente, en protesta por el accionar represivo de Carabineros, la comunidad
realizó una ocupación pacífica de la Ruta 5 Sur y una marcha a la Municipalidad
de Ercilla, que concluyeron sin incidentes. En Temuco, fue entregada al jefe de
la Novena Zona de Carabineros, una denuncia por trato vejatorio hacia las
mujeres y uso excesivo de la fuerza, durante el allanamiento.
El 2 de agosto de 1999, fueron
quemadas dos retroexcavadoras en el fundo Alaska, sin que los comuneros
hubiesen tenido parte en el asunto. José Naín fue procesado en conjunto con un
grupo de alrededor de 15 personas proceso en el cual fueron todos absueltos. Ello prueba la arbitrariedad
de las inculpaciones por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, que sólo
buscan culpables y no esclarecer los hechos y sus causas.
El 12 de Octubre de 1999 la comunidad
ingresó nuevamente al Fundo Alaska, aquí estuvieron detenidos unas 4 horas
alrededor de 10 personas presas, entre ellos José Naín, sus padres y el papá de
Marcelo Catrillanca.
Quince días después, la comunidad
volvió a ingresar al Fundo Alaska donde fueron nuevamente desalojados, dos días
después la comunidad realizó un nuevo ingreso con objeto de impedir que se
realizara la explotación del bosque del fundo Alaska. Durante este tiempo la
comunidad estuvo permanentemente informando de esta situación a las
autoridades.
El 26 de octubre de 1999 se produjo el
incendio del que fueron acusados los peñi Naín y Catrillanca.
El viernes 3
de diciembre de 1999 el juzgado de Collipulli ordenó un operativo de
Carabineros para desalojar a mapuches que presuntamente ocupaban propiedades de
la Forestal Mininco. Se hizo un uso desproporcionado de fuerzas policiales, con
60 patrulleras, dos tanquetas y 300 carabineros, que irrumpieron en el fundo
Chihuaihue, de Bosques Arauco, y en los fundos Chiquitoy y Alaska, de la
Mininco, no encontrando ocupantes ilegales, por lo que se dirigieron a las
comunidades Requem Pillán y Requem Lemún, allanando ilegalmente varias casas y
atacando con bombas lacrimógenas y con balines; después se fueron a la
comunidad Temu Cui-Cui, donde la ñaña Juana Quiñel, de 73 años, sufrió el
impacto de una bomba lacrimógena disparada a dos metros de distancia, una
fractura expuesta en una pierna, siendo detenida junto con su hija Ema Queipul
(embarazada, con riesgo de pérdida producto de la represión y detención) y
quedaron dos mapuche heridos con balines. Al estar informándose sobre el
paradero de seis mapuche detenidos, los carabineros de la comisaría de Ercilla
reprimieron y detuvieron a Aucán Huilcamán y otros cuatro acompañantes, uno de
los cuales fue pasado a la Fiscalía Militar. Uno de los oficiales gritaba a sus
subalternos: “Maten a los indios, maten a los indios”. Por estos hechos, el
diputado Guido Girardi decidió presentar una querella contra los funcionarios
de Carabineros que resultasen responsables de abusos de poder y de conducta
racista. Posteriormente hubo
protestas frente a la Intendencia de Cautín, donde nuevamente fueron detenidos
miembros del Consejo de Todas las Tierras. También protestó del abuso policial
el diputado Francisco Huenchumilla. El abogado Roberto Celedón
presentó un recurso de protección a favor de las comunidades y denunció la
detención y desaparición de María Luisa Quiñel Ancamilla, invidente, que habría
sido detenida y golpeada por Carabineros. Estos hechos entorpecieron
el proceso de diálogo al que el mismo gobierno había llamado por medio del
intendente Oscar Eltit, y en el cual las comunidades estaban inicialmente
dispuestas a participar.
Una nueva ocupación tuvo lugar en
noviembre de 2000 y por entonces, el gobierno accedió a la demanda de los
comuneros. La ministra de Planificación y Desarrollo, Alejandra Krauss, envió a
Temuco a su asesor Róbinson Pérez, investido de amplias facultades para
suscribir acuerdos preliminares con los dirigentes de la comunidad. El enviado
gubernamental se comprometió a priorizar la compra de al menos 1.400 hectáreas
de tierras del fundo "Alaska”, luego de la reunión realizada el 18 del
mismo mes. Después que el gobierno
anunciara esta compra, fueron los propios consejeros de la CONADI, José Santos
Millao, Isolde Reuque e Hilario Huirilef (mapuches), José
Llancapán (urbano) y Carlos Inquiltupa (aymara) los que criticaron al gobierno por
llegar a acuerdos con comunidades que se movilizaban por medio de ocupaciones. Es de destacar que el mismo
Millao había “hecho carrera” en los 80 alentando situaciones como la que
criticaba el 2000, cuando ya se había puesto al servicio del gobierno.
