sábado, 26 de enero de 2013

Mineras destruyen patrimonio cultural indígena en Choapa


No es un "descuido: obedece a una estrategia de dominación mediante el borrado de la memoria.

18 January, 2013

Organizaciones indígenas del Valle del Choapa denuncian y rechazan manipulación de su patrimonio arqueológico por minera trasnacional

La herencia ancestral, es un bien que no debe ser entregado a una multinacional para que un día no muy lejano destruyan los espacios vitales para la supervivencia de los habitantes de los valles de Illapel.


Declaración Pública de la “Asociación Originaria Manke Pillán”, Comuna de Illapel

El viernes 21 de diciembre 2012, se realizó en la Casa de la Cultura de Illapel, la inauguración de una sala museográfica con el propósito de rescatar las piezas arqueológicas que están en poder de la Municipalidad de Illapel, para poder conservar y exhibir en este espacio Cultural de la comuna.
Una noticia, que a primera instancia, puede ser considerada una necesidad debido a la pérdida sistemática de nuestra riqueza Patrimonial Arqueológica. Sin embargo, ese día suceden con este acontecimiento “Gestos Simbólicos”, que generan el repudio de nuestra Asociación; como es la Alianza de su Alcalde Sr. Denis Cortes, representado por sus funcionarios y un representante del Concejo; todos integrantes de la Municipalidad de Illapel con la multinacional Xstrata Cooper, representado por el coordinador general del Proyecto Pachón.
Posicionan los “Iconos del poder”, para encarcelar nuestra Herencia Originaria. La sala museográfica exhibirá los Pendones de una multinacional voraz y de autoridades funcionales dispuestas a anular nuestra historia. Pretenden construir nuevos discursos históricos, para justificar sus acciones. No considerando la Convención 169 de la OIT, en la cual se enfatiza que toda acción que tenga que ver con valores sociales, culturales y vestigios arqueológicos debe consultarse a las naciones originarias.
Rechazamos la apropiación de nuestros recursos naturales, la inundación de los valles de los territorios del Choapa con remanentes industriales y Relaves; la Extracción de minerales a Cielo Abierto por dañar a Perpetuidad la Biodiversidad y las comunidades que viven en estos valles.

Las voces de los Diaguitas del Choapa, frente a la indiferencia de las autoridades del Estado de Chile, han recurrido a los máximos organismo internacionales, como la ONU, expresando que: “Los problemas emergente de conflictos, en la región del Choapa, da cuenta de los efectos de las políticas económicas de depredación de los recursos naturales, llevada al extremo, por los gobiernos de Chile en las últimas cuatro décadas; respaldadas por una Constitución que da garantía a las multinacionales, para avasallar y desarraigar por la fuerza a los pueblos y comunidades, que ocupan los valles transversales del Choapa. Dejando a su paso un panorama devastador de pasivos ambientales, contaminando la cuenca de los ríos y apropiándose de elementos vitales como es el agua; marcando un punto de inflexión en los destino de esta zona para siempre”. (Demanda de la Nación Diaguita ante la ONU, Cumbre de Río +20, Río de Janeiro, Brasil, año 2012).

La herencia ancestral, es un bien que no debe ser entregado a una multinacional para que un día no muy lejano destruyan los espacios vitales para la supervivencia de los habitantes de los valles de Illapel.
El Estado de Chile, tiene una deuda histórica con las Naciones Originarias, pues la grandeza que puedan expresar sus autoridades se lo deben a las primeras comunidades que dejaron una experiencia y conocimiento sobre estos territorios. A doscientos años de la instauración de la República de Chile, las comunidades Originarias no han recibido un reconocimiento en la Constitución de la República.
Las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales, no tienen ninguna legitimidad ética ni legal, para tomar decisiones sobre nuestra riqueza arqueológica. Rechazamos los métodos de rescate arqueológicos realizados en nuestros valles del Choapa, aplicados por Monumentos Nacionales, lo cual ha significado una perdida y falta de respeto a nuestros ancestros.
No queremos que sigan las mineras tomando nuestra Iconografía Rupestre, para exhibirla como su imagen corporativa, por ser ellos los principales destructores de los vestigios arqueológicos del Choapa, durante los últimos veinte años. No sigan destruyendo sitios arqueológicos, como sucedió en la construcción del Tranque El Bato y en la actualidad con el “Sitio Arqueológico de Mampao”, en Plan de Hornos, por los equipos de sondajes y la construcción de caminos.

Exigimos que se “Respete nuestro Entorno Natural, Social y Cultural”, de acuerdo a las Convenciones Internacionales, de los organismos de la ONU, UNESCO, ICOMOS y la 169 de la OIT. Nosotros existimos, si se ha de respetar nuestra herencia cultural, por los criollos en museos deben ser en espacios públicos y sin la intromisión de Consultoras y multinacionales.
Rechazamos la Intromisión de Consultoras expertas supuestamente en patrimonio arqueológicos, por ser parte de la maquinaria implementada por autoridades y multinacionales, para borrar y destruir nuestro legado más valioso. Y atentar contra nuestra memoria ancestral.

Se hace necesario, recordar que el conquistador español hace cuatro generaciones llegó a los valles transversales del Choapa; destruyendo parte del tejido social y cultural de los habitantes que estaban hace más de 14.000 años viviendo bajo principios de antagonismo, reciprocidad y cohabitación Ruiz (2003)[1]; Jackson (2002).

Después, la naciente República, se continuó manteniendo las “Asimetrías de Poder”, negando la memoria de las primeras comunidades; realidad que aún se mantiene en la actualidad. Se negó su cosmovisión, su lengua. Sus territorios fueron usurpados para instaurar las encomiendas y luego las haciendas. En la actualidad se respaldan con la ley minera, destruyendo y apoderándose de nuestras montañas; contaminan las aguas y alterando y secando los causes de los ríos; alejan las lluvias y nos legan el desierto.

Como legado se mantiene un principio fundamental como es el de Reciprocidad, que es parte del accionar en todas las esferas de las comunidades Originarias del Choapa, en relación con su Entorno y la Madre Tierra. De esta ley no se exime a autoridades, políticos y empresarios, que ansiosos de poder, se entregan a ser parte del despojo.

Comunidad Territorial
“Asociación Originaria Manke Pillán de Illapel”
“Asociación Originaria Sol Naciente de Salamanca”
ADHIEREN:
Asociación Indígena Urbana Mapu Ta Nüyün de Kokimpu – Coquimbo
Centro Mapuche de Estudio y Acción

 

ENLACE RELACIONADO:

http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=6633

19 July, 2012

Conflicto Minero: Demanda de las Naciones Originarias del Choapa

La Nación Originaria Diaguita.

