¿Quiénes cometen violencia? Se acaba de cometer un nuevo crimen: Jaime Mendoza Collio de 24 años murió baleado por la policía el 12 de agosto de este año. Ello ocurrió mientras Carabineros desalojaba un fundo ocupado por miembros de una comunidad en la provincia de Malleco. Frente al homicidio cometido, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende declaró que “el gobierno ha mantenido una política invariable de condena de hechos de violencia. Esa no es la forma en que se solucionan las demandas de las comunidades mapuches, esto sólo causa dolor y sufrimiento”.
Y según el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma: “son accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar”. Lo inquietante es que este tipo de “accidentes” ocurren siempre en el campo mapuche. Se olvida a menudo que la violencia y la ausencia de estado de derecho son elementos intrínsecos a la constitución de la propiedad privada de la tierra en la región de la Araucanía. Remitámonos a la historia reciente. Durante el período dictatorial las empresas forestales transnacionales empezaron su avance en territorio mapuche comprando tierras a bajo precio. Además contaron con subsidios para el desarrollo de sus plantaciones así como de exenciones tributarias gracias al Decreto-ley 701 de 1974. Los mapuche se ven enfrentados, por consiguiente, a la necesidad de movilizarse para preservar tierras ancestrales.
En esta movilización quedaron desamparados de todo apoyo político-institucional. Así lo reconoció el documento de “La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas” (1989): “La política económica basada en el libre mercado ha conllevado pérdida de recursos, tales como derechos de agua … imposibilidad de utilizar tierras ancestrales. Los mapuches y mapuches huilliches han enfrentado y enfrentan numerosos litigios, amenazas de lanzamientos y expulsiones de sus tierras, sin encontrar apoyo ni en el gobierno ni en la justicia”.
Infelizmente, los fundamentos de esa realidad siguen inalterados. Ayer, como en los primeros decenios del siglo XX por ejemplo, las expulsiones de mapuche de sus propiedades, las usurpaciones de tierras, los asesinatos, fueron una práctica frecuente. Esos crímenes quedaron en la impunidad. Y hoy a los descendientes de esos mapuches, también se les asesina o se les condena por la defensa de sus tierras, por atentados contra la propiedad privada, por terrorismo.
Y grado sumo de las acusaciones ante los tribunales, en los inicios de este siglo XXI: usurpación de tierras ! ¿Asombrarse ante tamaña desproporción? Al crimen del 12 de agosto se agrega una nueva encarcelación: el dirigente Hector Llaitul Carillanca fue detenido en Osorno el 15 de julio de este año (2009) y conducido a la cárcel El Manzano de Concepción. Fue “formalizado por los delitos de homicidio frustrado, atentado contra la autoridad, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación” (El Mostrador, 16.7.09). El acusador: el Fiscal Mario Elgueta. Llaitul estuvo detenido en el 2007 y en el 2008 fue absuelto de los cargos que se le imputaban: “asociación ilícita terrorista para perpetrar ataques armados …para la comisión de crímenes o simples delitos contra la propiedad privada” (El Mercurio, 16.10.08). Esta acusación se suma a las centenas que ya se han formulado en contra de dirigentes y de quienes han participado en las movilizaciones, desde 1997 particularmente, para defender sus tierras.
Texto Completo:http://www.mapuche.nl/espanol/chihuailaf_arauco090816.html
martes, 18 de agosto de 2009
DECLARACION PÚBLICA ORGANIZACIONES MAPUCHE DE SANTIAGO
En relación con el homicidio de nuestro hermano, Don Jaime Mendoza Collío, quien murió a raíz del disparo certero del proyectil percutado por un funcionario de Carabineros de Chile, quien le disparó por la espalda y, según el peritaje realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco, se descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, declaramos lo siguiente:
1. Lamentamos profundamente las políticas estatales que se están aplicando en el mal llamado “Conflicto Mapuche”, en especial, porque han sido infructuosas y deficientes a la hora de prevenir, eliminar los malos tratos y prácticas degradantes para con el Pueblo Mapuche; aun más, actualmente hemos visto como las autoridades de los distintos órganos del Estado de Chile, en especial, la Presidenta de la República y los personeros de Gobierno, han tratado el cobarde homicidio de nuestro hermano Jaime Mendoza Collío.
Nosotros, no sólo repudiamos el accionar de Carabineros, sino de las máximas autoridades del Estado de Chile, ya que en vez de acompañar el dolor de todo un Pueblo, prejuzgaron una situación; es más, la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ni siquiera se apersonó a dar las correspondientes condolencias a los padres, cónyuge y al hijo de sólo cuatro años.
Por consiguiente, la responsabilidad recae tanto en el funcionario de Carabineros de Chile, que percuto el arma y ejecutó tan alevoso crimen, como la plana mayor o de grado superior de la referida institución. Aun más, esta responsabilidad se extiende, al Ministro del Interior.
Cabe recordar que por mandato constitucional, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, y teniendo presente lo expuesto, sostenemos que Estado de Chile ha irrespetado dicha obligación constitucional y, en este caso concreto, ha violentado flagrantemente el Derecho a la Vida e integridad física y síquica.
2. Los hechos deben ser investigados en profundidad, de acuerdo al derecho del debido proceso y al derecho de acceso a la justicia, con absoluta transparencia y probidad, a fin determinar a las personas responsables del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y demás ilícitos penales, asimismo, el grado de participación que les cabe en él.