Huirilef, que hoy también se destaca como consejero “rebelde”, llegó en esa
ocasión a anunciar que, “junto a sus congéneres aimaras, atacameños y
rapanui, exigirán al Gobierno una definición clara de la política para resolver
los conflictos, sin descartar el cambio de personas al mando de esa entidad”.
La crítica provino no del gobierno ni de la oposición, sino de los propios
consejeros, que se quejaron de que el gobierno destinaría fondos a comunidades
movilizadas, según ellos postergando a las que habían hecho trámites para
obtener beneficios. Pero “el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, explicó
que el fundo negociado estaba dentro del listado priorizado en 1998”. Pese al
malestar de los consejeros, el Consejo Nacional de la CONADI creó en su sesión
de 19 de enero de 2001, una “Comisión de Tierras” para apoyar el acercamiento
de la institución a las comunidades que demandan tierras.
En
Febrero de 2001 se produjo otra ocupación, cuatro mapuches de la comunidad de
Temucuicui, comuna de Ercilla en la IX región, resultaron heridos con balines
en el desalojo.
El 26 de
septiembre de 2001 se firmó el acta de acuerdo entre la comunidad y la CONADI.
Ésta se comprometió a reanudar negociaciones con la Forestal Mininco para
adquirir un promedio de 13,2 hás por familia (no beneficiados en las compras de
1998), totalizando unas 1.840 hás, con un plazo hasta el 3 de octubre de 2001 para
presentar un plan de trabajo; la comunidad acordó seguir cohesionada como comunidad
territorial, en otros términos los comuneros no aceptaron quedar dispersos
en distintos predios sin unidad territorial. Además, la Directiva quedó de
proponer un plan de asentamiento gradual del Fundo Alaska, definiendo las
familias que postularían a soluciones de tierras, en el plazo de abril y mayo
de 2002
. Los propios comuneros no tienen informaciones al respecto y dada la
época del siniestro, no es descartable que en su origen no haya habido
intervención humana.
Es irracional que, habiendo desde 1998
negociaciones entre la comunidad y la CONADI y entre ésta y la Mininco, con el
propósito de adquirir la totalidad del fundo Alaska para la comunidad, hayan
sido miembros de ésta los que destruyesen las casas patronales que más tarde
hubieran sido de ellos mismos, y con este acto echar por tierra un proceso
negociador que, aunque estancado, hubiera podido dar frutos como los dio un año
después, en noviembre de 2000.
La comunidad
de Temucuicui ha mantenido un perfil bajo en cuanto al proceso de recuperación
de tierras, ya que se ha mantenido en la línea de movilización por sus
derechos, a la vez que ha intentado recurrir a los medios que ofrece el
gobierno, sin resultados positivos proporcionales a la magnitud del problema
principal: la escasez de tierras a causa de la usurpación sufrida desde la mal
llamada Pacificación. No ha habido participación de los comuneros en otras
situaciones de conflicto en la región ni éstos se han coordinado con otras
organizaciones y comunidades, lo que por lo demás sería legítimo. Las
movilizaciones de Temucuicui han sido pacíficas y públicas, como la que la
comunidad anunció el lunes 28 de febrero de 2000, con el fin de impedir que la empresa
Mininco siguiese con la tala de 50 hás. de bosques del fundo Alaska,
reivindicadas por los comuneros y solicitadas legalmente ante los tribunales,
que a la fecha les denegaban justicia. La comunidad anunció que “ingresarán a
rostro descubierto al fundo parea evitar la cosecha de los pinos, lo que
consideran un justo pago por todo el daño que Mininco ha causado”.
Ya es sabido
que no se puede inculpar abiertamente a los mapuche de cualquier atentado
acaecido en su territorio ancestral. Han sido denunciados con pruebas
fehacientes, los autoatentados perpetrados por las propias empresas de
seguridad y personal vinculado a las forestales, y en especial por la Mininco.
