Arauco Chihuailaf
“A los mapuches les echaron los perros de la ley encima, encarcelándolos por abigeato, después de haberles saqueado los ganados e incendiado los sembrados”.
Pablo de Rokha
¿Quiénes cometen violencia?
Se acaba de cometer un nuevo crimen: Jaime Mendoza Collío de 24 años murió baleado por la policía el 12 de agosto de este año. Ello ocurrió mientras Carabineros desalojaba un fundo ocupado por miembros de una comunidad en la provincia de Malleco.
Frente al homicidio cometido, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende declaró que “el gobierno ha mantenido una política invariable de condena de hechos de violencia. Esa no es la forma en que se solucionan las demandas de las comunidades mapuches, esto sólo causa dolor y sufrimiento”. Y según el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma: “son accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar”. Lo inquietante es que este tipo de “accidentes” ocurren siempre en el campo mapuche.
Se olvida a menudo que la violencia y la ausencia de estado de derecho son elementos intrínsecos a la constitución de la propiedad privada de la tierra en la región de la Araucanía. Remitámonos a la historia reciente. Durante el período dictatorial las empresas forestales transnacionales empezaron su avance en territorio mapuche comprando tierras a bajo precio. Además contaron con subsidios para el desarrollo de sus plantaciones así como de exenciones tributarias gracias al Decreto-ley 701 de 1974. Los mapuche se ven enfrentados, por consiguiente, a la necesidad de movilizarse para preservar tierras ancestrales. En esta movilización quedaron desamparados de todo apoyo político-institucional. Así lo reconoció el documento de “La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas” (1989): “La política económica basada en el libre mercado ha conllevado pérdida de recursos, tales como derechos de agua … imposibilidad de utilizar tierras ancestrales. Los mapuches y mapuches huilliches han enfrentado y enfrentan numerosos litigios, amenazas de lanzamientos y expulsiones de sus tierras, sin encontrar apoyo ni en el gobierno ni en la justicia”. Infelizmente, los fundamentos de esa realidad siguen inalterados. Ayer, como en los primeros decenios del siglo XX por ejemplo, las expulsiones de mapuche de sus propiedades, las usurpaciones de tierras, los asesinatos, fueron una práctica frecuente. Esos crímenes quedaron en la impunidad. Y hoy a los descendientes de esos mapuches, también se les asesina o se les condena por la defensa de sus tierras, por atentados contra la propiedad privada, por terrorismo. Y grado sumo de las acusaciones ante los tribunales, en los inicios de este siglo XXI: usurpación de tierras ! ¿Asombrarse ante tamaña desproporción?
Al crimen del 12 de agosto se agrega una nueva encarcelación: el dirigente Hector Llaitul Carillanca fue detenido en Osorno el 15 de julio de este año (2009) y conducido a la cárcel El Manzano de Concepción. Fue “formalizado por los delitos de homicidio frustrado, atentado contra la autoridad, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación” (El Mostrador, 16.7.09). El acusador: el Fiscal Mario Elgueta. Llaitul estuvo detenido en el 2007 y en el 2008 fue absuelto de los cargos que se le imputaban: “asociación ilícita terrorista para perpetrar ataques armados …para la comisión de crímenes o simples delitos contra la propiedad privada” (El Mercurio, 16.10.08). Esta acusación se suma a las centenas que ya se han formulado en contra de dirigentes y de quienes han participado en las movilizaciones, desde 1997 particularmente, para defender sus tierras.
La acción contradice el discurso
El vocabulario de las acusaciones: asociación ilícita terrorista, atentado contra la autoridad, delitos contra la propiedad privada, refleja un tinte político y mistifica la realidad. Y esto no se disipa con la declaración de la Ministra Secretaria General de Gobierno Carolina Tohá respecto a la condena de H. Llaitul : “En Chile hay un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley y nos parece importante que en este caso al igual que en todos los casos las personas que están acusadas de un crimen vayan ante la justicia y la enfrenten” (El Mostrador, 16.7.09).
