DECLARACIÓN DEL CONSEJERO INDÍGENA URBANO
JOSÉ LLANCAPAN
Ante la consulta fraudulenta a nuestros pueblos, el intento de falso reconocimiento constitucional y la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas. Preocupación y llamado a la organización.
Desde su inicio en marzo de 2009, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha manifestado su compromiso por cumplir acuerdos a favor de los pueblos indígenas, que incluyen saldar una deuda histórica asumida por los gobiernos de la Concertación desde el acuerdo de Nueva Imperial el año 1989.
Este gobierno ha querido y logrado verificar algunas de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, en cumplimiento de estos acuerdos. Es valorable su esfuerzo en términos generales por lograr un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, o su preocupación por aumentar la oferta pública en algunos beneficios.
Pero debemos evaluar el gobierno actual en una perspectiva más amplia. Aunque hay algunos logros, respecto de gobiernos anteriores, como la ratificación del Convenio 169, sin declaración interpretativa, al mismo tiempo hay grandes carencias de cumplimiento a los acuerdos generales, resultando los pueblos indígenas los postergados de siempre.
Podemos mencionar que se mantienen los siguientes grandes problemas para nuestros pueblos:
- El Estado no reconoce a las culturas indígenas, no ofrece protección al medio ambiente ni asegura las condiciones sociales y económicas que hacen posible la reproducción de las culturas ancestrales.
- Los avances legales, como la ratificación del Convenio 169, han ido acompañados por maniobras del gobierno por dejar sin efecto estos logros. Por medio de mecanismos gubernativos, se ha logrado borrar con el codo lo que el gobierno y el Parlamento habían escrito con la mano.
- No ha habido la voluntad política del gobierno por destinar recursos estatales a la solución de grandes problemas del mundo indígena ni por readecuar el marco jurídico del país al cumplimiento de este tipo de acuerdos. Lo inadecuado e insuficiente de la política de reasignación de tierras y recursos a los pueblos indígenas, ha entrabado las justas demandas de las comunidades agrarias. La carencia de una política coherente frente a los indígenas urbanos, ha dejado en el incumplimiento y la postergación a las ofertas estatales respecto a este importante sector de la población originaria.
- Por largo tiempo, hemos expresado que cada nuevo gobierno empieza su gestión sin reconocer los derechos y las demandas del mundo indígena, y llamando a un sector organizado de éste, a plantear nuevamente sus demandas. Cada gobierno ha recogido estas reivindicaciones, las ha reformulado de acuerdo a sus intereses, ha elaborado un plan de políticas públicas y lo ha hecho ineficiente o lo ha anulado, todo esto sucesivamente. Así aconteció con los acuerdos asumidos por el gobierno actual, después del Debate Nacional de los Pueblos Indígenas 2006 y el debate de generación participativa de las políticas indígenas urbanas el 2007. En efecto, la generación por parte el Gobierno de la figura de un comisionado general de políticas indígenas, ha llevado los acuerdos a un punto muerto y al desconocimiento de los avances generados tras un duro esfuerzo de las organizaciones indígenas.
- Hoy nos enfrentamos a un nuevo proceso de consulta de parte del gobierno hacia la población indígena. Se ha pretendido hacernos creer que el gobierno está tomando el parecer del mundo indígena, respecto del ordenamiento de la Constitución y los poderes públicos. Se ha intentado entusiasmar a nuestros pueblos, con la idea de una especie de parlamento constituido por indígenas. A la vez, se ha ocultado el problema de fondo de nuestros pueblos y se crean mecanismos que favorecen el divisionismo y la competitividad individualista al interior de nuestros pueblos.
- A través de un proceso de consulta que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, se busca dar un barniz de participación pública a una maniobra política que busca desconocer los derechos de fondo. La consulta que pretende realizar el gobierno, desconoce en el fondo a la ley 19.253, art. 34, ya que impide la participación efectiva del mundo indígena en la toma de decisiones que no afectan, mediante un burdo montaje que oculta la ausencia de nuestros pueblos en la consulta y en la toma efectiva de decisiones.
- A través de un falso reconocimiento constitucional, el gobierno, coludido con los poderes fácticos representados por la Concertación y la ultraderecha, buscan imponer el modelo del estado representativo de una sola cultura, el sistema dominante global e impedir el ejercicio de los derechos colectivos que emanan del carácter de pueblos indígenas, derechos que son incompatibles con los intereses de los grandes monopolios del capital. Este falso reconocimiento constitucional en la práctica desconocerá la existencia de pueblos dentro del estado chileno y hará inefectivos nuestros derechos colectivos.
Estas maniobras del gobierno por desconocer los acuerdos internacionales y la propia legislación chilena, son ejercidas mientras aumenta la represión y el clima de amedrentamiento sobre las comunidades mapuche.
Esta situación merece la mayor preocupación y la acción más efectiva de parte de nuestros pueblos y sus organizaciones.
Frente a ello, la Consejería Indígena Urbana rechaza en el fondo y en la forma el proceso de consulta indígena fraudulenta y llama a no hacerse parte de ella.
Denunciamos los burdos argumentos con que el gobierno pretende engañar a la población indígena, respecto de los verdaderos objetivos de esta consulta.
Llamamos a las organizaciones de todos los pueblos indígenas, a informarse acerca de estas situaciones. Llamamos a los/las indígenas del país a unirse en torno a intereses de pueblo, superando el divisionismo con que el Estado y sus aparatos nos han oprimido.