Declara que:
Los problemas emergente de conflictos, en la región del Choapa, da cuenta de los efectos de las políticas económicas de depredación de los recursos naturales, llevada al extremo, por los gobiernos de Chile en las últimas cuatro décadas; respaldadas por una Constitución que da garantía a las multinacionales, para avasallar y desarraigar por la fuerza a los pueblos y comunidades, que ocupan los valles transversales del Choapa. Dejando a su paso un panorama devastador de pasivos ambientales, contaminando la cuenca de los ríos y apropiándose de elementos vitales como es el agua; marcando un punto de inflexión en los destino de esta zona para siempre.
La cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico, son dos testigos geográficos del ímpetu devorador e insaciable, de la vorágine de las multinacionales; en tiempos de las oleadas de la Globalización.
El sistema neoliberal, avalado por el estado, produce un desarraigo forzado en las comunidades. Una muestra de ello son los efectos causados por la producción minera a gran escala, la cual afecta en forma irreversible las formas de vida tradicional y obliga a los habitantes a desarraigarse de sus tierras, además del impacto por contaminación del Valle Alto Choapa, creencias y costumbres en pos de un desarrollo económico, que muchas veces termina por convertirse en un elemento pauperizador del sector afectado.
Los sectores subalternos de la zona del valle del Choapa, están siendo forzados a adoptar y tomar decisiones que fueron impuestos por el gobierno central, para satisfacer los requerimientos de las naciones desarrolladas, personalizados en la presencia de las multinacionales en la zona.
Un llamado a la sociedad civil, a los colegios de profesionales, autoridades políticas y religiosas, a tomar conciencia de los daños que está sufriendo nuestra tierra. También extiendo este mensaje a los ciudadanos de las naciones desarrolladas, para que sepan qué significa obtener rentabilidad de sus inversiones, en el tercer mundo. (Contaminación de las aguas, depósitos de pasivos contaminantes, enfermedades de cáncer de la población y destrucción de todo el tejido social y cultural de los habitantes).
El consentimiento de la comunidad, es uno de los instrumentos más poderosos para proteger las comunidades de la devastación ocasionada por los proyectos extractivos. Este derecho de las comunidades a dar o negar su consentimiento a un proyecto, en Chile ha sido vulnerado sistemáticamente por todo el estamento político de los últimos 20 años y las multinacionales que llegaron a nuestros valles.
Para que sea legítimo el consentimiento debe ser otorgado libre de cualquier tipo de presión, ante el inicio de cualquier actividad que pueda impactar el medio ambiente o bienestar social.
Hoy nuestro país, está entregando todos nuestros recursos naturales; sin una mirada de nación que se preocupe, de las generaciones que nos sucederán el día de mañana; que tendrán el legítimo derecho a vivir en un ambiente sano, como nosotros disfrutamos en los valles transversales del Choapa.
Todos los pronósticos evidencian que de seguir permitiendo, que estas organizaciones supranacionales implementen proyectos de la mega minería, en la zona del Choapa, respaldados por la actual legislación de la ley minera, y ley del medio ambiente Ley N° 19.300, además de no respetar los acuerdos firmados por Chile, ante la ONU, y la Convención 169 de la OIT, que dicen relación con el respeto a los derechos humanos, las comunidades del Choapa están condenadas a desaparecer porque no hay espacio para ellas en el actual escenario. La población actual de la provincia del Choapa son aproximadamente 100.000 personas, con los índices de crecimientos demográficos actuales, considerar cual será la cantidad habitantes; en unos 40 a 50 años, en ese momento y aplicando el Modelo Sistémico de Análisis para la Mega Minería (MSAMM), nuestra región se encontrara con varios proyectos en su “Fase Terminal”. Este modelo de análisis, también es aplicable al impacto que realiza las termoeléctricas, en los bordes costeros y la implementación y producción de mega intervenciones mineras a rajo abierto en los cinco Continentes.
Las etapas de crecimiento de un proyecto de la mega minería; y su impacto en el entorno natural y sus habitantes, consta de un “Modelo sistémico de Análisis para la Mega Minería” (MSAMM) que pasamos a detallar:
“Modelo Sistémico de Análisis de la Mega Minería” (MSAMM)
(Metodología desarrollada por el investigador de Historia Prehispánicas Iván Aguilera B.)
§ Fase de Destrucción del Patrimonio Natural.
§ Fase de Destrucción Patrimonio Ancestral o
Fase de Destrucción de la Memoria
§ Fase de Mitimaes Mineros.
§ Fase de División Territorial.
§ Fase de Aislamiento Geográfico.
§ Fase Terminal.
§ Refugiado Ambiental de la Mega Minería. (RAMM).
(Componente social subalterno, producto de la implantación de Proyectos de la Mega Minería)
Consecuencias de Impacto Directos en el Entorno Natural y sus Habitantes.

“Fase de Destrucción del Patrimonio Natural”.
Toda está maquinaría industrial, significó unos impactos importantes para los glaciares rocosos de acuerdo a los informes científicos, por depósitos de estériles químicos y basura orgánica, polvo en suspensión producto de detonaciones de dinamita y trabajos de chancadores primarios, transito de grandes maquinarias como camiones de la gran minería. A lo que se suma daño a las calidades de las aguas que bajan de la cordillera por remoción de minerales; aumentan las concentraciones las que son desplazadas a las quebradas y los ríos, por las lluvias estacionales, dado que las características de la región; presentan pocas fisuras en las rocas lo que facilita la dispersión. Daño importante en la flora y fauna del lugar en los que se destaca el cambio y alteración de hábitos, por ejemplo los cóndores son alimentados por los cocineros y son visitantes frecuentes de los basurales de altura (esto se observó en la primera etapa del proyecto); los guanacos y pumas son dispersados por las labores mineras.
Agua abajo se suman los daños provocados por los relaves y los procesos incorporados a la línea de producción de concentrados de minerales, los cuales se traducen en contaminación del aire por polución y las aguas por filtraciones de riles industriales. También se agrega la destrucción de bosques, (bosques autóctonos en los que se destaca maitenes arrayanes, maquis y canelos) como el caso del sector del Mauro y el impacto al borde costero en Punta de Chungo, en Los Vilos. Todo este impacto lo podemos denominar “Fase de Destrucción del Patrimonio Natural”.
“Fase de Destrucción Patrimonio Ancestral”. o “Fase de Destrucción de la Memoria
La trashumancia, consistente en la peregrinación de ganado caprino con sus pastores y arrieros a las altas cordilleras, fue muy perjudicada por los proyectos mineros instalados en los valles, por el tránsito peligroso en los caminos que ellos históricamente recorrieran a fines de diciembre; y que hoy se desplazan frecuentemente contingente con maquinas mineras.
Un objetivo, que trabajaron las entidades mineras fue destruir la memoria; consistente en borrar todo indicio que uniera al hombre de estos valles, con los primeros habitantes. Actuaron con el poder, no escuchando las voces de los habitantes que indicaban que ahí estaban sus cementerios; arremetiendo con las maquinas retroexcavadoras.
¿Dónde están los petroglifos de Chacay, del Mauro, Tranquilla, El Bato y los cuerpos de los originarios que se llevaron, las mineras?
La destrucción y traslados de petroglifos del valle de Cuncumén, y desde el tranque Los Quillayes, la destrucción del cementerio originario en la localidad de Tranquilla (la extensión fue de un Km, se llevaron los 23 cuerpos de originarios, nunca más se supo de ellos), destrucción de petroglifos en la Punta del Pavo, sector de Coirón. En la localidad del Mauro destrucción de cementerios originarios y destrucción y traslado de petroglifos (500); en Punta de Chungo impacto en los conchales y posicionamiento territorial en un espacio de observaciones solares, de los habitantes originarios de los bordes costeros de Conchalí. Un aspecto importante en todas estas acciones, es que no hay mayores registros de los estudios realizados por los equipos de arqueólogos. El daño de estas acciones las centraremos en lo más afectado como, es el legado patrimonial precolombino en un concepto que llamaré “Fase de Destrucción Patrimonio Ancestral o “Fase de Destrucción de la Memoria”.

