Paula Correa | Miércoles 31 de diciembre 2014 14:31 hrs.
Pasados seis años de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las autoridades confirmaron su compromiso con el desarrollo de la Consulta Indígena y darle así continuidad al instrumento. Con esto echaron por tierra la posibilidad de “retirarse” del acuerdo. Mientras, especialistas y dirigentes indígenas insistieron en la importancia de la herramienta y la necesidad de seguir adecuándose a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Como “una broma del día de los inocentes” consideraron algunos medios de comunicación mapuche la posibilidad de que Chile se retire del Convenio 169 de la OIT en 2019.
Esto luego que el diario El Mercurio planteara que, al cumplirse diez años de la ratificación del acuerdo, el Estado podría denunciarlo por “su controvertida aplicación” y por “ser objeto de reparos del mundo empresarial, que le atribuye responsabilidad en la paralización de millonarias inversiones”.
Y si bien el documento internacional permite esa posibilidad, desde el mundo político sostienen que el asunto está completamente fuera del debate. “No lo he escuchado de nadie”, dijo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, para quien esto es solo una construcción de dicho diario, y por lo mismo, prefirió no pronunciarse en detalle.
Recordemos que el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” es un instrumento que busca garantizar la protección a este sector, en particular el derecho a ser consultados sobre materias que los afecten directamente. Chile lo aprobó en 2007, después de años de tramitación parlamentaria. Se ratificó en 2008 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.
El año siguiente (2010), el entonces Presidente Sebastián Piñera inició un diálogo para reglamentar la Consulta Indígena. Situación que fue cuestionada por dirigentes de los distintos pueblos originarios, quienes lo acusaron “mala fe” y criticaron la poca participación en la decisión. Sin embargo, de esos encuentros se elaboraron dos decretos; el N°66 y el N°40 del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), los que, ante las críticas, serán revisados por la actual administración, según confirmó hace poco la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas.
Pero, pese a las dificultades y los desafíos que han surgido, el Gobierno sigue adelante con la implementación y tiene “un compromiso claro”. Así lo afirmó el vocero Álvaro Elizalde.
Elizalde confirmó que “Chile va a mantenerse en el Convenio” y que “van a desarrollar todas las consultas que sean necesarias”. De hecho, el abogado y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, sostuvo que la sola posibilidad de retractarse es bastante incierta, cuando el sistema de protección apunta en la misma línea. En ese sentido indicó que la hipótesis “no favorece a nadie”.
“La jurisprudencia del sistema Interamericano de Derechos Humanos, aplicado a Pueblos Indígenas, ha establecido en reiterados fallos que la actividad de las empresas debe desarrollarse siempre con Consulta; en algunos casos con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, con la participación en los beneficios y con compensación por los daños causados por la actividad empresarial. Por ello, aunque se pretendiera denunciar el Convenio 169 en el país, estos derechos forman parte de los compromisos internacionales que Chile ha adquirido a través de otros instrumentos (…) No hay vuelta atrás en ese sentido”.
Aylwin, también Co-Director del Observatorio Ciudadano afirmó que hace menos de un mes de desarrolló en Ginebra, Suiza, un encuentro para evaluar los 25 años de funcionamiento del Convenio en el mundo, en el que estuvo presente el Estado y representantes de la Confederación del Producción y el Comercio (CPC).
“Ninguna de las partes apuntó a las insinuaciones de salir del Convenio”, sobretodo porque los derechos que protege son fundamentales para el desarrollo de sociedades modernas y más democráticas.
5
Esta nota es un comentario al artículo del Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile:
El ratificar el Convenio era de esperarlo. Y eso puede ser bueno... Lo que importa es que el Gobierno efectiva y directamente lo aplique y lo respete. Los mayores problemas provienen del hecho que el Estado patrocina asuntos ya "cocinados" para que después todo se apruebe a toda velocidad. Los diversos decretos hechos por los gobiernos Bachelet-1 y Piñera, supuestamente "para su aplicación", más que nada, fueron mecanismo para impedir su aplicación cabal, eficiente y en los tiempos necesarios.
Sobre esto, el gobierno aún no aplica el veredicto de Julio 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre previos juicios condenatorios, con fuertes e injustas condenas. No han sido revisado los juicios considerados violatorios del Debido Proceso y del Derecho Penal de Nicolás Pichún y otros. Tampoco han entregado los juicios revisados y que cambiarán la condición de delincuentes. De hecho, sin haber sido un delincuente, Nicolás Pichún fue mantenido como delincuente y falleció como tal, por la falta de respeto al veredicto de la CIDH. Para el pueblo Mapuche esto es un insulto adicional. Tampoco se ha hecho un solo gesto de reparar el daño sufrido por los presos y sus familias. ¿Cuándo entenderá el gobierno que la palabra debe ser respetada y aplicada, respetuosamente? Mientras, la represión continúa y un vacío de esperanzas truncadas va produciéndose en los gestos políticos sin destino especialmente válido. En Chile el Convenio 169 no ha sido respetado ni en su valor ni en su intención.
José Venturelli, Pediatra
Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile
Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile
NUESTRO COMENTARIO:
Un tratado internacional no puede estar sujeto a los vaivenes de la "clase política" ni a las presiones de los plutócratas que solo han traído más pobreza, más mal vivir y más despojo de las riquezas del país.
Al mantener su compromiso con las leyes internacionales, el gobierno sólo ha hecho lo que debe. Nada hay que agradecerle.
Por lo demás, el convenio ha sido burlado día a día, y a los pueblos originarios sólo nos queda unirnos y movilizarnos por nuestros derechos.
Enlace relacionado:
No hay comentarios:
Publicar un comentario