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sábado, 8 de diciembre de 2018

Informe policial secreto: Camilo Catrillanca estaba en la mira de Carabineros de Chile

Por Nicolás Sepúlveda, Ciper
Para el vocero de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Mijael Carbone, no fue una sorpresa saber que su nombre y el de otros dirigentes de su organización aparecían como “blancos” en un informe de la UIOE
Un informe del equipo de Inteligencia policial identificó a mediados de 2017 a Camilo Catrillanca como un líder de la Alianza Territorial Mapuche, una de las organizaciones a las que apunta Carabineros como responsable de la violencia en La Araucanía. Su foto está inserta en un cuadro de los líderes mapuche identificados como blancos a seguir paso a paso. CIPER accedió a ese informe de Inteligencia, el que también identifica a varios niños y adolescentes mapuche como objetos de seguimiento y revela su contenido a sus lectores.
A mediados de 2017 el nombre y rostro de Camilo Catrillanca ya era bien conocido  por los miembros de la sección de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía. El rol del comunero al interior de Temucuicui era observado con atención por la unidad policial que en ese momento desplegaba con fuerza y un enorme apoyo de las autoridades una operación cuyo objetivo era descabezar y encarcelar a los principales dirigentes de las comunidades mapuche en conflicto en esa zona. De hecho, su foto estaba inserta en un organigrama secreto que esa unidad confeccionó, como uno de los blancos a monitorear en cada uno de sus pasos y contactos.
El documento -“Exposición coordinación zona control orden público”– que CIPER revela a sus lectores, fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE). La misma unidad que en esos precisos días de 2017 llevaba a cabo la “Operación Huracán”, utilizando un sistema para inyectar pruebas falsificadas a dirigentes mapuche que les permitieron encarcelar a unos y perseguir como prófugos a otros. Cuando ese montaje policial se descubrió, no solo la UIOE fue disuelta y sus cabezas procesadas, sino que también le costó el puesto al director de Inteligencia y al director general de Carabineros (general Bruno Villalobos).
¿En base a qué antecedentes esa unidad de Inteligencia policial había puesto a Camilo Catrillanca en su radar de seguimiento?
En el informe “secreto” revisado por CIPER no hay ni un solo hecho que vincule a Camilo Catrillanca con delitos comunes y tampoco con actos terroristas. Lo que lo puso en el radar de la policía fue el destacado rol que Catrillanca ejercía y, desde hacía años, en su comunidad, en la defensa de su identidad cultural.
A los 17 años era el dirigente estudiantil secundario más visible en la zona de Ercilla. En medio de las protestas estudiantiles de 2011, Catrillanca exigió la desmilitarización del territorio mapuche. Estudiaba en el Liceo de Pailahueque (donde formó un grupo cultural) y lideró la coordinación con estudiantes del Liceo de Ercilla para tomarse el municipio de esa comuna, convirtiéndose en el vocero de esa movilización. La revista NATs, recogió sus declaraciones:
“En la comunidad de Temucuicui, a la que pertenezco, estamos teniendo muchos allanamientos, ya no somos libres, ya no podemos caminar en los cerros y cuidar nuestros animales, la represión es demasiado fuerte. El Estado es el principal represor, el que manda a Carabineros a asesinar, porque estamos expuestos, nos están tirando balas a quemarropa”.
El edificio donde funcionaba el Liceo de Pailahueque, el mismo en el que se educó Catrillanca, ahora es ocupado como cuartel de las Fuerzas Especiales de Carabineros.
ALIANZA TERRITORAL MAPUCHE (ATM)
En la página 24 del informe secreto de Inteligencia de Carabineros aparece el nombre y la foto de Camilo Marcelo Catrillanca Marín. Esa lámina muestra a los principales dirigentes de la Alianza Territorial Mapuche (ATM). En este punto el reporte de Carabinero sí dio en el blanco. Desde la ATM confirmaron a CIPER que Camilo Catrillanca era un importante dirigente de su organización.
La ATM vio la luz pública durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En un inicio se formó con comunidades descontentas con el trabajo del delegado presidencial del gobierno para temas indígenas: el entonces ministro José Antonio Viera Gallo.
Esta organización del mundo mapuche nació con una marca de fábrica: a diferencia de otras agrupaciones de la zona, esta sí estaba abierta al diálogo. En 2009 una delegación de loncos de la ATM viajó hasta Santiago para reunirse con la entonces presidenta Michelle Bachelet, pero no fueron recibidos. Más tarde, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el abuelo de Camilo Catrillanca, el lonco Juan Catrillanca, participó en mesas de diálogo con La Moneda.