“Fase de Mitimaes Mineros”,
Un factor de importancia lo representa el establecimiento de una población flotante en los yacimientos mineros, en toda su línea directa de producción, como así también en servicios externos. Este componente de trabajadores y profesionales que se establecen en las aéreas de proyectos mineros, generalmente son personas que provienen desde las distintas ciudades del país y de la zona, en menor porcentaje, y como es lógico no tienen ningún arraigo con la zona, y si alguien escapa a este análisis está en minoría. Esto indica que la cultura que se desarrolla en los espacio de labores mineras tiende a generar una dinámica de profundas trasformaciones en el entorno social de las comunidades circundantes, a estos antecedentes se suma el rol protagónico y agresivo que implementan las mineras a través de los organismo de asuntos externos.
En la provincia Choapa este fenómeno se manifestó a partir de a mediados de los años noventa. Cumplen con un patrón similar que al de sus orígenes y que le dio bastantes dividendos a los españoles y posteriormente a los empresarios nacionales e internacionales, luego de la instauración de república de Chile.
En la actualidad se aplica este sistema de forma muy eficiente por las Corporaciones Mineras, los denominaremos como “Fase de Mitimaes Mineros”, esta población que se establece en diferentes punto de la región del Choapa; aparte de los trabajadores y profesionales se agregan un segmento de persona que se dedica a prestar servicios y asesorías y comerciantes; con un elemento en común, su acercamiento a la zona se debe a la minería en gran escala. Un porcentaje de ellos también tienen sus familias fuera de la región.
El accionar del organismo de Asuntos Externos de las mineras, correspondería a la “Fase de Mitimaes Mineros”, por trabajar, en la creación de una imagen corporativa e ideológica de las mineras. Cuentan con un presupuesto para financiar eventos y afianzar las relaciones con los habitantes del Choapa. En la práctica, nada regalan por favorecerse por las leyes nacionales de donaciones, recuperando la plata con el movimiento tributario.

“Fase de División Territorial”.
La provincia del Choapa, es una región con características singulares, donde se conjugan una estreches territorial, y con pronunciadas cotas de desnivel del mar a la cordillera de Los Andes de 4500 m; la orientación y dirección de los valles y ríos es de Este a Oeste.
Pertenecen a la región de los valles trasversales y es una zona importante desde el punto de vista de su riqueza de especies naturales de flora y fauna. Con un micro clima que permite la plantaciones de diversas especies de árboles, plantas y hortalizas. Es un lugar que permite vivir de mar a cordillera, disfrutar de un entorno natural que sobrecoge. Por esta tierra la minería traza una fisura, que lo corta literal mente afectando los diferentes valles:
§ Glaciares rocosos.
§ Río Cuncumen, río Choapa.
§ Valles del Choapa, valle Pupio; comprometiendo cuatro comuna, (Salamanca, Illapel, Canela, Los Vilos).
§ Borde costero, playa de Los Vilos y la desembocadura de Huentelauquen.
Las obras implementadas son:
§ Mina a tajo abierto en las cordilleras de Cuncumen.
§ Plantas de procesos mineros, en Chacay.
§ Relave Los Quillayes, en el río Cuncumen.
§ Relave El Mauro, Caimanes, en el valle de Pupio.
§ Concentra ducto, que se extiende desde Chacay a los Vilos.
§ Relave ducto que une Chacay con el tranque el Mauro.
§ Área de Impacto Directo, de cordillera a mar:
§ Impacto a glaciares rocosos, valles Cuncumen, valle del Choapa, valle de Pupio, borde costero de Los Vilos, Desembocadura de Huentelauquen
Todo el proceso de operaciones del Proyecto Minero Los Pelambres, tiene una extensión de 120 Km, en una zona altamente sísmica[1]. Estableciendo una frontera de mar a cordillera que llamaremos“Fase de División Territorial”.