JOSÉ LLANCAPAN CALFUCURA
Consejero Indígena Urbano
JOSÉ LLANCAPAN
Ante la consulta fraudulenta a nuestros pueblos, el intento de falso reconocimiento constitucional y la represión en aumento contra comunidades y hermanos/as indígenas. Preocupación y llamado a la organización.
Desde su inicio en marzo de 2009, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha manifestado su compromiso por cumplir acuerdos a favor de los pueblos indígenas, que incluyen saldar una deuda histórica asumida por los gobiernos de la Concertación desde el acuerdo de Nueva Imperial el año 1989.
Este gobierno ha querido y logrado verificar algunas de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, en cumplimiento de estos acuerdos. Es valorable su esfuerzo en términos generales por lograr un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, o su preocupación por aumentar la oferta pública en algunos beneficios.
Pero debemos evaluar el gobierno actual en una perspectiva más amplia. Aunque hay algunos logros, respecto de gobiernos anteriores, como la ratificación del Convenio 169, sin declaración interpretativa, al mismo tiempo hay grandes carencias de cumplimiento a los acuerdos generales, resultando los pueblos indígenas los postergados de siempre.
Podemos mencionar que se mantienen los siguientes grandes problemas para nuestros pueblos:
- El Estado no reconoce a las culturas indígenas, no ofrece protección al medio ambiente ni asegura las condiciones sociales y económicas que hacen posible la reproducción de las culturas ancestrales.
- Los avances legales, como la ratificación del Convenio 169, han ido acompañados por maniobras del gobierno por dejar sin efecto estos logros. Por medio de mecanismos gubernativos, se ha logrado borrar con el codo lo que el gobierno y el Parlamento habían escrito con la mano.
- No ha habido la voluntad política del gobierno por destinar recursos estatales a la solución de grandes problemas del mundo indígena ni por readecuar el marco jurídico del país al cumplimiento de este tipo de acuerdos. Lo inadecuado e insuficiente de la política de reasignación de tierras y recursos a los pueblos indígenas, ha entrabado las justas demandas de las comunidades agrarias. La carencia de una política coherente frente a los indígenas urbanos, ha dejado en el incumplimiento y la postergación a las ofertas estatales respecto a este importante sector de la población originaria.
- Por largo tiempo, hemos expresado que cada nuevo gobierno empieza su gestión sin reconocer los derechos y las demandas del mundo indígena, y llamando a un sector organizado de éste, a plantear nuevamente sus demandas. Cada gobierno ha recogido estas reivindicaciones, las ha reformulado de acuerdo a sus intereses, ha elaborado un plan de políticas públicas y lo ha hecho ineficiente o lo ha anulado, todo esto sucesivamente. Así aconteció con los acuerdos asumidos por el gobierno actual, después del Debate Nacional de los Pueblos Indígenas 2006 y el debate de generación participativa de las políticas indígenas urbanas el 2007. En efecto, la generación por parte el Gobierno de la figura de un comisionado general de políticas indígenas, ha llevado los acuerdos a un punto muerto y al desconocimiento de los avances generados tras un duro esfuerzo de las organizaciones indígenas.
- Hoy nos enfrentamos a un nuevo proceso de consulta de parte del gobierno hacia la población indígena. Se ha pretendido hacernos creer que el gobierno está tomando el parecer del mundo indígena, respecto del ordenamiento de la Constitución y los poderes públicos. Se ha intentado entusiasmar a nuestros pueblos, con la idea de una especie de parlamento constituido por indígenas. A la vez, se ha ocultado el problema de fondo de nuestros pueblos y se crean mecanismos que favorecen el divisionismo y la competitividad individualista al interior de nuestros pueblos.
- A través de un proceso de consulta que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, se busca dar un barniz de participación pública a una maniobra política que busca desconocer los derechos de fondo. La consulta que pretende realizar el gobierno, desconoce en el fondo a la ley 19.253, art. 34, ya que impide la participación efectiva del mundo indígena en la toma de decisiones que no afectan, mediante un burdo montaje que oculta la ausencia de nuestros pueblos en la consulta y en la toma efectiva de decisiones.
- A través de un falso reconocimiento constitucional, el gobierno, coludido con los poderes fácticos representados por la Concertación y la ultraderecha, buscan imponer el modelo del estado representativo de una sola cultura, el sistema dominante global e impedir el ejercicio de los derechos colectivos que emanan del carácter de pueblos indígenas, derechos que son incompatibles con los intereses de los grandes monopolios del capital. Este falso reconocimiento constitucional en la práctica desconocerá la existencia de pueblos dentro del estado chileno y hará inefectivos nuestros derechos colectivos.
Estas maniobras del gobierno por desconocer los acuerdos internacionales y la propia legislación chilena, son ejercidas mientras aumenta la represión y el clima de amedrentamiento sobre las comunidades mapuche.
Esta situación merece la mayor preocupación y la acción más efectiva de parte de nuestros pueblos y sus organizaciones.
Frente a ello, la Consejería Indígena Urbana rechaza en el fondo y en la forma el proceso de consulta indígena fraudulenta y llama a no hacerse parte de ella.
Denunciamos los burdos argumentos con que el gobierno pretende engañar a la población indígena, respecto de los verdaderos objetivos de esta consulta.
Llamamos a las organizaciones de todos los pueblos indígenas, a informarse acerca de estas situaciones. Llamamos a los/las indígenas del país a unirse en torno a intereses de pueblo, superando el divisionismo con que el Estado y sus aparatos nos han oprimido.
JOSÉ LLANCAPAN CALFUCURA
Consejero Indígena Urbano