3. Los procedimientos policiales requieren ser revisados con suma urgencia, así también, la instrucción de los funcionarios de Carabineros de Chile, porque es absolutamente inaceptable que una persona resulte lesionada o pierda la vida. Y, en caso particular, un joven mapuche de tan sólo 24 años murió en un procedimiento policial por un impacto de bala en su espalda y, peor aún, el informe pericial de la PDI descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, Jaime Mendoza Collío, así que no llevaba armamento, lo que echa por tierra la tesis de la legítima defensa sostenida por Carabineros para justificar su accionar y por el señor Rosende.
4. Por todos los antecedentes recopilados exigimos la renuncia inmediata de los actores responsables de generar este conflicto, especialmente el Ministro del Interior y el comisionado Rodrigo Egaña.
5. Exigimos al Estado de Chile desmilitarizar la Región de Araucanía, revisar la política penal con que se aborda al mal llamado “Conflicto Mapuche”, en particular, la aplicación de la ley antiterrorista a nuestros hermanos. Al respecto, y de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas exigencias constituyen un deber imperativo para el Estado en cuestión.
Por consiguiente, y teniendo presente lo expuesto, exigimos que el Gobierno designe una autoridad con suficiente conocimiento a esta legitima causa, que sea miembro de nuestro pueblo, a fin de promover y permitir impulsar un verdadero diálogo entre las partes.
Dentro de este contexto, cabe recordar que el mes de julio recién pasado viajó un grupo de Loncos, a fin de dialogar con el Gobierno. No obstante ello, y aun de los esfuerzos de nuestro Pueblo para dialogar, no fueron ni recibidos ni menos escuchados por el gobierno.
6. Es necesario que se dicte la correspondiente ley derogatoria de los tribunales militares en tiempos de paz; aun más, restringir su jurisdicción y competencia porque no se condice con el concepto de estado moderno, de derecho y democrático. Si es el Estado Chileno el que está a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, dando cátedra de promoción y respeto de derechos y libertades fundamentales en el plano Internacional, sin embargo, hoy en los propios límites soberanos se conculcan los derechos en su máxima esencia y prueba de ello es el asesinato de nuestros hermanos mapuches, inobservancia a los Derechos de acceso a la justicia, al del Debido Proceso, entre otros Derechos Humanos.
7. La actitud racista y discriminadora queda, también, demostrada en la represión sufrida el día viernes 14 de agosto del año en curso, en el centro de Santiago, violentando, esta vez, el derecho a la libertad de reunión, de circulación y la libertad de expresión consagrados en la Constitución Política de la República, así como por los distintos Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y vigentes. A ello se suma las irregularidades en el procedimiento policial traducido en un excesiva represión en contra de los detenidos, los cuales permanecieron incomunicados con bombas lacrimógenas al interior de las celdas, además de maltrato físico y verbal innecesario, lo anterior es responsabilidad absoluta nuevamente de los funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, del Intendente Metropolitano, del Ministro del Interior y del señor Rodrigo Egaña.
8. El Estado de Chile ha hablado mucho de los aportes del Nuevo Trato, del Pacto Reconocer, de la implementación del Convenio 169 de la OIT y diversas políticas de fomento de la salud, de la cultura y educación y demás áreas de desarrollo del Pueblo Mapuche, pero, en honor a la verdad y justicia, estas medidas sólo han quedado en las buenas intenciones.
9. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con nuestro Pueblo Mapuche, pero a raíz de los últimos acontecimientos, podemos decir ha contraído nuevas obligaciones para con el Pueblo Mapuche, en especial, la de reparación y la observar fielmente los normas imperativas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
10. Finalmente, hacemos un llamado a la prudencia, al diálogo y el respeto a la vida, como un bien jurídico superior.
Sólo a través del diálogo de todos y con todos los sectores, sin excluir a nadie, podremos avanzar en beneficio del Pueblo Mapuche y la sociedad Chilena.
Firman esta declaración:
Consejería Indígena Urbana
Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores
Comisión Lingüística mapuche del Área Metropolitana
Asociación Indígena Leufumapu
Comisión Política de Santiago
Asociación Indígena Cofquecura
Asociación Indígena Werken
Asociación Liga Cultural Mapuche Kolo kolo
Asociación Indígena Mallinko
1. Lamentamos profundamente las políticas estatales que se están aplicando en el mal llamado “Conflicto Mapuche”, en especial, porque han sido infructuosas y deficientes a la hora de prevenir, eliminar los malos tratos y prácticas degradantes para con el Pueblo Mapuche; aun más, actualmente hemos visto como las autoridades de los distintos órganos del Estado de Chile, en especial, la Presidenta de la República y los personeros de Gobierno, han tratado el cobarde homicidio de nuestro hermano Jaime Mendoza Collío.
Nosotros, no sólo repudiamos el accionar de Carabineros, sino de las máximas autoridades del Estado de Chile, ya que en vez de acompañar el dolor de todo un Pueblo, prejuzgaron una situación; es más, la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ni siquiera se apersonó a dar las correspondientes condolencias a los padres, cónyuge y al hijo de sólo cuatro años.
Por consiguiente, la responsabilidad recae tanto en el funcionario de Carabineros de Chile, que percuto el arma y ejecutó tan alevoso crimen, como la plana mayor o de grado superior de la referida institución. Aun más, esta responsabilidad se extiende, al Ministro del Interior.