“Fase de Aislamiento Geográfico”.
Como consecuencia de las altas rentabilidades[2] de los minerales que se producen en la región, a lo que se une una legislación de concesiones mineras sin restricción; permite y propicia la expansión de los proyectos mineros, extendiendo sus tentáculos de crecimiento y cubriendo nuevos espacios geográficos, tomando las cotas más altas de las montañas para descolgarse por los valles cubriendo nuevos ríos con nuevos relaves (pasivos ambientales), repitiéndose la cadena industrial de producción. Este crecimiento por las características naturales de esta región producirá un límite industrial cerrado; que designaremos como “Fase de Aislamiento Geográfico”.
La población más pobre de la región, presenta una agudización de su calidad de vida; surgiendo un nuevo sujeto social subalterno[3]; que presenta las características particulares que le son comunes y está distribuido por toda la región y se encuentran en un estado de invisibilidad; siendo en algunos sectores llamados “Los sin Tierra”, que vienen arrastrando una situación marginalidad. Su problema es producto en parte consecuencia de los tiempos de la reforma agraria; quedando fuera de esta ley al no recibir el beneficio, de un pedazo de tierra para vivir.
Un campesino de Cocou, relataba que ellos vivían en el sector de pastoreo en el campo y cuando se produjo la toma, para entregar la tierra ellos caminaron más de 40 Km para llegar a ese lugar. Para asignar la tierra se pedía ser casado, saber leer y escribir. Muchos de los inquilinos de la hacienda quedaron sin nada, por no poder cumplir con los requisitos, encontrando muchas familias en la actualidad en el campo con un sistema de arriendo de campo para vivir y criar animales. Hoy esos campos se encuentran en el interés de empresarios agrícolas para construir camellones para las plantaciones o instalaciones de proyectos mineros, quedando los campesinos en una situación de incertidumbre.
También tenemos a los habitantes de los valles del Choapa y el valle de Pupío, los cuales tenían agua limpia disponible, para el cultivo y un pasar sin mayores sobresaltos, salvo los problemas por los períodos de sequía que alteraban el normal desenvolvimiento de los habitantes de estos lugares. Todo eso hoy se encuentra en una situación de riesgo, por los impactos de la minería. Sobre todo en la calidad de las aguas para la bebida y el riego. Los lechos de los ríos están contaminados por sucesivos derrames de relave, concentrados de minerales, químicos por accidentes carreteros. Filtraciones de sustancias concentradas en el valle alto de Cuncumén. Lluvias abundantes que desplazan relave del tranque los Quillayes directamente al río. En la lógica de este escenario para el valle de Pupío, y los habitantes de Caimanes la situación es crítica, pues se encuentran sin agua, para la bebida, y menos para el riego y los consumos para su ganado. Además de tener la preocupación de sufrir el colapso del tranque el Mauro.
La empresa Los Pelambres, que lidera en el Choapa; ya está en la “fase de división territorial”; lo sigue la empresa minera VALE, que en estos momento se apresta para intervenir tres valles (Quebrada de Cárcamo, (Las Pircas) Manquehua, y Quilmenco (Chuchiñi). Se desenvuelven sus operaciones en Papomono, proyecto a tajo abierto, el cual se encuentra en la “Fase de destrucción de patrimonio natural”, con el inicio de cargas explosivas. En la misma etapa se encuentra la mina a tajo abierto Don Gabriel, (con las prospecciones iniciales nada más) en Manquehua. El sector de Quilmenco, se está trabajando para la obtención de cobre electrolítico.
Superando la “Fase de Destrucción Patrimonio Natural”, y desarrollando la “Fase de Destrucción Patrimonial Ancestral”, o “Fase de Destrucción de la Memoria” vulnerando el acuerdo internacional ratificado por Chile como es la Convención 169 de la OIT; información entregada por las organizaciones originarias del Choapa, en estos momentos estos daños se circunscriben en traslados de petroglifos y destrucción de petroglifos, se ignora cuál es la situación de los cementerios originarios, se necesita un pronunciamiento de los organismo competentes, como el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y CONADI. Cuentan con el marco legal de la Ley de Medioambiente 19.300, autoriza la destrucción de sitios arqueológicos Prehispánicos. En estos momentos, en el sector de Quilmenco de la comuna de Salamanca, se está destruyendo un importante cementerio del Periodo Alfarero Temprano; por parte de un equipo de arqueólogos. En riesgo los sectores de Plan de Hornos, sitio arqueológico de Mampao, Alcaparrosa, Los mellizos, El Calabazo, Montaña de Curimavida, de la comuna de Illapel y el Coligüe, en Canela.
Solicitamos respeto por nuestra memoria, y que se detenga la destrucción de los lugares de descanso de nuestros abuelos, de las Naciones del Choapa. Pedimos pronunciamiento ético del Señor Presidente Sebastián Piñera y las Cámaras de Senadores y Diputados, además del Colegio de Arqueólogos de Chile
De acuerdo, a los antecedentes que contamos, del Mauro y Los Quillayes (próximo a Cuncumén) son los primeros habitantes desarraigados del valle de Choapa[4], al que se suman en forma gradual el desalojo en la zona norte de la comuna de Illapel, en Plan de Hornos. Esto a nadie le interesó como dice Eduardo Galeano:
“se nos ha enseñado a olvidar, lo que merece memoria y recordar lo que merece olvido”[5].
Los habitantes del Mauro son desalojados durante la construcción del tanque El Mauro; una parte de ellos los dejaron en la vera del camino interior que une Canelillo con Choapa, viven en unas pequeñas viviendas.
La forma como son obligados a dejar sus casas y trasladarlos a otro punto de la comuna de Illapel, los deja en la condición de “refugiados”, en su propia tierra. Al revisar el concepto y extenderlo a “refugiado ambiental,[6]” que fue introducido en 1985 en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaborado por Essam El- Hinnawi, profesor del Egyptian National Research Centre, del Cairo y popularizado por la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai[7]. De acuerdo con este informe, los refugiados ambientales se definen como aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales y/o provocado por la actividad humana, como accidentes industriales o que han provocado su desplazamiento permanente por grandes proyectos económicos de desarrollo, o que se han visto obligados a emigrar por el mal procesamiento y depósito de residuos tóxicos, poniendo en peligro su existencia y/o afectando seriamente su calidad de vida[8].
Está categorización debido a las complejas relaciones de poder de los grupos económicos hegemónico y la constante confrontación con los sectores subalternos; hace necesario acotar el concepto a“refugiado ambiental de la Mega Minería” (RAMM).

“Refugiado Ambiental de la Mega Minería” (RAMM).
Este concepto busca integrar y dar cuenta de las complejidades y particularidades que presenta el fenómeno de la Mega Minería en los valles transversales del Choapa, compartiendo los fundamento fundacionales establecidos por la ONU, en el programa (PNUMA). Los refugiados ambientales de la mega minería son habitantes desarraigados[9] y forzados a dejar sus lugares de origen.Identificando a un nuevo componente social subalterno, que es el resultado de la implantación de mega proyectos mineros, los cuales deberán deambular en un éxodo permanente. Inicialmente son pequeñas comunidades luego serán ciudades de 20 mil a 40 mil habitantes. La población actual de la región del Choapa es de aproximadamente 100.000 habitantes.