HISTORIAS DEL
PROCESO JUDICIAL:
El 4 de enero del 2002, se confirmó en
segunda instancia la sentencia apelada por los acusados de autos rol Nº 29.759
del Juzgado de Letras de Collipulli donde se condenó por sentencia de primer
grado, a José Segundo Naín Curamil y a Marcelo Osvaldo Catrillanca Queipul a
sendas penas de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a
las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios
públicos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure
la condena, por sus participaciones en calidad de autores del delito de
incendio en bosques de la empresa Forestal Mininco S.A., perpetrado en el fundo
Alaska el 2 de diciembre de 1999.
Posteriormente la defensa de los
encartados presentó recursos de casación en la forma y en el fondo contra la
mencionada sentencia. El recurso de casación en la forma se fundó en la falta
el emplazamiento de alguna de las partes y en haberse dictado ultrapetita, consistiendo
la primera en el hecho de no haber sido sometidos a proceso, acusados o
siquiera condenados por el hecho que finalmente se les condena, esto es como
autores indirectos del incendio que habrían evitado que terceros intervinieran
para apagar el fuego.
Respecto de haberse dictado
ultrapetita. La defensa consideró que fueron condenados por hechos inconexos
con los que fueron motivo de la acusación, de la adhesión, de la defensa y de
la sentencia de primera instancia y que los hechos por lo que la sentencia
recurrida les condena no fueron objeto del debate.
En cuanto al recurso de casación en el
fondo, la defensa señaló que se han vulnerado las normas reguladoras de la prueba
y que se ha valorado contradictoriamente en el fallo la declaración
testimonial, dándole valor para acreditar algunos hechos y denegándolos en
otros. el recurso denuncia infringido el artículo 488 del citado cuerpo legal,
porque los sentenciadores se valen de declaraciones de testigos que no sirven
de base para una presunción judicial y porque esas presunciones no cumplen con
los requisitos de ese artículo, también dicen que la participación se basa en
hechos probados, lo que fue así en este caso, pues no está comprobado que los
acusados haya iniciado el incendio y porque nadie los vio oponiéndose a quienes
trataban de impedir el siniestro.
Se señaló también por parte de los
abogados defensores que la sentencia impugnada calificó como delito un hecho
que la ley no considera como tal, con lo que se han vulnerado también los
artículos 1, 15 y 476 Nº 3 del Código Penal. Sostuvieron los defensores que en
el proceso no hubo antecedentes suficientes que permitan estimar que se ha
comprobado el delito de incendio y se les ha condenado por una acción que no se
encuentra previamente descrita por la ley, error de derecho que influyó
substancialmente en la parte dispositiva de la sentencia
Finalmente, a pesar de los alegatos de
la defensa de los acusados, con fecha treinta de julio del dos mil se
rechazaron en la Corte Suprema los recursos de casación en la forma y en el
fondo deducidos por la defensa de José Nain Curamil y Marcelino Catrillanca
Queipul, contra de la sentencia de cuatro de enero del 2002 declarándose que
dicha sentencia no era nula, quedando por tanto a firme la condena de José Nain
Curamil y Marcelo Catrillanca Queipul a las penas de cinco años y un día de
prisión y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y
oficios públicos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares
mientras dure la condena, por sus participaciones en calidad de autores del
delito de incendio en bosques de la empresa Forestal Mininco S.A., perpetrado
en el fundo Alaska el 2 de diciembre de 1999.
El proceso que condenó a José Nain
Curamil y a Marcelino Catrillanca, es otro de los procedimientos judiciales que
versa sobre el “conflicto mapuche” que, por una parte va omitir en la
investigación los contextos culturales de los hechos, haciendo funcionar un
sistema de “igualdad ante la ley” para quienes en la realidad no han sido nunca
iguales y se encuentran en la desmedrada situación de haber sido usurpados de
sus territorios.
Casi todos los procesos judiciales
iniciados en contra de mapuche relativo a sus derechos colectivos tienen la
misma impronta, en 1996, otro José Nain, Werken del Consejo de Todas Las
Tierras, decía que “Los tribunales desde un punto de vista histórico frente a
los pueblos oprimidos, son el organismo que convalida la ley de los opresores
que se han organizado tanto en Estado, como en ejercito u otras formas de
organización avasallantes. Los tribunales y las leyes son organismos que hasta
el día de hoy hacen concomitancia para hacer prevalecer los intereses de los
opresores en contra de los pueblos indígena, de sus demandas que verdaderamente
merecen el calificativo de derecho y justicia”. Este werken se refería al
caso de los 144 mapuches acusados y condenados por los tribunales chilenos de “Asociación
Ilícita y Usurpación”, que fue llevado a la Comisión Interamericana de
Justicia, lugar en que el gobierno chileno reconoció haber violado los derechos
humanos de los 144 mapuche y estableció un cronograma –aún no cumplido- para
reparar dicho daño.