Cabe recordar que por mandato constitucional, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, y teniendo presente lo expuesto, sostenemos que Estado de Chile ha irrespetado dicha obligación constitucional y, en este caso concreto, ha violentado flagrantemente el Derecho a la Vida e integridad física y síquica.
2. Los hechos deben ser investigados en profundidad, de acuerdo al derecho del debido proceso y al derecho de acceso a la justicia, con absoluta transparencia y probidad, a fin determinar a las personas responsables del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y demás ilícitos penales, asimismo, el grado de participación que les cabe en él.
3. Los procedimientos policiales requieren ser revisados con suma urgencia, así también, la instrucción de los funcionarios de Carabineros de Chile, porque es absolutamente inaceptable que una persona resulte lesionada o pierda la vida. Y, en caso particular, un joven mapuche de tan sólo 24 años murió en un procedimiento policial por un impacto de bala en su espalda y, peor aún, el informe pericial de la PDI descartó la presencia de pólvora en las ropas y cuerpo de nuestro hermano, Jaime Mendoza Collío, así que no llevaba armamento, lo que echa por tierra la tesis de la legítima defensa sostenida por Carabineros para justificar su accionar y por el señor Rosende.
4. Por todos los antecedentes recopilados exigimos la renuncia inmediata de los actores responsables de generar este conflicto, especialmente el Ministro del Interior y el comisionado Rodrigo Egaña.
5. Exigimos al Estado de Chile desmilitarizar la Región de Araucanía, revisar la política penal con que se aborda al mal llamado “Conflicto Mapuche”, en particular, la aplicación de la ley antiterrorista a nuestros hermanos. Al respecto, y de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas exigencias constituyen un deber imperativo para el Estado en cuestión.
Por consiguiente, y teniendo presente lo expuesto, exigimos que el Gobierno designe una autoridad con suficiente conocimiento a esta legitima causa, que sea miembro de nuestro pueblo, a fin de promover y permitir impulsar un verdadero diálogo entre las partes.
Dentro de este contexto, cabe recordar que el mes de julio recién pasado viajó un grupo de Loncos, a fin de dialogar con el Gobierno. No obstante ello, y aun de los esfuerzos de nuestro Pueblo para dialogar, no fueron ni recibidos ni menos escuchados por el gobierno.
6. Es necesario que se dicte la correspondiente ley derogatoria de los tribunales militares en tiempos de paz; aun más, restringir su jurisdicción y competencia porque no se condice con el concepto de estado moderno, de derecho y democrático. Si es el Estado Chileno el que está a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, dando cátedra de promoción y respeto de derechos y libertades fundamentales en el plano Internacional, sin embargo, hoy en los propios límites soberanos se conculcan los derechos en su máxima esencia y prueba de ello es el asesinato de nuestros hermanos mapuches, inobservancia a los Derechos de acceso a la justicia, al del Debido Proceso, entre otros Derechos Humanos.
7. La actitud racista y discriminadora queda, también, demostrada en la represión sufrida el día viernes 14 de agosto del año en curso, en el centro de Santiago, violentando, esta vez, el derecho a la libertad de reunión, de circulación y la libertad de expresión consagrados en la Constitución Política de la República, así como por los distintos Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y vigentes. A ello se suma las irregularidades en el procedimiento policial traducido en un excesiva represión en contra de los detenidos, los cuales permanecieron incomunicados con bombas lacrimógenas al interior de las celdas, además de maltrato físico y verbal innecesario, lo anterior es responsabilidad absoluta nuevamente de los funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, del Intendente Metropolitano, del Ministro del Interior y del señor Rodrigo Egaña.
8. El Estado de Chile ha hablado mucho de los aportes del Nuevo Trato, del Pacto Reconocer, de la implementación del Convenio 169 de la OIT y diversas políticas de fomento de la salud, de la cultura y educación y demás áreas de desarrollo del Pueblo Mapuche, pero, en honor a la verdad y justicia, estas medidas sólo han quedado en las buenas intenciones.
9. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con nuestro Pueblo Mapuche, pero a raíz de los últimos acontecimientos, podemos decir ha contraído nuevas obligaciones para con el Pueblo Mapuche, en especial, la de reparación y la observar fielmente los normas imperativas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
10. Finalmente, hacemos un llamado a la prudencia, al diálogo y el respeto a la vida, como un bien jurídico superior.
Sólo a través del diálogo de todos y con todos los sectores, sin excluir a nadie, podremos avanzar en beneficio del Pueblo Mapuche y la sociedad Chilena.
Firman esta declaración:
Consejería Indígena Urbana
Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores
Comisión Lingüística mapuche del Área Metropolitana
Asociación Indígena Leufumapu
Comisión Política de Santiago
Asociación Indígena Cofquecura
Asociación Indígena Werken
Asociación Liga Cultural Mapuche Kolo kolo
Asociación Indígena Mallinko
REPRESION AL DERECHO A MANIFESTARSE
El Consejero Indígena Urbano José Llancapán, junto con otr*s herman*s mapùche y mestiz*s, exigiendo nuestro derecho a estar allí.... y manifestarse pacíficamente.
VER VIDEO "La repre... todo el rato... la repre", de Alfonsina Donoso.
VER VIDEO "La repre... todo el rato... la repre", de Alfonsina Donoso.