“Fase Terminal”.
Al avanzar la espiral de desarrollo de explotaciones mineras en la provincia del Choapa, surgen problemas de desertificación aguda y ciclos de sequias, agudizadas también por los cambios climáticos globales; contaminaciones de los cauces de los ríos por el agua de procesos mineros.
Las obras a rajo abierto y los tranque de relave inducen sismo, al generar grandes desequilibrio, en la corteza terrestre, además de ser parte del cordón de fuego del Océano Pacífico. Las lluvias son cada vez más lejanas, nuestros ríos están sin agua y las mineras se aprestan a intervenir las napas subterráneas, lo que secara definitivamente los cauces ecológicos de nuestros valles, produciendo la ruina y la muerte.
Un desmejoramiento radical de la calidad de vida producto de tránsito de vehículos las 24 horas del día por las carreteras de la provincia, contaminaciones del aire por polución y lluvia ácida, las enfermedades asociadas a contaminantes depositados, darán cuenta de la población.
La militarización de los territorios del Choapa, será una tendencia que irá en aumento a medida que, que se intensifiquen los conflictos, entre las mineras y los habitantes de los valles. Este escenario, podría ser similar a la ocupación de la Araucanía, en el siglo XIX; hecho que desencadenó la anexión definitiva de esta región al territorio nacional, establezco este argumento, en las exaltaciones que realiza el empresariado minero. Primero ingresan a la región, mostrando una imagen de cómo realizar negocios, en que todos nos beneficiemos es decir, una complementariedad y luego establecidos en los valles, dan paso a la subordinación[10].
La población de los valles y las ciudades de región del Choapa , estarán sujetas por sucesivos traslados circulares por la región, los cuales con la proyecciones predictivas en unos 50 años estarán ingresando a su última “Fase Terminal” ; en este período ya no quedarán valles por ocupar, se intensificarán los conflictos, por que las aguas estarán contaminadas, las enfermedades diezmaran a la población, se producirán hechos de violencia por la desesperación de los habitantes, las soluciones de los gobiernos será aplicar las leyes de un Estado de Derecho sofocando por la fuerza de la armas a la población, sumiendo a la gente a un letargo mortal.
En consecuencia a los antecedentes recogidos de todo el proceso de implementación del proyecto minero de Los Pelambres, “Tres Valles”, de la empresa VALE, (Pucobre, Xstrata Cooper, en proceso de ingreso de sus proyecto, que se sumaran invasivamente a los proyectos ya existentes de no mediar los organismos internacionales) y su improvisada y manejada autorización de Obras Temprana por parte del gobierno de Chile, se ha producido un atropello y violación de acuerdos internacionales suscrito por Chile como es el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), y la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU).
La ciudadanía internacional y chilena, debe propiciar y promover el respeto a las comunidades originarias y campesinas, debidos a factores éticos, morales de humanidad, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Mucho sabemos sobre las formas de ejercer el poder de los grupos dominantes, pero desconocemos las dinámicas que conforman la estructura del mundo de los habitantes de estos valles, por lo tanto, no debe estigmatizarse a este sector atribuyéndole y “adoptando políticas sin consultarlos”, sobre qué tipo de sociedad quieren vivir. Por ser el Estado y estos consorcios de poderes hegemónicos, los que propician situaciones de conflicto induciendo “La inminente erradicación de las comunidades de Chalinga, Plan de Hornos, Estero de Auco, Caimanes, Alto Choapa y de los habitantes del valle del Choapa, lo cual responde a la riquezas de sus tierras, a las políticas sociales, económicas de desprotección del gobierno de Chile, influenciado por la voracidad de las mineras transnacionales”Vulnerando el derecho de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Solicitamos a las naciones de los cinco Continentes, que Solidaricen con nuestra causa, pues solo queremos que nos respeten y nos dejen vivir en un Entorno limpio para nuestras futuras generaciones.


NOTAS
[1] Por formar parte del cordón de Fuego del Océano Pacifico.
[2] Las rentabilidades por concepto de ventas de concentrados de minerales (oro, cobre, molibdeno, plata, las cuales se transan en los mercados internacionales solo con el valor de conmodities de cobre) son astronómicas y superan toda ficción predictiva. En Chile, solo CODELCO exporta cobre refinado con un 99% de pureza, las demás empresas multinacionales lo hacen en concentrado de minerales, perdiendo con esta medida administrativa y perjudicando el erario nacional. Chile solo produce el 30% del cobre que se exporta, el 70 % de la producción nacional está en mano de empresas multinacionales. Sobredimensionando las cifras macroeconómicas del país mientras el grueso de la población queda al margen de los beneficios que obtienen los grupos económicos.
[3] Carlo Ginzburg postula más bien la noción de “cultura subalterna”, es decir las múltiples culturas correspondientes a las diferentes clases y a los diferentes grupos sociales sometidos, que si bien se encuentran en dicha situación “subalternidad” y de sometimiento, no por ello dejan de afirmar su propia cultura…”El queso y los gusanos. Un modelo de historia crítica para el análisis de las culturas subalternas. Por Carlos Antonio Aguirre Rojas.
[4] La provincia del Choapa, tiene una importante reserva minera, con minerales de oro, plata, molibdeno y cobre entre otros, que despertaron el interés de grandes empresas mineras transnacionales. Una de ellas, está en funcionamiento desde principio de los años noventa; en la cuenca superior del Río Choapa, se trata de la Minera Los Pelambres. Esta empresa ha impactado en forma muy negativa el entorno natural contaminando el Río Choapa con vertido de relaves de sus procesos mineros y descargas de concentrados de minerales de relave ducto, reactivos químicos por accidentes de tránsito además de altas concentraciones de nubes de polvos, afectando directamente las comunidades de Cuncumen de Batuco y la cuenca hidrográfica del Río Choapa hasta la desembocadura de Huentelauquen.
[5] Eduardo Galeano, escritos e historiador de Uruguay.
[6] La extensión conceptual de refugiado establecida en la Convención de 1951 puede vincularse con la protección de los derechos humanos. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce el derecho a buscar la seguridad, tal y como reconoce el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. También en su artículo 25, establece que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar..
[7] Wangari Muta Maathai (nacida el 1 de abril de 1940 en Nyieri, Kenia) es una activista política y ecologista keniana. En 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por "sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz". Es la primera mujer africana que recibe este galardón. La doctora Maathai es además miembro electo en el parlamento y ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del gobierno presidido por Mwai Kibaki
[8] EL-HINNAWI a parte de definir el concepto, describía su incidencia y el número de persona desplazadas
por la degradación ambiental prestando especial atención a las causas y complejos retos que este colectivo suponía para la comunidad internacional. Vid. EL-HINNAWI, E., Environmental Refugees, United Nation Environmental Programme, Nairobi, 1985, p. i.
[9] Apartar a una persona del lugar donde vive o de su familia: muchas personas fueron desarraigadas de su ambiente tras la guerra civil.
[10] Salazar G., Pinto J, “Historia contemporánea de Chile II”, Ediciones LOM, 1º edición Abril de 1999, Santiago, p, 149.