Estos procesos están dados en un
contexto de dominación cultural, un marco jurídico ajeno, una lengua ajena, una
racionalidad ajena. Que va a imponer sobre sus vidas una sentencia ajena que se
apropiara de sus cuerpos y sus vidas para ser cumplida obligatoriamente, a no
ser, que como en el caso de Marcelino Catrillanca, no sea habido.
La omisión en el proceso del análisis
de fondo de los derechos planteados por los mapuche nos plantea la deficiencia
del análisis jurisdiccional respecto de los conflictos intrasistémicos que
García Maynez define como “los planteados por exigencia cuya razón de validez
es diferente”.
Se produce aquí una controversia
normativa que ni siquiera es visualizada desde el procedimiento estatal, lo que
en todo caso es parte de la invisibilidad general y de la negación de la
existencia de los derechos del pueblo mapuche. Estamos ante un conflicto
normativo entre dos sistemas de derechos, por una parte, el derecho mapuche, que
es la fuente donde encuentra fundamento la exigencia de devolución de las
tierras/territorio, de la comunidad de Temucuicui, en ese momento en manos de
la Mininco, y por otra parte el derecho del Estado chileno que reduce el
conflicto a un problema entre particulares, diluyendo el conflicto jurídico “de
derechos” en un conflicto formal de aplicación de una norma del Código Penal a
una situación de hecho
El derecho mapuche, como realidad es mucho más
que una practica alternativa del derecho atrapada en una costumbre jurídica
arcaica, es la expresión de un universo en movimiento e interactuante, ya que “Es
la manera que tiene el pueblo mapuche, -por tanto cada identidad territorial en
su diversidad- de entender, de dar impulso, y desarrollar su organización. Es
nuestro “deber ser” en la Nag Mapu, la tierra que andamos, el espacio
territorial que reproduce la Wenu Mapu, la tierra de arriba. Son las normas que
ordenan la reciprocidad, el espacio en que es posible alcanzar el intercambio
con el fin de otorgarle continuidad a los equilibrios duales, que dicen
relación, por ejemplo, con el día y la noche; salud y enfermedad; arriba y
abajo; alegría y tristeza; anciano y joven; mujer y hombre; vigor y debilidad”, Este derecho se muestra
nítido y vigente -para quien quiera verlo- en los procesos de exigibilidad de
derechos del pueblo mapuche.
Esta sola situación -omisión de la existencia
del derecho mapuche- constituye una discriminación del proceso, una negación de
la existencia de los acusados como sujetos miembros de un pueblo, de una
comunidad o lof, que ha sufrido injusticias, arbitrariedades y exclusiones
históricas, causas de las que no debería prescindir una investigación judicial respecto
de un hecho ocurrido en el marco de un proceso de exigencias sociales
comunitarias.
Por otra parte el resultado del
proceso, la condena con las penas ya señaladas, va a consolidar la política
administrativo/judicial de criminalizar la exigibilidad de los derechos
colectivos del pueblo mapuche, en este caso el derecho a recuperar sus
territorios ancestrales, ahogando toda protesta social con represión y condenas
como esta. Se utiliza de esta manera el Derecho Penal para asignarle un
carácter de “peligrosidad social” a los miembros de este pueblo que reivindican
sus derechos confrontando el orden social, entendiendo este concepto como aquel
que “permite distinguir entre anormales (el que choca con el orden social) y
normales (los que se adaptan a él).
La criminalización y la
judicialización misma de este caso como de todos aquellos en que encuentran
involucrados derechos colectivos, constituyen una respuesta equívoca por parte
del Estado, ya que pueden abrir una pendiente sin retorno a la ya malograda
relación entre el Estado y el pueblo mapuche respecto de un tema que requiere y
debe tener soluciones políticas.
HISTORIAS DE LA SOLIDARIDAD
Tanta
palabra solo tiene como sentido acompañar a quienes hoy necesitan de nuestra
solidaridad, de maneras simples o complejas, con palabras o con visitas, con
alimento material o espiritual, con aportes pequeños o grandes, cada cual según
sus posibilidades.
La palabra del sentido es palabra de acción en la medida que
despliega el conocimiento transformador aportando al cambio, no se queda
estancada, se multiplica y florece.
Gulumapu: Carta de José Naín Curamil desde la
Cárcel de Angol
por Mapuexpress - Informativo Mapuche Monday June 21, 2004 at 03:38 PM
mapuche@mapuexpress.net
En este
escrito, envío saludos muy cordiales a todas las personas, organizaciones y
agrupaciones de apoyo a la causa de nuestro Pueblo Mapuche. Aquel que a través
de la historia y de múltiples formas ha sido excluido y negado de todos los
derechos que nos asisten.
Tengo que ser muy honesto, con
el propio y sincero dolor que siento en este momento, también quisiera decir, que
soy aquél mapuche, que lucha, siente, llora. Estando en este lugar he sentido
mucha soledad, incertidumbre y dolor, en un país de mentira e imaginario, que
predica democracia que habla de estado de derecho, negando y borrando parte de
su propia historia.
En mi vida he descubierto la
mentira primero en mi mismo, y eso mismo me orienta que a los mapuches se nos ha
alimentado de muchas mentiras asistencialistas. Espero, hermanos y hermanas,
que me entiendan y, al menos ustedes, aunque sea de presencia apoyen mi
lamento. No es fácil para mí escuchar muchas veces que mi esposa y mis dos
hijas me necesiten. Sin embargo, estoy aquí dándome en sacrificio vivo junto a
mis otros Peñis que también están sufriendo el dolor que significa luchar por
nuestras tierras, justicia, cultura y libertad. No quiero pensar, que pasaré 5
años de mi juventud estando como criminal, no siéndolo mientras muchos reales
criminales en Chile gozan de privilegios.
Me gustaría que esto que les
escribo traspase nuestras fronteras y que el mundo sepa, que ni con todo lo que
han hecho creer sobre la supuesta democracia en Chile, todavía habemos muchos
que no podemos hablar, pues si lo hacemos nos esperan persecuciones, procesos
viciados, y condenas por presiones políticas y económicas.
Vivo en un país donde se puede
hablar sólo lo que a los políticos y el poder económico les conviene.
Chile utiliza a los indígenas
como etiquetas y sellos de monedas, sin embargo, quiero que todos ustedes,
mapuches y no mapuches sepan que para un prisionero mapuche eso no es ninguna
consideración sino utilización.
Quiero que sepan que no ha sido nada fácil para mí estar en éste lugar:
1.- Porque soy el único mapuche condenado en ésta unidad penal
2.- He tenido problemas con los mismos internos, porque no entienden mi
problema.
3.- Porque nadie puede entender que luchar por lo que nos han robado, sea más
encima condenado.
Agradezco a aquellos que sea
como sea tratan de hacer cosas a mi favor.
Pero me gustaría que su
solidaridad, hoy día mas nunca funcionara, tengo mucha fe en ngünechen;
lamentablemente la fe y la obra conjunta son las hacen crecer nuestros desafíos.
Porque mi esposa para viajar debe hacerlo pagando locomoción, no por fe. Nadie
compra un kilo de pan con fe, hay que tener monedas.
Hermanos: pu peñis y lagmien
dos de mis hijas sufren junto a mi esposa. Ninguna organización nos apoya.
¿Dónde están esos grandes discursos? ¿Dónde se esconden aquellos que hablaron
de luchar?
Hermano si lees esta misiva, no te olvides que yo con mucho dolor te escribo.
Mi futuro es incierto y la distancia que existe de mi residencia es mucha. Las
organizaciones deben saber que nosotros en la cárcel y nuestras familias afuera
necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos. Nuestra lucha no puede quedar
en el silencio.
Declaración Pública de Preso Político
Por José Nain
Curamil (*) / 4 de noviembre del 2003
Digo a la opinión pública nacional e internacional:
Extiendo estas palabras, para
que se informe de que somos, muchos los mapuches procesados y perseguidos, es
los que históricamente hemos sufrido, porque es a nosotros lo que hoy tenemos,
la responsabilidad, política y social de nuestra causa. Quiero decir, al
gobierno que de aquí a un tiempo en Chile deben reconocerse nuestros legítimos
derechos:
No me queda más, que hacer un
llamado a todos los sectores; tribunales de justicias, gobierno y partidos
políticos, que bastante bien le hará a este país, que retire todas las demandas
en contra de quienes con mucha razón elevamos nuestras voces. No me gustaría,
saber que seguiremos detenidos, condenados y perseguidos; mientras en este país
no se está sancionando; Redes de pedofilia, coimas y un sin fin de casos de
corrupción. Por gente hasta del ámbito legislativo es decir de los mismos integrantes
de partidos políticos.
Cuando yo como mapuche me
condenaron, no me causó ningún asombro. Porque yo sé que en este país, siempre
se nos perseguirá por muchos de aquellos, que gozan de impunidad absoluta. Es
por eso que digo a la opinión internacional, que los últimos 12 años de
Gobierno Democráticos. Han sido igual de excluyentes y racistas que los grandes
momentos del gobierno del régimen militar. Nosotros el pueblo mapuche queremos
que se nos respete. Pero no es ningún respeto, cuando los mapuches hoy día
condenados estamos juntos, con grandes delincuentes, que realmente constituyen
peligro, donde sea, incluso aquí en la cárcel.
A la Iglesia, también que se
pronuncien, al respecto y que no sean cómplice de lo racista y excluyente que
es el aparato institucional del Estado de Chile. Cuando ampara en forma discriminatoria
a los grandes intereses económicos, ayudando de esta forma que se nos siga
invadiendo nuestra identidad, como pueblo-nación.
No podemos hablar de estado de
derecho cuando nosotros los mapuches seguimos reivindicando nuestro derecho
preexistente. Que quiero decir con esto, que antes que el Estado chileno se
constituyera, nosotros los mapuches, ya estábamos estructurados con nuestras
propias políticas. O sea no pueden hoy decirnos, que nos han enseñando a
gestionar nuestro derecho. Porque nosotros hacía ya miles de años, antes de que
incluso llegara Cristóbal Colon, teníamos nuestra propia cultura y forma de ver
nuestro mundo.
Faltando unos pocos días de
que la autodenominado Comisión de Verdad y Nuevo Trato, que elabora en estos
momentos un informe sobre derechos indígenas en Chile. A decir de esta
comisión, que lo a continuación digo, es la Verdad y Nuevo Trato.
Verdad: Que existen entre la
VIII, IX y X regiones, aproximadamente más de 250 mapuches procesados y algunos
condenados: solo por los procesos ante de la reforma procesal penal, más
conocida hoy como Ministerio Público. Cientos de mapuches, baleados, torturados
y causa de lo mismo, las divisiones dentro de las comunidades. También han
existido muerte de mapuches (provocado por instituciones del Estado Chileno).
No olvidando a quién por luchar por su derecho donó su vida, por nuestra causa,
me refiero a nuestro hermano Alex Lemun Saavedra, que con mucho dolor lo
recordaré siempre.
Nuevo Trato: No sé, a que se
refiere este famoso nuevo trato, cuando somos muchos los mapuches que vemos
incierto nuestro futuro tanto personal y familiar. Sabiendo que se ha
instalado, como proyecto piloto a la IX región, la famosa reforma procesal
penal, con el solo propósito de detener y desestructurar, nuestro movimiento
indígena. Existen muchas cosas que nosotros los mapuches tal vez nunca
entenderemos. Porque jamás se nos ha pedido opinión.
En
estos meses de condena he escuchado, muchas informaciones de grandes tratados
que nuestro país ha firmado pero aún no sabemos cuántos de esos tratados
beneficiarán a los pobres indígenas, obreros o campesinos. Todo es y seguirá
siendo incierto para muchos ciudadanos, mapuches y no mapuches pobres que hemos
elegido a quienes representen nuestros intereses supuestamente. Esos mismos que
después de conseguir sus objetivos, hoy se olvidaron de nosotros y de muchos de
nuestros familiares. Aunque en este momento no sé si esta declaración llegue a
destino para su publicación. Pero quiero que al menos ustedes hermanos y hermanas
mapuches sigan luchando, dando además a conocer el trato vejatorio y hostil de
que somos víctimas.
PU
PEÑI, PALIFE, WEICHAFE, KA EIMÜN PU LAMNGEN, AMULNEFIMÜN TA TUFACHI MAPU
RAKIDUAM
MARRI
CHI WEU, MARRI CHI WEU
KOM
PU CHE