Cuánto quisiéramos que la declaración de la sra. Tohá correspondiera plenamente a lo que sucede en el país. Pero no están encarcelados los responsables de las muertes del joven de 17 años Alex Lemún en noviembre del 2002 y del estudiante universitario Matías Catrileo Quezada en enero del 2008, ambos baleados por la policía. ¿Supone ello una legitimación del crimen político o que hay una violencia tolerable? ¿Se juzgará y condenará ahora al responsable de la muerte del joven Jaime Mendoza Collio? ¿Se sancionará a quiénes rechazando el diálogo optaron por el desalojo que condujo al crimen?
En el conflicto que opone a las comunidades con las empresas forestales, no se reconoce la lucha mapuche por tierras ancestrales. Todo se reduce, como lo afirmó P. Rosende, a “hechos de violencia”. ¿Las Forestales están exentas de toda responsabilidad en la agudización del conflicto? ¿Cuál es el papel que corresponde al Estado y las instituciones estatales en esta situación? ¿La necesidad de un clima social atractivo para los inversores privados (argumento utilizado hace unos días) puede justificar la arremetida policial y judicial incesante frente a las demandas mapuche? El argumento nos entrega, sin embargo, un elemento revelador: atraer a los inversionistas privados. Dicho de otro modo, lo que observamos en el plano político no es ajeno a los paradigmas del mercado. Y eso está en el trasfondo de la represión policial que ha alcanzado incluso a quienes buscan informar. Lo ilustra el caso de Marcelo Garay Vergara, detenido por Carabineros el 17 de mayo de este año al encontrarse haciendo sus labores periodísticas en una comunidad de Roble Huacho, en las cercanías de Temuco. Esta comunidad está en conflicto con la Forestal Masisa.
Cuando las Forestales Arauco y Mininco recurrieron a guardias privados para que actuaran en contra de campesinos mapuche, ¿a cuál ley se ajustaban? Dicho sea de paso, estos guardias los procuraba la Oficina de Seguridad Particular (OSEPAR) que fuera creada a fines de los 80 por un coronel de Ejército.
El guardia forestal Jerson Espinoza, hermano de Leonardo Espinoza (guardia forestal despedido y que luego se suicidara) declaró al Diario Austral de Temuco del 06 de enero del 2000: “Teníamos que hostigar a las comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión se enterara de las atrocidades que cometían los mapuches … En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos”. En febrero del 2000, el diputado Eugenio Tuma denunció que guardias privados de las compañías forestales podrían haber cometido ataques contra las plantaciones para luego culpar a los mapuche. ¿Con qué rigor actuó la justicia para investigar los hechos denunciados? En cualquier caso, el rigor se impone a los más vulnerables. De allí que la Ley Antiterrorista (1984) heredada de la dictadura siga golpeando a los mapuche. Y esto, en contradicción con las observaciones de organismos de derechos humanos y del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen quien instó al gobierno, en el 2003, a la no aplicación de esta Ley; y contrariamente a la declaración de la Presidenta, en el 2006: esa Ley no se aplicaría porque la “justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”.
Todo por el mercado
Las Forestales y los latifundistas que son los acusadores e instigadores de la represión contra los mapuche detentan un poder económico que los hace menos vulnerables en todo sentido.
Algunas cifras ilustran ese peso económico. Se estima que las inversiones del sector forestal totalizarán unos 3200 millones de dólares a fines del 2010, “generando un dinamismo que permitiría a las exportaciones crecer en un 30 %, alcanzando entre 4500 millones de dólares y 5000 millones de dólares hacia fines de la presente década” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.2009).
La envergadura de las inversiones como del retorno por exportaciones hace que las transnacionales no se amedrenten fácilmente ante el “terrorismo” mapuche. Juan Eduardo Correa, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Chilena de la Madera, indicó en el 2002 que “a pesar de la preocupación por el rompimiento del estado de derecho” en la Octava y Novena Regiones, se mantendrá, para el decenio, las inversiones de 3600 millones de dólares” (Forest.cl el Mundo Forestal, 24.4.2002). Pero para una parte de la población se trata del “rompimiento del estado de derecho” para subsistir. Los datos de Casen (2003) indican que el 29 % de la población se encuentra en situación de pobreza en la Araucanía (VIII y IX Regiones precisamente), que constituye el escenario del llamado “conflicto mapuche”. ¿La pobreza no es otra forma de violencia?
Los datos sobre inversiones y exportaciones cobran toda su relevancia en relación con la preocupación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería (DIRECON) por diversificar los mercados y en particular el del sector forestal: “Las grandes compañías forestales también desarrollan su estrategia de expansión y, en muchos casos, con las prospecciones y primeras exportaciones que realizan, despejan el camino para que las acompañen empresas medianas y pequeñas” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.09).
No sorprenderá entonces que las movilizaciones mapuche aparezcan entorpeciendo los objetivos de un neoliberalismo a ultranza y que parlamentarios de derecha y algunos empresarios manifiesten preocupación por el “recrudecimiento del conflicto mapuche en la Araucanía”, la “seguridad ciudadana” y por “la falta de estado de derecho” (El Mercurio electrónico, 03.8.09).
La opinión pública chilena no carece de información acerca de los grupos “violentistas” y del “terrorismo” mapuche, pero está menos informada sobre la riqueza extrema de algunos grupos económicos, en particular de las Forestales. Otras noticias circulan con notable discreción, como la decisión adoptada por algunos magistrados de la Corte Suprema: rebajar las penas a miembros de la policía secreta de la dictadura condenados por asesinatos y dejar a otros en libertad condicional (El Clarín.cl, 15.8.09). Quienes hoy se preocupan por la “seguridad ciudadana”, por el “restablecimiento del Estado de derecho”, no manifestaron ayer ningún desasosiego ante la inexistencia de un Estado de derecho y luego ante el sobreseimiento por la Corte Suprema del dictador enjuiciado por los crímenes cometidos. Esta actuación, antes y ahora, de un alto Tribunal de Justicia desmiente la declaración de la Ministra Tohá.
Conforme al modelo económico imperante, es decir, como lo señalara la Concertación a los pueblos indígenas (1989) “la política económica basada en el libre mercado”, la prosperidad del país dependería de un cuadro político y social apaciguado. El Estado ha asumido el papel de apaciguador, que en el caso mapuche se traduce en represión y en el caso omiso que se ha hecho de sus demandas y protestas. Descartando de este modo todo diálogo. Así ocurrió en Ralco y en la Novena Región. La represa Ralco se construyó pese a las protestas y movilizaciones mapuche y a pesar de la oposición de dos directores de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) a quienes se solicitó, por tal razón, la renuncia en 1997 y 1998 respectivamente. Endesa, empresa transnacional, comenzó la construcción en 1998 y la inauguró el 27 de septiembre del 2004. 3500 hectáreas de tierras pehuenches (bosque, viviendas, cementerio) fueron inundadas. En la novena región: de los 28 vertederos en donde se deposita el 70 % de la basura de la región, 16 están en comunidades mapuche; éstas protestaron reiteradamente por la nocividad para el medio ambiente, sin encontrar mayor eco.
En junio de 2009, se llamó a licitación nacional e internacional por 20 áreas de energía geotérmica (Diario Oficial del 1.6.2009). Una de estas concesiones se encuentra en tierras mapuche de la comuna de Melipeuco, Novena Región. Hasta ahora el Ministerio de Minería no ha consultado a los campesinos concernidos, aunque el Convenio 169 de la OIT ratificado por el gobierno chileno en septiembre del 2008, estipula que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados … cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.
Por el estado de derecho
No extrañará, por lo tanto, que el Estado chileno haya sido denunciado ante organismos de Derechos Humanos y ante la opinión pública internacional. En mayo del 2006, el Premio Nobel de Literatura José Saramago interpeló a la Presidenta Bachelet, en gira por Europa, para manifestarle que “los derechos de los chilenos no alcanzaban a los mapuche”.
¿Cuál es o debería ser uno de los sustentos fundamentales de un Estado de derecho o al menos del estado de derecho? Que nadie esté por encima de la ley como lo afirma la sra. Carolina Tohá. ¿Es el caso? La respuesta surge de la realidad que se puede observar y constatar en el Chile del Bicentenario y que en parte hemos evocado en estas páginas.