[1] Ruiz Rodríguez, Carlos. Los Pueblos Originarios del Norte Verde. Identidad, Diversidad y Resistencia. Santiago, 2004.

sábado, 14 de abril de 2012

Declaración Consejero electo ante irregularidades en la elección CONADI

Declaración Pública

Kamisaraki, marri marri, Iorana, Allillanchu, sensack licao sensack pichao: 

Junto con saludarlos estimados hermanos, les escribo para comunicarles que en estos momentos seguimos batallando por el reconocimiento de mi calidad de primera mayoría en la elección como Consejero Urbano ante CONADI. 
 No había querido comunicarme antes, pues muchas personas siguen acudiendo a nuestro equipo por ayuda. La defensa de los pueblos, por lo pronto no tiene fecha de término.  Ante la gravedad de las vulneraciones de derechos de estos hermanos, hallé en un principio exagerado pronunciarme respecto a esta elección, dirigida por autoridades tan cuestionadas, como es CONADI. Pero ya ha llegado la hora de hablar.
 La verdad, para muchos hermanos fue un gran motivo de alegría el haber triunfado en la elección, pues creo que probadamente, mi postulación abría nuevas esperanzas para que quienes dirigen CONADI fueran realmente fiscalizados, y que ella derivara en un organismo que colaborara de manera efectiva en la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. 
 Así lo demostramos durante el año 2011, y aún antes de eso, a través de distintas gestiones que dieron lugar a un liderazgo que fue reconocido mediante una elección, con todas las dificultades que tuvo el proceso, en vista de la escasez de presupuesto, de funcionarios de CONADI, con urnas de cajas de cartón, sin candado, sin cadenas de custodia, y finalmente, sin órganos electorales independientes e imparciales que juzgaran las reclamaciones que cada candidato pudiera realizar ante las irregularidades que se presentaran. 
 Lamentablemente, este último punto mostró toda su negativa potencialidad, y la reclamación del hermano que obtuvo la segunda mayoría inicial, fue tramitada de manera "express" por CONADI, y la primera mayoría expresada hacia mi candidatura se revirtió. Extrañamente, las tres reclamaciones presentadas por mi equipo fueron respondidas negativamente, y de manera bastante más tardía. 
 Elevados nuevos reclamos al Ministro Lavín, irregularmente respondidos por Matías Abogabir, quien fiel a su estilo, lo hizo de manera absolutamente elusiva, no tuve más chance que presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en virtud de la discriminación arbitraria que se hizo de mi candidatura. Lo hice a través de mis apoderados electorales en Temuco, pues yo no pude viajar, desgastado de recursos como estaba luego de la campaña. El recurso fue revisado por la Corte de Apelaciones, quien de manera arbitraria señaló que como habíamos recibido respuesta de las reclamaciones por parte de CONADI, no había arbitrariedad o ilegalidad alguna, no importando el contenido de la respuesta ni el retardo. 
 Apelé a la Corte Suprema, y en estos momentos la causa se tramita ahí. Me hice parte del proceso, junto al ex candidato Mauricio Llaitul, y en estos momentos el nombramiento de los consejeros se encuentra pendiente. 
 Quiero señalar que este caso se manifiesta como el paradigma del duopolio político Alianza - Concertación. El cogobierno que han mantenido durante los últimos 20 años, y las confianzas que se han alimentado entre ellos durante tanto tiempo, los hacen cómplices de muchos crímenes políticos. Pues este es uno más. 
 La CONADI, antes fundo del PPD y del PS, es hoy territorio de la UDI. El hermano declarado primera mayoría por CONADI, es del Partido Socialista. Siendo yo parte de un partido pequeño, y siendo asesor del Senador Alejandro Navarro, recio opositor a las políticas de asimilación del Gobierno de Sebastián Piñera y primer díscolo ex Concertación, no podría esperarse otra cosa que me negaran las justas reclamaciones que presentó mi equipo ante las irregularidades de la elección. 
 Tampoco podría esperarse otra cosa respecto de mi persona, siendo yo el redactor del requerimiento al Tribunal Constitucional contra el Tratado UPOV -91, lo que tuvo como efecto imposibilitar la apropiación sobre semillas indígenas en favor de la transnacional MONSANTO, VON BAER, PIONEER, SYNGENTA y otras empresas de aquí al futuro (las salvamos nosotros hermanos, los indígenas). Tampoco se las iban a hacer fácil al redactor del proyecto de acuerdo que votó el senado contra las consultas chantas del gobierno y que pedía la derogación del decreto 124, entre tantas otras acciones y gestiones. 
 En suma hermanos, hemos sido víctimas de camarillas políticas de la Alianza y de la Concertación, así como de la odiosidad de funcionarios, como el fiscal de CONADI, Fernando Saenz Taladriz, que no soportan nuestra acción defensora de los pueblos. 
 En estos momentos, por respeto a mi mismo, y en respeto a las personas que me apoyaron, cumplo con ejercer mis derechos legales, y les quiero señalar, estimados hermanos, que seguiremos, sea cual sea el resultado de este juicio, en la defensa de los derechos, de la tierra, del agua, del medio ambiente, de los espíritus de nuestros ancestros, para corregir la actual legislación, para la felicidad y la vida de nuestra gente. 
 Si nos quitan ilegítimamente este espacio, quedará en sus conciencias, en la baja gestión esperable, en el ocultamiento de antiguas ilegalidades, en la tradicional insatisfacción de los derechos de una gran cantidad de pueblos y comunidades, en la preocupación exclusiva por sus clientelas políticas, en el abandono de gran cantidad de hermanos, y en la mantención de un sistema que ha agredido y vulnerado nuestros derechos. 

NO NOS RENDIREMOS, SEGUIREMOS INCANSABLEMENTE, PERSEVERAREMOS EN NUESTRA LUCHA.

JALLALLA JALLALLA, MARRICHIWEW, AMUA, ALABALTI ALABALTI.

ARIEL LEÓN BACIAN

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN JACH'A MARKA ARU



EN LO PRINCIPAL:    APELA.


ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO
                     
Patricia Escobar Apablaza, rut 9.550.297-0 Y Marco Antonio Oñate Bastías, rut 10.162.048-7; chilenos, por la parte recurrente de protección en la causa rol 138 de 2012, caratulada ESCOBAR APABLAZA PATRICIA Y OTROS CONTRA DIRECTOR NACIONAL, CORPORACION NACIONAL DESARROLLO INDIGENA (CONADI), a US. Iltma. respetuosamente decimos:

Que venimos en interponer recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia emitida por esta Ilma. Corte, por agraviar a esta parte de manera sustancial, por los argumentos que siguen:


Que la sentencia de la Ilma. Corte de Temuco, dispone:

“CONSIDERANDO:
            PRIMERO: Que los recurrentes refieren como arbitraria e ilegal la conducta de Conadi, consistente en no dar respuesta a las reclamaciones efectuadas por los señores León y Llaitul, en el proceso de elección de consejeros indígenas ante Conadi, respecto de las mesas señaladas en su recurso, siendo discriminados arbitrariamente por la recurrida ya que ésta última habría dado, en forma positiva y rápida, respuesta a la reclamación del candidato Marcial Colil respecto de la mesa objetada nº 500 de Villarica, vulnerándose  con este actuar la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que acata una solicitud y discrimina sin razón alguna otra, da rápida respuesta a una parte y guarda silencio sobre las otras favoreciendo a un candidato en desmedro de otro.
            SEGUNDO:  Que en relación a los hechos denunciados en el considerando anterior, consta  del mérito de los antecedentes, en especial de la documentación acompañada por la recurrida, que lo afirmado por los reclamantes en su recurso no es efectivo, ya que de los documentos referidos se desprende que las reclamaciones aludidas en el recurso y que fueran efectuadas al proceso de propuesta de nombramiento de consejeros indígenas fueron contestadas, tanto la de los recurrentes como la del candidato Colíl en la misma oportunidad, con fecha 9 de febrero, dentro del plazo establecido en la resolución exenta n° 1511 del Director Nacional de Conadi, que aprueba el instructivo para el proceso de proposición de nombres y propuesta para la designación de los representantes indígenas ante el consejo Nacional de la Conadi.
            TERCERO: Que de lo anteriormente razonado no se advierte  en el actuar de la recurrida arbitrariedad o ilegalidad, toda vez que éste se encuadró dentro de la normativa y procedimientos establecidos para  la elecciones de consejeros indígenas ante la Conadi, motivo por el cual forzoso será rechazar el recurso como se dirá.
             Y visto además lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, el deducido en lo principal de fojas 5 por Patricia Escobar Apablaza y Marco Antonio Oñate Bastías, en representación de Ariel León Bacían y Mauricio Llaitul Acum, en contra del Director Nacional de Conadi, don Jorge Retamal y en contra del Fiscal Nacional de Conadi, don Fernando Sáenz Taladriz.
            Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.
            Redacción del Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos.
N°Proteccion-138-2012. (crl)

Que la sentencia no se hace cargo de que el recurso en su mismo acápite, dice ser represivo y preventivo, es decir, pretende reprochar la vulneración del derecho constitucional a la igualdad por la omisión de contestar las reclamaciones electorales interpuestas por los candidatos, como pretende además prevenir una posible respuesta negativa a dichas reclamaciones. Textualmente el recurso reza: “Que venimos en interponer recurso de protección represivo y preventivo en contra del Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Jorge Retamal, y contra el Fiscal Nacional de la misma institución, y Presidente de la Comisión del Proceso de Propuesta de Nombramiento de Consejeros Indígenas, Fernando Sáenz Taladriz, (…)”

Al señalar en la sentencia de primera instancia que los recurrentes presentamos el recurso de protección sólo por la no contestación de las reclamaciones de los candidatos, la Ilma. Corte se equivoca, e incurre en un error que debe enmendarse, pues el mismo recurso establece de manera clara que el objeto del recurso también tiene por objeto la posible respuesta negativa de los recurridos a las reclamaciones de los candidatos en cuyo favor se ha presentado este recurso, y en eso coincide con su  naturaleza preventiva, que la misma Constitución establece cuando señala que el recurso de protección procede ante “amenazas” de vulneración de garantías constitucionales, lo que en este caso ocurrió, toda vez que las reclamaciones fueron denegadas.

En el párrafo final de “Los Hechos”, el recurso señala: “Estamos ante una discriminación arbitraria, pues CONADI favorece en el acto a un candidato, en desmedro de otro. Acata una solicitud, y discrimina sin razón alguna a otra. Da rápida respuesta a una parte y guarda silencio sobre las otras.

De hecho, pedimos a Ud. que el fiscal, no sólo responda, sino que acceda positivamente a nuestra solicitud, toda vez que de ser negativa, estaría, sin razón alguna accediendo a la solicitud del candidato Marcial Colín, y negando la de los afectados. No hay razón para negar la reclamación de Ariel León y Mauricio Llaitul, como se desprende del tenor de las mismas.

A mayor abundamiento, el que el recurso se haya presentado no sólo por la no contestación de las reclamaciones electorales, sino también por la posible respuesta negativa respecto de ellas, queda claro en el párrafo final de “El Derecho”, del recurso de protección, que reza: “La discriminación es arbitraria, pues no hay razón para no haber respondido las otras reclamaciones.
En caso que se responda negativamente, estaríamos igual ante una discriminación arbitraria, pues no habría razón para ACEPTAR UNA RECLAMACIÓN Y NO OTRAS.

Asimismo, en la sección “Omisión arbitraria”, el recurso de protección señala que “La omisión de responder nuestra reclamación es arbitraria, pues no hay razón atendible para haberla demorado. Menos para dar una eventual respuesta negativa, ante la razonabilidad de los reclamos de los candidatos León y Llaitul.” Nuevamente se refleja la dualidad de este recurso de protección, negada en la sentencia de primera instancia.

En el petitorio del recurso, lo que prueba la congruencia del recurso de protección y del argumento que funda la presente apelación, vuelve a insistir en que la respuesta negativa de CONADI también es objeto del recurso de protección: “1.-     Que conteste positivamente las solicitudes de Ariel León y de Mauricio Llaitul, en orden a que se vuelvan a constituir las mesas que ellos señalan y reclaman, se permita votar a las personas a quienes estas estaban destinadas y no pudieron hacerlo.
2.-     Que se proceda a recontar los votos y a dar los resultados finales de la elección de Consejero urbano, sólo una vez que se reconstituyan las mesas señaladas”.

Cualquier otra medida que SSI. estime pertinente.

Por tanto, la sentencia de la Ilma. Corte no ha fallado el recurso de manera integral, pues asume en el fallo transcrito que los hechos que motivan el recurso son  “no dar respuesta a las reclamaciones efectuadas por los señores León y Llaitul, en el proceso de elección de consejeros indígenas ante Conadi, respecto de las mesas señaladas en su recurso”, mientras que el recurso se refiere a esta omisión como contra la eventual respuesta negativa de CONADI. Sobre esta parte del recurso, la sentencia que estamos apelando guarda silencio, y por ende, debe ser enmendada. Es decir, la sentencia debe ser enmendada pues la Ilma. Corte asumió erróneamente que el hecho que motiva el fallo es uno, cuando son dos.

La razón de que señaláramos la arbitrariedad e ilegalidad de una posible respuesta negativa de CONADI a las reclamaciones electorales referidas, y que acompañáramos al recurso, y cuya respuesta acompaña CONADI en su informe, consiste en que las solicitudes contenidas en ellas no son extrañas, irracionales, ni ilegales, sino que se ajustan al estándar de las reclamaciones eleccionarias. Podríamos decir que ellas son de aquellas reclamaciones que constituyen la esencia de toda elección, pues tocan los principios generales de una elección: Debida notificación de los lugares de la elección, constitución de las mesas notificadas, que se permita votar a quienes están en el padrón.

La solicitud del candidato Ariel León Bacián (aymara) se basa en que los votantes de Molina, quienes al ir al lugar de votación lo encontraron cerrado, pues a los funcionarios del establecimiento educacional destinado y comunicado a ellos como lugar de votación, no les fue avisado que ese día había una elección… Ante esto, el funcionario de gobierno dispuesto como ministro de fe de la votación, que no era de CONADI, buscó un lugar de votación alternativo, el cual fue obtenido cuando los votantes ya se habían retirado a sus casas, pensando que la elección había fracasado. 