ANTE ASESINATO DE NUESTRO PEÑI JAIME MENDOZA COLLIO EN COLLIPULLI
DECLARACIÓN DEL CONSEJERO INDÍGENA URBANO
Una vez más, se ha puesto en ejecución el terrorismo de Estado, como política para aplastar las demandas que hacen nuestros pueblos. A sangre fría, un carabinero mandado desde Santiago por el Ministro del Interior Pérez Yoma, ha asesinado a mansalva a un joven mapuche que se manifestaba en un predio de los muchos que han sido usurpados a nuestro pueblo.
No pueden decir que un contingente de Fuerzas Especiales con balas de guerra actúa “en legítima defensa” frente a un grupo de manifestantes armados con palos y piedras. Desde 1882, no ha habido un solo soldado o policía chileno que haya sido muerto por mapuche; siempre las víctimas son de los nuestros: se trata de una política concertada entre los poderosos, con que el Estado pretende acallar y aterrorizar a los que reclaman sus derechos.
Del mismo modo, con frialdad sanguinaria, en 1969, hace 40 años Edmundo Pérez Zujovic, padre del actual Ministro del Interior, que poseía el mismo cargo en el gobierno de Eduardo Frei, mandó al Grupo Móvil de Carabineros a reprimir a pobladores de Puerto Montt que trataban de obtener un sitio propio para levantar una vivienda: nueve pobladores asesinados a balazos, y un niño de nueve meses quemado vivo al incendiar Carabineros las carpas de los ocupantes. Esa vez, el gobierno defendió a su ministro, pero el pueblo supo que hacer y el gobierno perdió las elecciones. En 40 años no ha cambiado la historia: el Ministro Pérez posee propiedades en tierras usurpadas a nuestros antepasados, ha sido seleccionado en forma especial por los gobiernos concertacionistas, para imponer la mano dura contra los que ejercen el derecho a reclamar, tras postergaciones humillantes, cuando por largos años, los pueblos pedimos con todo orden y respeto lo que se nos ha quitado.
Por supuesto, detrás de este asesinato está la presión de la ultraderecha que exigió más mano dura al gobierno y a Pérez Yoma. Están los inversionistas de las transnacionales, que demandan a la Concertación “limpieza étnica” para seguir apoyando la continuidad de este régimen. Hubiéramos querido que un gobierno que se inició con el apoyo de muchos de nosotros, hubiera tenido la misma actitud de responder a nuestras demandas, con la misma prontitud con que lo hizo ahora, matando mapuche para congraciarse con los usurpadores y volverse cómplices, unidos todos ellos contra el pueblo mapuche.
Los que vivimos en ciudades, hubiéramos querido que el gobierno chileno destinase sus fuerzas para proteger a los habitantes de este país, frente a la delincuencia que se ha tomado las calles, donde corren la droga y el asesinato mientras la policía hace la vista gorda: la represión está concentrada en aplastar el inevitable levantamiento de nuestro pueblo. Asimismo, hemos sido testigos de las amenazas terroristas lanzadas efectivamente por el Comando Trizzano contra nuestro pueblo, que el Gobierno ha dejado impunes, mientras nuestros longko Pichun y Norin fueron encarcelados por supuestas amenazas que nunca existieron.
Quisimos nueva relación, nuevo trato, re-conocer, pero ya no fue. El carabinero de Santiago (que será ascendido cuando olvidemos esta nueva muerte) terminó de sellar de un balazo la suerte de un régimen que ya no va a poder seguir teniendo apoyo de ningún mapuche.
Pérez Yoma pasará a la historia como asesino, al igual que su padre Pérez Zujovic. Jaime Mendoza Collío será recordado como hijo luchador de la Madre Tierra, como Leftraru, Galvarino, Lemún, Wentekura y Katrilew.
Rechazamos también, la manipulación vergonzosa de parte de miembros de la Concertación que se lavan las manos frente a este vil asesinato, cuando por su accionar a lo largo de muchos años, han sido cómplices de las políticas represivas de su propia coalición gobernante, sin haber planteado honesta y decididamente el rechazo a la violencia terrorista estatal, incluso han servido al propio Estado al que hoy critican con fines electorales. Si quieren ser consecuentes, que renuncien públicamente a formar parte de una coalición asesina.
Exijamos la renuncia a Pérez Yoma, al comisionado Egaña, que ha sido incapaz de establecer puentes de nueva relación entre los que tienen en poder y los que exigimos mínimos derechos, a la Intendenta y Prefectos, a todos los que manchado sus nombres con la sangre del hijo de un pueblo que por siglos no ha sido escuchado. Nuestras conciencias no se mancharán con la sangre de un hermano: no nos hagamos cómplices de su continuidad en el poder.
JOSE LLANCAPAN CALFUCURA. CONSEJERO INDÍGENA URBANO.
COMISIÓN POLÍTICA INDÍGENA URBANA
Una vez más, se ha puesto en ejecución el terrorismo de Estado, como política para aplastar las demandas que hacen nuestros pueblos. A sangre fría, un carabinero mandado desde Santiago por el Ministro del Interior Pérez Yoma, ha asesinado a mansalva a un joven mapuche que se manifestaba en un predio de los muchos que han sido usurpados a nuestro pueblo.No pueden decir que un contingente de Fuerzas Especiales con balas de guerra actúa “en legítima defensa” frente a un grupo de manifestantes armados con palos y piedras. Desde 1882, no ha habido un solo soldado o policía chileno que haya sido muerto por mapuche; siempre las víctimas son de los nuestros: se trata de una política concertada entre los poderosos, con que el Estado pretende acallar y aterrorizar a los que reclaman sus derechos.
Del mismo modo, con frialdad sanguinaria, en 1969, hace 40 años Edmundo Pérez Zujovic, padre del actual Ministro del Interior, que poseía el mismo cargo en el gobierno de Eduardo Frei, mandó al Grupo Móvil de Carabineros a reprimir a pobladores de Puerto Montt que trataban de obtener un sitio propio para levantar una vivienda: nueve pobladores asesinados a balazos, y un niño de nueve meses quemado vivo al incendiar Carabineros las carpas de los ocupantes. Esa vez, el gobierno defendió a su ministro, pero el pueblo supo que hacer y el gobierno perdió las elecciones. En 40 años no ha cambiado la historia: el Ministro Pérez posee propiedades en tierras usurpadas a nuestros antepasados, ha sido seleccionado en forma especial por los gobiernos concertacionistas, para imponer la mano dura contra los que ejercen el derecho a reclamar, tras postergaciones humillantes, cuando por largos años, los pueblos pedimos con todo orden y respeto lo que se nos ha quitado.
Por supuesto, detrás de este asesinato está la presión de la ultraderecha que exigió más mano dura al gobierno y a Pérez Yoma. Están los inversionistas de las transnacionales, que demandan a la Concertación “limpieza étnica” para seguir apoyando la continuidad de este régimen. Hubiéramos querido que un gobierno que se inició con el apoyo de muchos de nosotros, hubiera tenido la misma actitud de responder a nuestras demandas, con la misma prontitud con que lo hizo ahora, matando mapuche para congraciarse con los usurpadores y volverse cómplices, unidos todos ellos contra el pueblo mapuche.
Los que vivimos en ciudades, hubiéramos querido que el gobierno chileno destinase sus fuerzas para proteger a los habitantes de este país, frente a la delincuencia que se ha tomado las calles, donde corren la droga y el asesinato mientras la policía hace la vista gorda: la represión está concentrada en aplastar el inevitable levantamiento de nuestro pueblo. Asimismo, hemos sido testigos de las amenazas terroristas lanzadas efectivamente por el Comando Trizzano contra nuestro pueblo, que el Gobierno ha dejado impunes, mientras nuestros longko Pichun y Norin fueron encarcelados por supuestas amenazas que nunca existieron.
Quisimos nueva relación, nuevo trato, re-conocer, pero ya no fue. El carabinero de Santiago (que será ascendido cuando olvidemos esta nueva muerte) terminó de sellar de un balazo la suerte de un régimen que ya no va a poder seguir teniendo apoyo de ningún mapuche.
Pérez Yoma pasará a la historia como asesino, al igual que su padre Pérez Zujovic. Jaime Mendoza Collío será recordado como hijo luchador de la Madre Tierra, como Leftraru, Galvarino, Lemún, Wentekura y Katrilew.
Rechazamos también, la manipulación vergonzosa de parte de miembros de la Concertación que se lavan las manos frente a este vil asesinato, cuando por su accionar a lo largo de muchos años, han sido cómplices de las políticas represivas de su propia coalición gobernante, sin haber planteado honesta y decididamente el rechazo a la violencia terrorista estatal, incluso han servido al propio Estado al que hoy critican con fines electorales. Si quieren ser consecuentes, que renuncien públicamente a formar parte de una coalición asesina.
Exijamos la renuncia a Pérez Yoma, al comisionado Egaña, que ha sido incapaz de establecer puentes de nueva relación entre los que tienen en poder y los que exigimos mínimos derechos, a la Intendenta y Prefectos, a todos los que manchado sus nombres con la sangre del hijo de un pueblo que por siglos no ha sido escuchado. Nuestras conciencias no se mancharán con la sangre de un hermano: no nos hagamos cómplices de su continuidad en el poder.
JOSE LLANCAPAN CALFUCURA. CONSEJERO INDÍGENA URBANO.
COMISIÓN POLÍTICA INDÍGENA URBANA
EL MPT Y LA CAUSA MAPUCHE. Declaraciones
1.-
El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que han adquirido el Estado y la sociedad chilena, que han dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades.
TIERRA Y LIBERTAD PARA LOS MAPUCHE
La detención y encarcelamiento de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, parece un nuevo montaje preparado por la policía y los tribunales. Llaitul ya estuvo anteriormente un año y cuatro meses en la cárcel, después de los cuales tuvieron que liberarlo, pero después de una injusta privación de libertad. Estos son métodos de tortura y represión, contra miembros del pueblo mapuche.
Los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Justicia chilenos no buscan hacer justicia, sino son meros instrumentos de represión y amedrentamiento contra el pueblo mapuche. La prisión tiene como único objetivo aplastar la moral de los líderes mapuche. Se utilizan “testigos protegidos”, cuya mantención corre por cuenta de todos los ciudadanos que pagan impuestos al Estado chileno. Esos testigos que declaran en contra de los acusados se han convertido en un nuevo tipo de funcionarios estatales. Los juicios intentan darle una cara legal o “democrática”, al terrorismo de Estado, que es ilegal e inmoral. Junto al aprisionamiento de dirigentes mapuche, hay una política de terror racista contra las comunidades, realizada indiscriminadamente contra la población mapuche y donde los mayores afectados son los niños y adultos mayores. Esta represión continúa pese a las denuncias de organizaciones de salud comunitaria y de derechos humanos. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. Esto se hace bajo la complicidad de las autoridades civiles concertacionistas (intendentes, gobernadores, CONADI, Orígenes), que así se dedican libremente al cohecho electoral y a los malos manejos de los fondos estatales.
Todos estos métodos hacen recordar los peores momentos de la dictadura y el juego sucio de sus aparatos represivos, que junto con otras tantas cosas, la Concertación es su fiel heredera. Es necesario denunciar los montajes y la farsa del gobierno y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.
EL DIÁLOGO PARECE INFRUCTUOSO
El 6 de julio, más de 100 mapuche representantes de 200 comunidades, con loncos, niños, guaguas y mujeres, llegaron a Santiago a dialogar con la Presidenta Bachelet y a exigir al gobierno central un Nuevo Trato y la recuperación de sus tierras. Estos procedimientos pacíficos, comunes desde 1990, también han sido infructuosos, ante la negativa del régimen capitalista de ceder un terreno usurpado al pueblo que legítimamente lo poseyó por siglos.
Las organizaciones que han creído hasta ahora que podía haber “nuevo trato” o política de “Re-conocer”, han sufrido asimismo la desconocida de parte del gobierno, que creó la figura de un “Comisionado” que recuerda las peores figuras de la conquista española. Dotado de plenos poderes, ha logrado deshacer la convivencia aparentemente pacífica y constructiva que habían desarrollado las organizaciones leales a la institucionalidad. Lo que el gobierno ha reconocido, ha sido la gran fuerza de las comunidades mapuche e indígenas en general, y por eso hoy buscan anularlas burlando todos los acuerdos logrados en los dos primeros años del gobierno Bachelet.
Dirigentes de las organizaciones legalistas, como consejeros ante la CONADI, han llamado a aquellas a ponerse alerta y denunciar mecanismos que buscan desconocer los escasos acuerdos con el gobierno que beneficiaban al mundo indígena; han denunciado la consulta fraudulenta que el gobierno hizo a comunidades y asociaciones, con el intento de aprobar un falso reconocimiento constitucional que asegure la homogeneidad cultural y desconozca los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, han denunciado la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas.
LA REPRESIÓN CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE
Por todas partes, podemos ver con preocupación cómo se reprime al pueblo mapuche y se burlan los débiles acuerdos pactados entre el gobierno y las organizaciones. No vemos ningún intento de solucionar la conflictividad, sino es aumentando la represión y el terrorismo estatal.
Todo esto tiene como fin impedir que en Chile los pueblos indígenas recuperen sus derechos ancestrales, que están siendo reconocidos por las normas internacionales, como el Convenio 169 que debiera ser aplicado en este país. Lo que se busca es impedir su puesta en funcionamiento. Lo que se busca es destruir a la organización de los pueblos originarios, comenzando por los mapuche, para imponer con más fuerza el dominio del gran capital para saquear las riquezas básicas de las comunidades y del país, como intentaron en la Amazonia peruana, como intentan día a día en contra de los pueblos andinos, en contra de los huascoaltinos, los aymaras, los quechuas, collas y diaguitas. Lo que se busca es la extinción física y cultural de las comunidades, tal como el Estado y los terratenientes hicieron anteriormente con yámanas, selknam y kawashkar. Lo que buscan es la criminalización de sus asociaciones, tal como lo hizo Pinochet.
LA LUCHA MAPUCHE ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS Y TRABAJADORES
El MPT llama a la población chilena, a reconocerse mestizos descendientes de las naciones originarias, y a reconocer un destino histórico común con estos pueblos que hoy luchan con dignidad por sus derechos. Llamamos a los pueblos a no ceder ante el terrorismo estatal, a estar alertas ante las medidas que establecen una nueva guerra de conquista genocida y ecocida. Llamamos a los trabajadores, a solidarizar con quienes nos han dado ejemplo de dignidad y consecuencia desde los días de Kallfülikan y Leftraru.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, que está siendo agredido en todas las formas por las grandes empresas, el gobierno, las fuerzas represivas y los usurpadores de todo tipo.
Llamamos a las autoridades a reconocer que no van a lograr destruir al pueblo mapuche, porque la historia demuestra que éste siempre vive y se engrandece. Reconozcan que el pueblo chileno está junto a los pueblos originarios y respalda fraternalmente a los mapuche, ejemplo de dignidad y altivez. Los usurpadores y traidores no son nada ante la historia, siempre triunfa moral y espiritualmente el pueblo que sabe ser digno.
Llamamos a concertar amplios acuerdos movilizadores entre las organizaciones de los pueblos y los trabajadores, porque los usurpadores y los explotadores son los mismos, y por eso la lucha es una sola. Llamamos a la solidaridad, la unidad, a la organización y la lucha.
Fuera todas las fuerzas represivas de las comunidades, fin a la militarización del territorio mapuche.
Fuera todos los ladrones y usurpadores del territorio mapuche, especialmente las forestales y los latifundistas.
Por un mar libre de contaminación, por el derecho a la pesca artesanal y a la vida, no a la Celco, vivan los pobladores dignos de Mehuín.
Por un territorio sin contaminación, no al racismo ambiental, fuera los basurales de las comunidades mapuche, devolución de tierras,
Que se reconozcan las demandas de los indígenas urbanos, que se establezca una verdadera interculturalidad, que los pueblos indígenas, su existencia y sus derechos, sean reconocidos efectivamente en una nueva constitución.
Triunfarán las comunidades de todo el Wallmapuche.
Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT
Agosto de 2009
EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y LOS TRABAJADORES MPT,
ANTE EL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLÍO,
DECLARA A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Repudiamos la acción criminal del gobierno, responsable directo del accionar de Carabineros de Chile, que ha practicado el terrorismo de Estado contra las comunidades y organizaciones del pueblo 
mapuche.
mapuche.Pese a las hipócritas declaraciones del Gobierno, los responsables directos de este nuevo crimen no son sólo los uniformados, sino también la casta dirigente de la Moneda, que aplica a sangre y fuego el modelo capitalista de despojo contra los pueblos, dejando al país en el papel de pobre proveedor de riquezas naturales a favor de las grandes empresas. Este modelo no solo no ha repartido equitativamente el empleo y sus beneficios, sino ha empobrecido a la sociedad en su conjunto y especialmente a los pueblos y a los trabajadores del campo y la ciudad.
Este gobierno y su sanguinario ministro Edmundo Pérez han actuado a pedido de los usurpadores y de los parlamentarios de la ultraderecha. Este nuevo asesinato de un mapuche demuestra el verdadero carácter del régimen gobernante, servicial a los grandes intereses de los poderosos, y a la vez insensible y represivo ante las necesidades y los derechos de las mayorías de los pueblos.
El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que han adquirido el Estado y la sociedad chilena, que han dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades.
Las comunidades han sufrido por largo tiempo la impunidad ante el despojo territorial, ante la eliminación de sus miembros, la discriminación en su contra y ante el saqueo de su patrimonio inmaterial, negando sus derechos a la preservación de la cultura ancestral.
La institucionalidad chilena no ha abierto caminos de restitución de los territorios usurpados ni a la ejecución de efectivos programas de reparación a favor de las comunidades mapuche. Ha habido una repartija de migajas con las que se ha buscado anular la capacidad de participación de las comunidades y sus dirigentes.
Ello ha prolongado el conflicto que viven las comunidades. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales.
La política estatal cada vez se hace más represiva, en todos los sectores populares. Se aprueban leyes contra las manifestaciones de descontento social, se persigue a las organizaciones populares, se acallan sus medios de comunicación y se impone un ambiente de militarización tanto en territorio mapuche como en el resto del país. Lo hemos visto en Tambillos, en Salamanca, en los ataques y detenciones contra activistas de derechos humanos y medioambientales, en los montajes judiciales, en el envío de fuerzas especiales a hacer la guerra a las comunidades mapuche.
Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno. Que los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes, se vayan desengañando. Que no crean que puede haber un mal mayor que éste, de ser oprimidos sin derecho a respuesta.
Llamamos a la organización de l*s mapuche, mestiz*s y chilen*s, a la unidad de los pueblos y los trabajadores, a extender la protesta, levantando multitudes que defiendan sus derechos, que coordinen un accionar efectivo y colectivo, que presenten nuevas propuestas frente a un sistema opresor, a la vez genocida y autodestructivo.
Exijamos la libertad de los prisioneros mapuche, y que se impongan actos de justicia contra los actos impunes de asesinos desalmados enfrentando a manifestantes desarmados. Denunciemos los montajes con que las grandes empresas y sus cómplices de los poderes del Estado buscan castigar aun más a nuestros hermanos. Denunciemos los engaños propagandísticos con que la Concertación busca limpiar su imagen.
Exijamos la renuncia al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y al subsecretario Patricio Rosende, por ser responsables directos del accionar brutal de Carabineros; al Ministro José Antonio Viera-Gallo, a la Intendenta Nora Barrientos y al Comisionado Rodrigo Egaña, porque sus actuaciones sólo han servido para agudizar el conflicto que afecta al pueblo mapuche y para entrabar por todas partes cualquier solución efectiva y sujeta al Derecho emanado de los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.
Que la comunidad internacional y las organizaciones de los pueblos, suscriban una pública condena y sanción moral contra el régimen chileno y su felonía.
En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo.
En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo.
TIERRA Y LIBERTAD PARA LOS MAPUCHE
Santiago, 17 de agosto de 2009.
2.-
MPT EXIGE LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
Y SE HERMANA CON SU CAUSA JUSTICIERA
Y SE HERMANA CON SU CAUSA JUSTICIERA
La detención y encarcelamiento de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, parece un nuevo montaje preparado por la policía y los tribunales. Llaitul ya estuvo anteriormente un año y cuatro meses en la cárcel, después de los cuales tuvieron que liberarlo, pero después de una injusta privación de libertad. Estos son métodos de tortura y represión, contra miembros del pueblo mapuche.Los juicios llevados a cabo por los Tribunales de Justicia chilenos no buscan hacer justicia, sino son meros instrumentos de represión y amedrentamiento contra el pueblo mapuche. La prisión tiene como único objetivo aplastar la moral de los líderes mapuche. Se utilizan “testigos protegidos”, cuya mantención corre por cuenta de todos los ciudadanos que pagan impuestos al Estado chileno. Esos testigos que declaran en contra de los acusados se han convertido en un nuevo tipo de funcionarios estatales. Los juicios intentan darle una cara legal o “democrática”, al terrorismo de Estado, que es ilegal e inmoral. Junto al aprisionamiento de dirigentes mapuche, hay una política de terror racista contra las comunidades, realizada indiscriminadamente contra la población mapuche y donde los mayores afectados son los niños y adultos mayores. Esta represión continúa pese a las denuncias de organizaciones de salud comunitaria y de derechos humanos. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. Esto se hace bajo la complicidad de las autoridades civiles concertacionistas (intendentes, gobernadores, CONADI, Orígenes), que así se dedican libremente al cohecho electoral y a los malos manejos de los fondos estatales.
Todos estos métodos hacen recordar los peores momentos de la dictadura y el juego sucio de sus aparatos represivos, que junto con otras tantas cosas, la Concertación es su fiel heredera. Es necesario denunciar los montajes y la farsa del gobierno y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche.
EL DIÁLOGO PARECE INFRUCTUOSO
El 6 de julio, más de 100 mapuche representantes de 200 comunidades, con loncos, niños, guaguas y mujeres, llegaron a Santiago a dialogar con la Presidenta Bachelet y a exigir al gobierno central un Nuevo Trato y la recuperación de sus tierras. Estos procedimientos pacíficos, comunes desde 1990, también han sido infructuosos, ante la negativa del régimen capitalista de ceder un terreno usurpado al pueblo que legítimamente lo poseyó por siglos.
Las organizaciones que han creído hasta ahora que podía haber “nuevo trato” o política de “Re-conocer”, han sufrido asimismo la desconocida de parte del gobierno, que creó la figura de un “Comisionado” que recuerda las peores figuras de la conquista española. Dotado de plenos poderes, ha logrado deshacer la convivencia aparentemente pacífica y constructiva que habían desarrollado las organizaciones leales a la institucionalidad. Lo que el gobierno ha reconocido, ha sido la gran fuerza de las comunidades mapuche e indígenas en general, y por eso hoy buscan anularlas burlando todos los acuerdos logrados en los dos primeros años del gobierno Bachelet.
Dirigentes de las organizaciones legalistas, como consejeros ante la CONADI, han llamado a aquellas a ponerse alerta y denunciar mecanismos que buscan desconocer los escasos acuerdos con el gobierno que beneficiaban al mundo indígena; han denunciado la consulta fraudulenta que el gobierno hizo a comunidades y asociaciones, con el intento de aprobar un falso reconocimiento constitucional que asegure la homogeneidad cultural y desconozca los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, han denunciado la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas.
LA REPRESIÓN CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE
Por todas partes, podemos ver con preocupación cómo se reprime al pueblo mapuche y se burlan los débiles acuerdos pactados entre el gobierno y las organizaciones. No vemos ningún intento de solucionar la conflictividad, sino es aumentando la represión y el terrorismo estatal.
Todo esto tiene como fin impedir que en Chile los pueblos indígenas recuperen sus derechos ancestrales, que están siendo reconocidos por las normas internacionales, como el Convenio 169 que debiera ser aplicado en este país. Lo que se busca es impedir su puesta en funcionamiento. Lo que se busca es destruir a la organización de los pueblos originarios, comenzando por los mapuche, para imponer con más fuerza el dominio del gran capital para saquear las riquezas básicas de las comunidades y del país, como intentaron en la Amazonia peruana, como intentan día a día en contra de los pueblos andinos, en contra de los huascoaltinos, los aymaras, los quechuas, collas y diaguitas. Lo que se busca es la extinción física y cultural de las comunidades, tal como el Estado y los terratenientes hicieron anteriormente con yámanas, selknam y kawashkar. Lo que buscan es la criminalización de sus asociaciones, tal como lo hizo Pinochet.
LA LUCHA MAPUCHE ES LA LUCHA DE TODOS LOS PUEBLOS Y TRABAJADORES
El MPT llama a la población chilena, a reconocerse mestizos descendientes de las naciones originarias, y a reconocer un destino histórico común con estos pueblos que hoy luchan con dignidad por sus derechos. Llamamos a los pueblos a no ceder ante el terrorismo estatal, a estar alertas ante las medidas que establecen una nueva guerra de conquista genocida y ecocida. Llamamos a los trabajadores, a solidarizar con quienes nos han dado ejemplo de dignidad y consecuencia desde los días de Kallfülikan y Leftraru.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, que está siendo agredido en todas las formas por las grandes empresas, el gobierno, las fuerzas represivas y los usurpadores de todo tipo.
Llamamos a las autoridades a reconocer que no van a lograr destruir al pueblo mapuche, porque la historia demuestra que éste siempre vive y se engrandece. Reconozcan que el pueblo chileno está junto a los pueblos originarios y respalda fraternalmente a los mapuche, ejemplo de dignidad y altivez. Los usurpadores y traidores no son nada ante la historia, siempre triunfa moral y espiritualmente el pueblo que sabe ser digno.
Llamamos a concertar amplios acuerdos movilizadores entre las organizaciones de los pueblos y los trabajadores, porque los usurpadores y los explotadores son los mismos, y por eso la lucha es una sola. Llamamos a la solidaridad, la unidad, a la organización y la lucha.
Fuera todas las fuerzas represivas de las comunidades, fin a la militarización del territorio mapuche.
Fuera todos los ladrones y usurpadores del territorio mapuche, especialmente las forestales y los latifundistas.
Por un mar libre de contaminación, por el derecho a la pesca artesanal y a la vida, no a la Celco, vivan los pobladores dignos de Mehuín.
Por un territorio sin contaminación, no al racismo ambiental, fuera los basurales de las comunidades mapuche, devolución de tierras,
Que se reconozcan las demandas de los indígenas urbanos, que se establezca una verdadera interculturalidad, que los pueblos indígenas, su existencia y sus derechos, sean reconocidos efectivamente en una nueva constitución.
Triunfarán las comunidades de todo el Wallmapuche.
Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT
Agosto de 2009
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