La ATM está integrada por comunidades ubicadas en distintas provincias, pero es en la comunidad de Temucuicui Tradicional donde han ganado relevancia sus dirigentes más conocidos. Entre ellos destaca Juan Catrillanca. En el informe de Carabineros aparece como el máximo líder de la ATM. Junto a él figuran otros siete comuneros, entre ellos su nieto, Camilo Catrillanca. En la lámina que identifica a los integrantes de la ATM a seguir de cerca, lo único que se menciona es que tendrían presencia en comunidades de Curacautín, Freire, Teodoro Schmidt, Cunco, Hualpín, Padre Las Casas, Victoria y Ercilla. También se menciona una supuesta cercanía de su vocero (Mijael Carbone) con la Conadi y la participación de un “profesor de Estado con tendencia política socialista”.
Parte del informe policial secreto.
La comunidad de Temucuicui está dividida en dos: Temucuicui Tradicional (donde vive la familia Catrillanca) y Temucuicui Autónoma, encabezada por los hermanos Huenchullán, quienes son identificados en el informe policial como miembros de la organización Resistencia Mapuche Malleco (RMM).
El único dato que aparece en ese informe de Inteligencia que vincule a Camilo Catrillanca con algún ilícito, es ser amigo en redes sociales de Fabián Llanca. La información que la UIOE entrega sobre Llanca era que lideraba una “organización criminal” a la que se “asociaba” al “robo de vehículos, tráfico de drogas, desórdenes, porte de armas y munición, atentados incendiarios de camiones, casas y galpones; y al homicidio frustrado a carabineros de servicio”.
A pesar de ese extenso prontuario asociado, Fabián Llanca solo fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Collipulli por “robo con intimidación” en 2017. Al revisar en el Poder Judicial en qué estado está esa causa, figura en calidad de “suspendido”, por lo que no fue condenado. Su ficha policial registra dos condenas: por desórdenes públicos (2014) y por oponerse a la acción de Carabineros (2013). No hay rastro del prontuario que le adjudica la UIOE.
Para el vocero de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Mijael Carbone, no fue una sorpresa saber que su nombre y el de otros dirigentes de su organización aparecían como “blancos” en un informe de la UIOE:
-Nosotros no teníamos muy claro el monitoreo que nos hacía Carabineros, hasta que apareció lo de la “Operación Huracán”. La falsificación que realiza Carabineros es tremenda. Delitos en los que no tenemos nada que ver, pero nos vinculan a ellos a nosotros, los dirigentes. Nos inventan delitos. Lo que ellos buscan con esto es generar una estigmatización del movimiento mapuche, quieren ligarlo a delitos comunes para desvalorizar la lucha. Y lo hacen cargándoles delitos comunes a los dirigentes que más destacan –afirmó Carbone a CIPER.
Carbone conocía y muy bien a Camilo Catrillanca. Crecieron juntos en la comunidad de Temucuicui Tradicional, donde el rol de Catrillanca destacaba en la organización de actividades culturales: “Cumplía funciones en los nguillatún, en ocasiones él era capitán de los caballos, ordenaba y lideraba los caballos que llegan al nguillatún y también era bailarín, un choikefe (un baile tradicional mapuche que imita el vuelo de los pájaros)”.
Camilo Catrillanca participando de nguillatún
Otra de las láminas del informe de Inteligencia secreto de la UIOE, presenta las fotografías de seis niños y adolescentes mapuche (con sus respectivos nombres) que estarían involucrados en “daños y desórdenes en el sector urbano de Ercilla”. Todos ellos son, al igual que Camilo Catrillanca, blancos a seguir por la policía.
Los rostros de estos niños hacen recordar que fue precisamente el testimonio de otro menor de edad (M.P.C.) el que desencadenó el derrumbe de la maraña de mentiras que se tejió en torno a la muerte de Camilo Catrillanca, en la tarde del miércoles 14 de noviembre al interior de Temucuicui.
EL INFORME
El informe de Inteligencia de la UIOE de La Araucanía, al que accedió CIPER, está acompañado de un power point. Esa presentación de 28 láminas, que resume los datos de los principales dirigentes mapuche que la policía identifica como blancos, fue utilizada para informar a las autoridades de los avances logrados por Carabineros en la zona. Y permite constatar que Camilo Catrillanca ya era desde hace un tiempo un blanco para los equipos especializados en conflicto desplegados en La Araucanía.
Es probable que de ese informe haya salido la información que fue entregada al que fuera intendente de la zona, Luis Mayol, y que de allí sacara el dato erróneo que lo obligó a abandonar su cargo días después del asesinato de Catrillanca.
El informe de Inteligencia policial identifica cuatro organizaciones que liderarían las protestas más violentas de las comunidades mapuche: Coordinadora Arauco Malleco (CAM); Weichan Auka Mapu (WAM); Resistencia Mapuche Malleco (RMM); y Alianza Territorial Mapuche (ATM). Las infografías muestran a los principales liderazgos de cada una de ellas y los supuestos delitos que habrían cometido. Lo interesante es que, en la lámina que identifica a los dirigentes de la ATM –entre los que aparece Camilo Catrillanca– no figura ningún delito asociado.
A los miembros de la WAM el informe de inteligencia policial los asocia a un atentado incendiario a una faena forestal, a un incendio y robo con intimidación en el fundo San Guillermo en Cañete, y a un atentado a la Iglesia Evangélica del Señor. A los nombres que allí aparecen como responsables de esos delitos, se suman otros que fueron agregados a la infografía por el solo hecho de haber visitado a los primeros comuneros encarcelados por esos delitos.
A la CAM se le atribuye el incendio en el fundo San Leandro (2010) y en la lámina correspondiente se incluyen fotografías de 20 supuestos integrantes de esa organización. En el apartado que detalla quienes integrarían la RMM (que incluye a los hermanos Huenchullán), solo se los acusa de provocar desórdenes en tribunales.
En otros acápites del informe de inteligencia policial se dice que disponen de “fuentes cerradas” (informantes) al interior de la comunidad Temucuicui Autónoma,  que les informan sobre lo que allí ocurre. Y se despliegan fotos -con sus respectivos nombres- de los encargados de distintas tareas en esa organización: buscar financiamiento para comuneros en clandestinidad, difusión en internet del conflicto, apoyar marchas en Temuco, coordinar reuniones con políticos, abastecimiento de armas y municiones, accesos y seguridad de la comunidad.
Según ese mismo reporte policial, el armamento con que contaría Temucuicui Autónoma sería: seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, dos fusiles; y se identifica al dirigente mapuche encargado de suministrar las armas.
CIPER cotejó la información que detalla el informe de inteligencia con los diálogos que aparecen en los whatsapp entre comuneros mapuche que los miembros de la UIOE presentaron como pruebas en la “Operación Huracán”. La cantidad de armas de que dispondría Temucuicui Autónoma es exactamente la misma que aparece siendo solicitada en uno de esos whatsapp por Jorge Huenchullán, uno de los líderes de esa comunidad, a Héctor Llaitul, líder de la CAM, para ser traídas desde Argentina. Pero esa operación iba a ser llevada a cabo el 2 de diciembre de 2017, es decir, meses después de que la UIOE confeccionara este informe secreto.
La conversación entre Huenchullán y Llaitul (por whatsapp), afirmó la policía en su momento, había sido captada por el software “Antorcha”. Como se sabe, ese fue un invento más del civil Álex Smith (el “profesor”), actualmente en prisión preventiva por ese montaje criminal. El supuesto tráfico de armas desde Argentina, el que involucraba a ex miristas, formó parte de la llamada “Operación Andes”, la que también fue un montaje policial.
¿Cómo Temucuicui Autónoma podía tener en su poder armamento que se traficaría meses después desde el otro lado de la cordillera? Esa pregunta nunca fue respondida por los jefes de Inteligencia de Carabineros.
El informe policial -que ahora revela CIPER- identifica a once nombres como “blancos importantes para detección de armas”. En su mayoría, son jóvenes comuneros que “suelen acompañar” al dirigente mapuche que Carabineros identifica como el encargado del armamento de Temucuicui Autónoma. Entre ellos, aparece un menor de edad.
El documento secreto de la policía continúa con estadísticas de operativos que se presentan como sus logros entre 2016 y agosto de 2017: 490 municiones “recuperadas”, 306 detenidos, 21 procesos investigativos abiertos; 11 “organizaciones criminales desarticuladas”. En el detalle de los procedimientos policiales se incluye una incautación de marihuana (49 plantas) realizada el 9 de abril de 2017 en la comunidad de Temucuicui Autónoma (a la que no pertenecía Camilo Catrillanca). En total, la UIOE señaló en este informe haber incautado 180 matas de marihuana en un año y medio en toda la Región de La Araucanía.
Pewenche, Purram Zugu, Lawenmapu, Pelontuwe y Newen Kimun son los cinco hogares mapuche que el informe de Inteligencia policial identifica como puntos de reunión de estudiantes mapuche que son “comuneros radicales”. En otro de sus acápites, el informe muestra las supuestas “rutas vulnerables” donde las organizaciones mapuche pueden desplegar sus acciones violentas. Para cada una de ellas se sugiere una ubicación para instalar controles policiales.
Parte del informe policial secreto.
LA MUERTE QUE PROVOCÓ UN QUIEBRE
Transcurridos 14 días desde el asesinato de Camilo Catrillanca aún no hay un responsable claro de su muerte. El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, renunció a su cargo luego que la Democracia Cristiana lo amenazara con una acusación constitucional por sus dichos sobre los “antecedentes penales” del comunero asesinado. De ser aprobada, Mayol habría quedado inhabilitado por cinco años para desempeñar cualquier cargo público. Tampoco podría haberse presentado a la futura elección de gobernadores, como es su deseo.
Las protestas por su muerte continúan desarrollándose en distintos puntos del país. Y en la comunidad de Temucuicui Tradicional hoy todos saben que su asesinato dinamitó por un largo tiempo los anhelos de diálogo de su lonco Juan Catrillanca.

ENLACES RELACIONADOS:

HISTORIA DE INJUSTICIAS. 
http://indigenasurbanos.blogspot.com/2018/11/historia-de-injusticias-comunidad.html



HISTORIA DE TEMUCUICUI



La emblemática comunidad que lucha por el derecho a existir en la tierra ancestral.



“Temucuicui: Paradigma de la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Chile”.

Documento elaborado por Eduardo Mella Seguel y Matías Meza-Lopehandía Glaesser, ambos investigadores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.


martes, 12 de junio de 2018

Persecución y prisión política: De las sangres, todas (sobre Héctor Llaitul y prisioneros políticos en Chile y otros estados)


Chile. Persecución y prisión política: De las sangres, todas

Por Andrés Figueroa Cornejo 

“Pueblo es la letra, pueblo la ventana, / la cosecha, la escuela, el canto y la palabra; / y suyos son los combates, / suyos los deberes / y el derecho incesante / de alumbrar la tierra / con el incendio de las cárceles”
Patricio Manns

El 8 de junio, los familiares y amigos por la Vida y la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena, antifascista y combatiente internacionalista chileno, hace casi 17 años prisionero político en las cárceles del Brasil, organizaron un foro en las dependencias de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, donde participaron el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul; el revolucionario Jaime Castillo Petruzzi; y los abogados de DDHH, Alberto Espinosa y Rodrigo Román. La cita fue bienvenida por el presidente de la Fech, Alfonso Mohor.

“En la figura del hermano Mauricio Hernández Norambuena se puede expresar todo lo que podemos decir sobre la persecución y la cárcel política”, sentenció el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, el líder mapuche Héctor Llaitul.
“Por eso arranco con un homenaje a Mauricio. Por el sentido que tienen los distintos diálogos entre mapuche y no mapuche para compartir las luchas por los derechos de nuestros pueblos. Seguramente Mauricio Hernández tendrá noticias de este encuentro, del cual considero un honor participar”, agregó Llaitul.

-¿Desde dónde hablas?
“Desde mi condición de vocero de una organización mapuche autonomista, revolucionaria, la CAM. Por eso mi voz se dirige a la persecución y prisión política de mi Pueblo Nación Mapuche. Y les transmito con la autorización debida, el abrazo de dos grandes líderes de mi pueblo que hoy padecen la prisión política: el Machi Celestino Córdova y Facundo Jones Huala. Celestino está actualmente en huelga de hambre por retornar a su rewe (lugar sagrado), reclamo integrado al ámbito de nuestra espiritualidad antigua. Así es como nosotros levantamos una concepción desde nuestra historia propiamente mapuche y somos un aporte al combate de la humanidad por su libertad plena. La lucha del Machi Celestino no proviene del mundo de la razón instrumental occidental, sino que de un mandato de nuestra espiritual ancestral, de nuestras fuerzas y energías. De la naturaleza, que es el mundo con el que convivimos y que debemos defender. Tiene que ver con la esperanza, con la vida, con la justicia. Debido a ello, el Estado chileno le niega a Celestino la visita a su rewe. La institucionalidad de Chile sabe que de nuestras prácticas culturales, simbólicas, espirituales, provienen fuerzas tales que permitirían a nuestro pueblo proyectar un proceso de liberación.

Asimismo, hablo por la voz del lonko del puelmapu, Facundo Jones Huala, también prisionero político en huelga de hambre, esta vez, castigado por el Estado argentino. Facundo desde muy joven sintió una gran identidad con nosotros, y con el tiempo y con su compromiso, cobró altura en nuestro pueblo. Nosotros, los weichafe (combatientes), tal vez logremos alcanzar algún día un rol de mayor importancia, cuando se defina mejor el estado de beligerancia, como fue en antaño. Por ahora, para reconstruir ese tejido social, político, simbólico, cultural y espiritual, las figuras presentes de nuestras autoridades ancestrales nos son de vital importancia. Facundo se resignifica como tal en el desenvolvimiento de la lucha misma. A pesar de la cárcel.”

-¿Qué significa persecución política para el mapuche en lucha?
“No sólo el acoso y la persecución a una propuesta o línea política. Tiene que ver con aquello que nos alimenta en medio de una lucha absolutamente desigual y de desventaja estratégica, como la que han sufrido las y los revolucionarios en todos los campos, cada vez que luchamos contra el sistema capitalista y sus Estados opresores. En nuestro caso, la emancipación mapuche y sus medios, no pueden ser comprendidos sin la unidad con su espiritualidad.”

-¿Se inscriben en la lucha por la libertad de todas y todos los seres humanos?
“Nos queremos liberar, pero de acuerdo a nuestra condición compleja de mapuche. Y esperamos reciprocidad, como la que tenemos nosotros ante cualquier desarrollo liberador de los oprimidos de cualquier pueblo. En consecuencia, rodeamos a nuestros hermanos internacionalistas, antifascistas, anticapitalistas, que están en distintas prisiones. Me sumo a la causa libertaria de la América Morena, del Abya Yala, de la América Indiana. Me hago uno con la solidaridad de todos los pueblos que hoy resisten y que mañana también lo harán.”

-Tú has sido un prisionero político…
“Me ha tocado la hora de pasar por la cárcel y, quizás, venga otra vez. La lucha de nuestro pueblo se encuentra en proceso, y nuestra organización, la CAM, está comprometida con dotar de continuidad a lo que hemos sostenido. Los mapuche nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Si nos derrotan ahora, nos derrotarán para siempre. Sólo entonces puede entenderse nuestra definición de un autonomismo revolucionario, conforme al contexto de agudización de la beligerancia que se ha instalado en el wallmapu, con sus formas criminalizadoras, racistas, militarizadas, en contra de nuestras reivindicaciones históricas y prácticas de resistencia. Sobre todo cuando la gobernanza capitalista neoliberal tiene la fuerza que todos conocemos.”

-¿Y qué ocurre con la propuesta política de la CAM?
“Ella es la que se persigue y encarcelada cuando se encarna en militancia. Únicamente así se explican la llamada Operación Huracán y la ley antiterrorista. Sobre esta última, ya habrán oído las modificaciones que quieren hacerle a la actual normativa. Es una herramienta del Estado en contra del Pueblo Nación Mapuche, pero no es exclusiva para nosotros. Lo que sucede en el wallmapu es lo que le ocurrirá al movimiento popular chileno. Cuando Piñera asumió el gobierno chileno fue al territorio nuestro a plantear las modificaciones a la ley antiterrorista. El fascismo le llama la “modernización” de la presente legislación. Pero los pueblos sabemos que se trata del perfeccionamiento de la represión en contra de todas y todos quienes nos enfrentamos al sistema capitalista y al Estado opresor.”

-¿Qué proponen desde la CAM ante el “perfeccionamiento” de la represión?
“Unificar criterios entre los distintos movimientos organizados que pugnan por la libertad y la conquista de derechos sociales. ¿Cómo hacemos un frente común ante las arremetidas criminales del Estado chileno? La ley antiterrorista no puede quedar en manos del congreso chileno. Debemos echar a andar una discusión entre los propios movimientos organizados para resolver cómo encararla. Por ejemplo, yo me enteré por la prensa que estaba en medio de una causa judicial de la cual luego fui sobreseído. Un procedimiento jurídico de espionaje, de sabotaje informático. Supuestamente, otra persona y yo teníamos la capacidad de hackear al jefe de la Inteligencia y de la unidad operativa que funcionaba en el wallmapu. Así como también podíamos hackear e infiltrar al fiscal jefe de alta complejidad encargado de la persecución penal contra la resistencia mapuche. ¡Imagínense! Posiblemente, a través de este montaje, el objetivo era condenarme por asociación ilícita terrorista. Piñera quiere imponer ahora la figura del “terrorista informático”, del “terrorista individual”. Se habla de judicializar “la apología de la violencia” para perseguir las ideas. Observen los alcances que pretenden hacerle a la ley antiterrorista. Incluso dicen que, ya una vez resueltas las condenas por terrorismo, los acusados carezcan de la posibilidad de obtener su libertad, bajo el sistema intrapenitenciario. Se trata de iniciativas que buscan golpear a los militantes, a las organizaciones que vamos a luchar por nuestros pueblos. Gracias al acompañamiento y a la solidaridad hemos conseguido parcialmente frenar esta ley. Sin embargo, se está creando un escenario social, político y mediático que puede favorecer los cambios a una ley que, para todos nosotros, es una creatura al servicio del fascismo.

Y respecto de la Operación Huracán, consideramos que fue diseñada no para castigar a un grupo en particular que estaba realizando una acción específica, sino que la finalidad del montaje fue poner en rodaje un medio para enfrentar cualquier propuesta política anticapitalista y revolucionaria en el mundo mapuche. Estamos hablando de más de 200 teléfonos móviles intervenidos ilegalmente; y de 60 supuestamente de manera legal. Una de las modificaciones a la ley antiterrorista, precisamente, consistiría en la legalización de las intervenciones telefónicas indiscriminadamente. De hecho, si algún artista me saludó en un evento público y me envió un saludo por mensajería móvil, a ese artista también le intervinieron el teléfono y fue involucrado en el montaje estatal.

La represión quiere ahogar a una organización mapuche que está visibilizándose.

Lo cierto es que el poder, hasta el momento, siempre ha tomado la iniciativa en nuestra contra, y no existe un pronunciamiento de la opresión organizada al respecto. En ese sentido, insto a la comprensión de que la prisión política es otra trinchera de lucha. Y la cárcel no nos debe atemorizar. La valentía y convicción de nuestras prisioneras y prisioneros políticos, más allá del proyecto liberador específico, es una forma de resistencia activa. Con ese entendimiento venceremos y nos levantaremos diez veces.”



“Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos”
Uno de los abogado históricos de la defensa de los DDHH en Chile, Alberto Espinosa, actualmente jurista del ex combatiente antifascista e internacionalista chileno Mauricio Hernández Norambuena, quien sufre un cautiverio de casi 17 años en los calabozos más destructivos del Brasil, distinguió dos momentos que contiene la condición de prisionero político, “como víctima y como luchador social, a la vez.  El prisionero político es una víctima de la persecución de los aparatos del Estado mediante la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Asimismo, es sometido a un enjuiciamiento cuyos procedimientos legales no existen, como el derecho a la defensa y a ser oído en un marco de garantías mínimas. Las normas que recibe son básicamente represivas, como la justicia militar, las leyes antiterroristas, la ley de seguridad interior del Estado o la doctrina de la seguridad nacional. A mí no me gusta la perspectiva del prisionero político como víctima”.

-¿Por qué?
“La acción de la justicia está determinada por la política dispuesta por los poderes fácticos. Sin embargo, yo observo al prisionero político como un luchador social porque su práctica está asociada a una concepción de transformación profunda de la sociedad tal como la conocemos. En general, en Chile fueron perseguidos y prisioneros políticos aquellos que constituyeron, en distintos roles, las fuerzas sociales que explican la Unidad Popular de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque la Unidad Popular se presentó como un proyecto de sociedad distinto a la supremacía de las relaciones sociales capitalistas. Todas las personas que fueran hechas desaparecer y ejecutadas, primero fueron prisioneros políticos. Se trata de la gente que, como luchador y luchadora social, estuvo comprometida con el cambio radical de la sociedad. Luego están las y los prisioneros que asumieron la resistencia ante la represión de la dictadura cívico militar. Allí yo conocí a los prisioneros políticos en su situación de combatientes y revolucionarios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, del Partido Comunista, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Mapu-Lautaro. Asimismo, y desde tiempos anteriores a la fundación del Estado chileno, se encuentran las y los prisioneros políticos mapuche.”

-¿En qué se diferencia el PP mapuche del no mapuche?
“Yo no veo ninguna distinción sustantiva. La condición de luchador social es la misma. Es el mismo Estado el que reprime física y simbólicamente a la resistencia y a las reivindicaciones de derechos sociales arrebatados. La cárcel estatal es un medio de los intereses privados condensados en un Estado burgués que está subordinado a los intereses de las clases sociales dominantes, de los grandes grupos económicos, del gran capital. Es el mismo comportamiento que adopta frente a los derechos sociales conculcados de la población sobre la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los servicios básicos.”

“Ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos”
El abogado defensor en los últimos años de miembros del Pueblo Nación Mapuche, Rodrigo Román, manifestó que “la prisión política es preciso tratarla desde el Derecho Penal Político en tanto forma por excelencia de control social y legislación antiterrorista. Esa ley se hizo en los 80 del siglo XX para perseguir a la resistencia más resuelta contra la dictadura, principalmente proveniente del MIR, del FPMR y del Lautaro. Hoy, esa misma ley se aplica a la resistencia mapuche en el wallmapu, esta vez, mediante un remake edulcorado formalmente”.

-¿Cuál es la finalidad de la ley antiterrorista?
“Combatir a los combatientes. Primero durante la dictadura, luego durmió un rato, y el 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue la respuesta ante la ofensiva emancipadora del pueblo mapuche, y trasladada al sur de Chile, a zonas rurales. Y se expresa de manera concentrada y caricaturesca en el caso Luchsinger-Mackay, donde en la primera y segunda resolución judicial fue tratado como un caso común de incendio con resultado de muerte, pero en su tercer momento, los jueces abiertamente se han sometido a los poderes de los ricos y poderosos, aplicando la ley antiterrorista.” (El presente texto se editó antes de que los hermanos Tralcal fueran condenados a cadena perpetua por el caso mencionado.)

-¿Y quiénes califican esos hechos?
“Los más ricos entre los ricos de la región, los grandes latifundistas agrupados gremialmente. ¿Qué ocurre entonces? Que quienes han sido calificados de transgredir la ley antiterrorista deben pasar largos períodos en la llamada “cárcel preventiva”, que en la práctica funciona como condena anticipada. Estamos hablando de más de 200 mapuche que han debido sufrir la prisión preventiva antes de ser absueltos. La ley antiterrorista “a la chilena” no es tolerada internacionalmente, y hasta la propia Corte Suprema del país (que no tiene nada de progresista), ha acusado los visos de ilegalidad que contiene esa ley.
Tanto la ley antiterrorista como la ley de seguridad interior del Estado son usualmente invocadas en contra de la disidencia política. Sin embargo, hasta los juzgados de diversos lugares de Chile coinciden con nosotros en que, bajo un Estado de Derecho, existen normas básicas que no pueden ser violadas por las presiones políticas. Las normas mencionadas tienen que ver con la actuación de las policías y las fiscalías, instituciones que muchas veces operan fuera de la ley.”

-¿Por ejemplo?
“En el bullado caso Huracán, donde se imputó de asociación ilícita a personas mapuche sobre la base de la intercepción de las mensajerías de la telefonía móvil. Y ahora ocurre que, en menos de un mes, la fiscalía va a formalizar judicialmente a toda la plana mayor de la Inteligencia de la policía, justamente por el delito de asociación ilícita. En otras palabras, en muy poco tiempo, los mapuche acusados sin pruebas y luego absueltos del delito de asociación ilícita, verán en el banquillo de los acusados, por la misma figura jurídica, a los mandarines de la Inteligencia de Carabineros. Y en este caso, ya nosotros, los abogados de DDHH, no actuaremos como defensores de los mapuche, sino que de querellantes en contra de la policía.”

-¿Qué otras herramientas ha usado el Estado policial chileno en contra de las disidencias sociales y políticas?
“La ley de control de armas y explosivos. Las llamadas “bombas molotov”, empleadas históricamente desde hace más de un siglo en la resistencia de los pueblos del mundo y de los pueblos de Chile, no estaba considerada dentro de la ley de control de armas y explosivos. Sin embargo, desde el 2005, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar las incluyó en la ley de control de armas y explosivos. Y en el 2017 la bomba Molotov tomó el estatus de cualquier arma en general, y, por tanto, con el mismo nivel de penalización. De hecho, los jóvenes estudiantes y luchadores sociales, en cantidad innumerable, han sido sancionados por ello. Incluso, antes de probar el porte de botellas con combustible, las y los chicos pasan por la prisión política, y luego son absueltos.
Por otra parte, y en el colmo del cinismo pragmático y sin principios de la institucionalidad política, muchas autoridades de la Nueva Mayoría que hasta hace tres meses, cuando aún eran gobierno, usaron la ley antiterrorista en contra de los mapuche, en la actualidad dicen solidarizarse con los mismos mapuche que criminalizaron. Al final del día, lo cierto es que ambas derechas han reprimido de igual manera al pueblo mapuche y a las y los luchadores sociales chilenos.”

“Mauricio Hernández Norambuena está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial”
Jaime Castillo Petruzzi, combatiente internacionalista, ex militante del MIR y del peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue prisionero en el país de Mariátegui durante 23 años y en octubre de 2018 cumplirá dos años de su libertad y retorno a Chile.
“Estoy muy identificado con la causa de la vida y la libertad del compañero Mauricio Hernández Norambuena. Yo no viví los años 90 en Chile, entonces llegar a la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ubicada en lo que fuera un centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura, es profundamente emocionante. Y agradezco el nombre nuevo que tiene esta calle: José Carrasco Tapia, periodista, miembro del Comité Central del MIR, luchador inagotable, prisionero político y asesinado por la tiranía. También quiero reconocer públicamente a Héctor Llaitul, a quien vi por primera vez, mientras lo detenían, por la televisión de mi celda.”

-¿Qué se le pide al prisionero político?
“Dignidad y coherencia. Por eso considero que Mauricio Hernández Norambuena resume esos valores. Hoy, y desde hace mucho, está enfrentando en primera línea al Estado burgués brasileño y mundial. Él se encuentra en las peores condiciones carcelarias imaginables; recibiendo un mínimo de visitas. Y cuando uno está prisionero lo que más necesita saber es que afuera la gente no se olvida de nuestra condición. No olvida que la lucha nuestra no fue en vano. Es preciso acompañar al prisionero político mediante la solidaridad.”

-Después de tantos años fuera de Chile, ¿Cómo viste al país a tu regreso?
“Lo que pude constatar al poco andar fue lo dispersas que están las familias rodriguista, mirista, lautarista, libertaria. Entonces la cuestión es cómo integrar nudos que apoyen la lucha radical por los DDHH, la lucha consecuente por la libertad de nuestros pueblos. Lo que se observa son “capillas políticas”, incapaces de salir de su metro cuadrado. Si no nos unimos, no le hacemos ni un solo rasguño al Estado.”

-¿Qué es la prisión política hoy?
“Tiene el rostro de los mapuche encarcelados y la pregunta sobre qué hacemos nosotros por ellos, además de las manifestaciones ocasionales. Lo verdaderamente importante es la organización que les ofrezca solidaridad permanente a los prisioneros.”

“Aprovecho de enviarles dos saludos: uno de los compañeros prisioneros políticos del MRTA en el Perú, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, y Lucero Cumpa Miranda. Y el segundo, de los compañeros venezolanos de la Coordinadora Simón Bolívar, en la voz grabada del periodista y diputado chavista, Juan Contreras”, dijo Jaime Castillo justo antes de presentar el audio, luego de lo cual añadió que “luchamos por la liberación del continente de todas las sangres, sin fronteras ni Estados opresores; sin ejércitos que hagan carne de cañón con nuestros pueblos. La sociedad socialista latinoamericana, primer paso al comunismo en Nuestramérica, tiene que ser nuestro horizonte desde ya.”




lunes, 23 de enero de 2017

Agente infiltrado de Carabineros confiesa autoría de atentados incendiarios en la Araucanía

por Oriana Miranda (Chile)
Publicado el 15 enero, 2017 , en Pueblo Mapuche

¡¡¡Esto ocurre mientras que la Sofofa llama a un golpe de Estado por la ingobernabilidad en la Región!!!


La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para realizar atentados incendiarios, por instrucciones de Carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia en la zona de la Araucanía en el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009 y juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad en ese entonces.

Por el episodio ya habían sido absueltos siete adultos, mientras que ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.

En el marco de este juicio, el martes 10 declaró en el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche.

Raúl Castro Altipán (foto: www.radiovillafrancia.cl)

“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro.

Entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba fundamental de un delito que no cometieron las palabras de este agente encubierto que trabaja para Carabineros.

Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo aseguró que “para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está pasando con este testigo protegido de la Fiscalía”, detallando el historial de juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado.

“Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuche que finalmente fueron todos absueltos. El que ahora esté participando en un nuevo juicio no solamente da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en el sur, sino que también con la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros”, acusó.

A su juicio, claramente existe una intención política detrás de la persecución hacia militantes mapuche, determinada por la aplicación de la ley antiterrorista que ha sido cuestionada por distintos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

“La aplicación de esta ley vulnera el debido proceso y las garantías procesales de los ciudadanos mapuche. Qué prueba más palpable de eso es, por ejemplo, la utilización en este caso de testigos protegidos que son delincuentes confesos, que se benefician de las disposiciones de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, la delación compensada, para ser utilizadas como herramientas de persecución de los dirigentes de las comunidades. Es lamentable que la Fiscalía tenga que recurrir a delincuentes confesos para intentar encarcelar a los dirigentes y eso es algo que debiera llamar la atención de las autoridades”, agregó.

Esta confesión viene a corroborar las denuncias levantadas desde hace años por el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, acerca del uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.

Primera Piedra 709, Análisis Semanal del 16 de enero de 2017


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