Pedir que esta mesa se constituya nuevamente, en virtud del fracaso de su instalación oportunamente, y en vista de que la constitución del nuevo lugar de votación fue realizado sin notificar a las personas que ya se habían retirado (no teniendo ellas la obligación de quedarse en el lugar, lejano a sus domicilios, algunos fuera de la ciudad de Molina), no es algo irracional, arbitrario, imposible, ni lesiona los principios de una elección justa. Por el contrario, la negativa de esta solicitud es injusta, y en este caso es discriminatoria.

Asimismo, la solicitud del candidato Mauricio Llaitul (mapuche), sobre las mesas de Miquihue (en relación a personas mapuche que estaban inscritas para votar pero que no las dejaron hacerlo pues sospechosamente no estaban en el padrón) y Calbuco (una mesa que era compromiso de CONADI constituirla, pero que por la tozudez de un funcionario no se constituyó), para que la primera mesa se reabra para dejar votar a los injusta e irregularmente excluidos puedan votar, y para que la segunda mesa se constituya por primera vez para que quienes no votaron puedan hacerlo, tampoco son solicitudes injustas, irracionales, arbitrarias, pues por el contrario, también se sujetan al estándar de cualquier elección justa, y por el contrario, negarlas, constituye un acto irracional, carente de fundamento, y que vulnera el derecho a la no discriminación.

Cabe señalar que CONADI respondió negativamente, por razones absolutamente no atendibles. Señala que las elecciones son actos continuos, que no pueden realizarse elecciones en días distintos. Las resoluciones de CONADI que rigen la elección, se habla de reclamaciones, y no se establece límite alguno a las causales para reclamar las irregularidades en la elección. Imaginamos que el límite es su razonabilidad y la veracidad de los hechos que las fundan.

Pues bien, en elecciones para otras autoridades, el estándar es reabrir mesas, reconstituirlas si no se constituyeron el día de la elección, realizar nuevamente las elecciones de toda una mesa, o permitir que los ilegalmente excluidos voten en día distinto. ¿Por qué aquí, en las elecciones de los representantes indígenas no se puede? ¿Acaso en las elecciones de los representantes mestizos o criollos-chilenos pueden reconstituirse mesas eleccionarias, o constituirse mesas no instaladas el día de la elección, o permitir votar a los ilegalmente excluidos; y en las elecciones indígenas no se puede?. ¿Por qué razón lo que se puede hacer en A no se puede en B?, ¿o es que respecto de los candidatos Llaitul y León no puede hacerse?. El argumento de que la elección es un acto continuo, que debe producirse en un solo día, para negar las reclamaciones, se cae por su propio peso.

Asimismo, negar la elección por razones presupuestarias del servicio, es decir, que CONADI no tiene dinero para responder a las solicitudes negativamente, señalando que los candidatos deben aceptar las desmedradas condiciones de la misma por la carencia de recursos, tampoco es un argumento atendible.

Cabe señalar que los derechos civiles y políticos, derechos humanos de primera generación son derechos negativos, pues el Estado debe abstenerse de restringirlos o vulnerarlos. El derecho a ejercer derechos políticos, como votar y ser elegido, así como el derecho a la no discriminación, son derechos que no dependen jurídicamente de razones presupuestarias. No son derechos económicos, sociales y culturales, que la doctrina hace depender del presupuesto. No. Aquí estamos ante derechos civiles y políticos, que no dependen del presupuesto.

Como señala la misma Ley 19.253, Ley Indígena, en su artículo 42 letra B), el Consejo de la Conadi, presidido por el Director de la CONADI, es quien “propone” el presupuesto del Servicio, y por cierto, es el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Hacienda, y el Presidente quienes presentan el Presupuesto al Congreso Nacional, cuyos parlamentarios no pueden modificar, sino sólo aprobar o rechazar. ¿Y en estas condiciones de nuestra institucionalidad indígena se nos quiere hacer responsables a los indígenas de la ausencia de recursos para tener elecciones decentes, regulares, justas, probas, con las suficientes garantías de que no habrá fraudes o irregularidades? La respuesta de CONADI es discriminatoria, insistimos, pues accede a la reclamación de un candidato, y rechaza sin argumentos atendibles jurídicamente a las de los candidatos en cuyo favor se ha recurrido.

La sentencia de la Ilma. Corte no se pronuncia sobre esto, sobre la negativa respuesta de CONADI, y apelamos para que la Ecxma. Corte Suprema lo haga.

Dejamos constancia que este recurso se presenta dentro de plazo de 5 días hábiles, en tanto la sentencia fue dictada con fecha 15 de marzo de 2012.

  POR TANTO:

Ruego A US. ILTMA., tener por interpuesto el presente recurso, concederlo para ante la Excma. Corte Suprema, remitirlo a ella, para que conociéndolo, proceda a revocar la sentencia de primera instancia, accediendo positivamente al recurso interpuesto en todas sus partes y disponiendo las medidas contenidas en el petitorio del recurso de protección inicial de este proceso, o toda otra que restablezca el imperio del derecho.

Patricia Escobar Apablaza                Marco Antonio Oñate Bastías

Patagonia sin represas

Novedades de la campaña


Cámara de Diputados ratifica irregularidades en aprobación de HidroAysén
13 de Abril del 2012
El Mostrador
A pocos días de que la Corte Suprema fuera fuertemente cuestionada, porque dos de sus ministros no s...
Leer Más
 

Diputados pedirán a la justicia paralizar HidroAysén por irregularidades
13 de Abril del 2012
La Segunda
Por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el inf...
Leer Más
 


Consejo de Defensa de la Patagonia considera proyecto Hidroaysén como innecesario
12 de Abril del 2012
Radio Bio-Bio
Representante del Consejo de Defensa de la Patagonia aseguró que proyecto Hidroaysén es innecesario,...
Leer Más
 


HORVATH (RN) PRESENTA PROYECTO POR INHABILIDADES DE JUECES
12 de Abril del 2012
La Nación
El senador de Renovación Nacional (RN), Antonio Horvath, anunció este miércoles un proyecto de ley q...
Leer Más
 


12 de Abril del 2012
El Mercurio
Varias son las definiciones en las que trabaja el Ministerio de Energía para sacar adelante este sem...
 
¡Luz Roja a HidroAysén!
13 de Abril del 2012
Radio Cooperativa
El reciente fallo de la Corte Suprema respecto de la evaluación ambiental del proyecto HidroAysén, e...
Leer Más
 



12 de Abril del 2012
El Divisadero
Como “el traslado del cacho a otra empresa” calificó el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén...